El futuro del carbón autóctono
La Comisión Europea avala el decreto del carbón y cree «rutinario» el dictamen judicial
Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón firman hoy una declaración en defensa de la minería
05.11.10 - J. C. V. / AGENCIAS | GIJÓN / BRUSELAS, en El Comercio.
La Comisión Europea considera que su autorización al Decreto español de ayudas al carbón autóctono está «bien fundada desde el punto de vista jurídico» y ha calificado de «rutinaria» la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de suspenderla provisionalmente, una paralización que a su juicio durará sólo «varias semanas».
«La Comisión cree que su decisión de finales de septiembre está bien fundada desde el punto de vista jurídico», dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. «El presidente del Tribunal ha decidido que necesita más tiempo para analizar esta petición de medidas provisionales. Todavía no ha habido una decisión sobre las medidas cautelares ni mucho menos sobre el fondo», añadió.
«Durante el tiempo en que el presidente del tribunal decide si las medidas cautelares están o no justificadas, la decisión de la Comisión está suspendida. Es cuestión de algunas semanas», concluyó.
El Ejecutivo comunitario aprobó el pasado 29 de septiembre, tras varios aplazamientos, el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indicaron que el Gobierno español podría mantener la concesión de ayudas a la quema de carbón porque la decisión del tribunal se refiere al dictamen de la Comisión Europea, no al contenido del Real Decreto en sí. «La concesión de ayudas queda bajo responsabilidad de quien las da. Pero si se sigue adelante con las subvenciones y finalmente el Tribunal de Justicia no las autoriza, deberán devolverse».
Apoyo al carbón
Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, por otro lado, firmarán hoy en Valladolid un manifiesto de apoyo a la industria del carbón y al Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno.
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, se reunirá en Valladolid con los consejeros responsables de asuntos de energía de Asturias, Graciano Torre; Aragón, Arturo Aliaga; y Castilla y León, Tomás Villanueva.
A preguntas de los medios en las Cortes regionales, Sánchez Pingarrón mostró su respeto a las decisiones judiciales después de que la Audiencia Nacional haya dictado un auto que establece medidas cautelares de paralización del Decreto, pero ha considerado necesario que la región manifieste públicamente su posición política.
En Asturias, sindicatos y partidos políticos criticaron la decisión del Tribunal de Luxemburgo y cargaron contras Endesa, Gas Natural Unión Fenosa e Iberdrola, a las que acusaron de buscar la liquidación del sector minero. IU pidió al Gobierno «medidas urgentes», CC OO una reunión inmediata con el Ministerio de Industria y el SOMA-FIA-UGT, «contundencia», mientras que desde Galicia, donde las térmicas queman carbón importado, el presidente, Alberto Nuñez Feijóo, se felicitó por la paralización del decreto y pidió al gobierno que reflexione sus decisiones.
Nuñez Feijóo celebra que los tribunales hayan frenado «la injusticia» del Gobierno central
Santiago de Compostela
El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, «celebró» ayer la decisión del Tribunal de Luxemburgo de paralizar la aplicación del real decreto que prima el consumo eléctrico con carbón nacional, un documento que castiga a las térmicas gallegas, preparadas para quemar carbón de exportación. «Lamento que sean finalmente los tribunales los que tenga que frenar las injusticias del Gobierno central», señaló el dirigente del PP en una comparecencia posterior a la reunión del consejo de la Xunta. Además, el dirigente gallego afirmó que confía en que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero «acepte» ahora que hay que «cumplir» las leyes y «reflexione sobre el trato injusto que está dando a unas 3.500 familias gallegas».
En todo caso, Núñez Feijóo se reafirmó en que Galicia no actúa «sin razones jurídicas» cuando interpone un recurso contra una norma que considera « claramente injusta». El responsables del PP insistió en que su Gobierno no actúa «contra nadie», sino que defiende los «intereses» de los ciudadanos de la comunidad. El presidente de la Xunta ha mantenido durante todo el proceso de gestación del real decreto que el Gobierno central ha utilizado la crisis del sector para favorecer los incentivos al carbón «con fines electoralistas»
El SOMA reclama al Gobierno «contundencia» con las eléctricas y que aplique el decreto
Langreo / Mieres, L. M. D., en La Nueva España
El sindicato SOMA-FIA-UGT instó ayer al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero a ser «contundente» con las empresas eléctricas, cuyos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE han paralizado la aplicación del real decreto de ayudas al consumo de carbón nacional. El sindicato pidió al Ejecutivo central, entre otras medidas, que decida «políticamente la aplicación» de la normativa, ya que las compañías eléctricas que lo rechazan llegaron a firmar «las cartas y contratos de suministro y precios», unos contratos que ahora, con la admisión de las medidas cautelarísimas contra el decreto establecidas por el Tribunal de la UE y también por la Audiencia Nacional «no dan por válidos».
El secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, inauguró ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) la exposición «Cien años de historia», uno de los actos organizados por el sindicato para conmemorar su centenario. En la apertura de la muestra Fernández Villa hizo referencia a «un asunto de plena actualidad y vital importancia para España, Asturias, las comarcas mineras y para los trabajadores» como es el auto del Tribunal de Luxemburgo que atiende a las medidas cautelarísimas -la suspensión de la aplicación- contra el real decreto de ayudas al consumo de carbón autóctono. Villa pidió al Gobierno que aplique políticamente el decreto, al contar con las firmas de las eléctricas aceptando sus condiciones, y abogó por mostrar «contundencia» contra las empresas, «que han puesto en marcha un proceso de judicialización contra las políticas del Gobierno español, e incluso contra las decisiones de la Comisión Europea», que sí había dado el visto bueno a la aplicación de las ayudas.
Para Fernández Villa, la actitud de las eléctricas y «de los grupos de presión» debe tener una respuesta «contundente», ya que «no se pueden pedir responsabilidades al sector minero, al que están llevando a una situación insostenible». El sindicalista advirtió que «si la entrada en funcionamiento del real decreto» se alarga «el sector» minero «se vería abocado al cierre». Entre las medidas contundentes que reclama el SOMA-FIA-UGT se encuentra el cobro de las asignaciones por emisión de CO2 a las compañías eléctricas. «Han recibido asignaciones de emisión gratuitas por el consumo de carbón autóctono. Es de suponer que si no lo están consumiendo, tengan que reintegrarlos». De esta forma, pide «condicionar el consumo de mineral nacional con la percepción de derechos de emisión» de gases contaminantes.
Fernández Villa calificó además los argumentos de las eléctricas ante la Audiencia Nacional de «lamentables y despreciativos», y recordó que si bien ahora esgrimen la libre competencia para acabar con las subvenciones al carbón, también deberían haberla aplicado cuando «recibieron 1,2 billones de pesetas por costes de transición a la competencia, o cuando reciben incentivos para desarrollar algunas fuentes de energía denominadas limpias». «Las eléctricas reducen la soberanía de España» con sus recursos, aseveró el sindicalista.
«Cien años de historia». Éste es el título de la exposición itinerante organizada por el SOMA-FIA-UGT que ayer llegó a Oviedo, al Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), y que se ha montado con motivo del centenario del sindicato. En el acto estuvieron, además de José Ángel Fernández Villa, el secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y la presidenta de la Junta del Principado, María Jesús Álvarez.
CC OO pide que Hunosa vuelva a comprar mineral si no se ejecuta ya el incentivo
Madrid, M. Press
El sindicato CC OO exigió ayer al Gobierno que «pare los pies» a las empresas eléctricas y que «no titubee» a la hora de defender el real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional. «El Ministerio de Industria debe de ser tajante, defender su soberanía, su legitimidad democrática para marcar la política energética de este país y el interés general», apuntó el Secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana.
El responsable sindical exigió al ejecutivo que dé «la orden taxativa al regulador», la Comisión Nacional de la Energía (CNE), «de poner en marcha el real decreto», y si ello no es posible por los dictámenes del Tribunal de Luxemburgo y de la Audiencia Nacional, «que adopte las medidas necesarias, como la recuperación del almacén estratégico de carbón por parte de Hunosa, para que el sector pueda sobrevivir mientras se los tribunales levantan las medidas cautelares», porque «el sector puede aguantar ya muy poco, por no decir nada».
Liébana calificó de «inaudita» la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sólo porque la medida se adopta sin escuchar a las partes afectadas, sino porque «en pocas ocasiones la institución ha puesto en cuestión una decisión de la Comisión Europea» y no dudó en vaticinar que la misma puede volver a llevar la «convulsión» a las comarcas mineras.
Álvarez Liébana exigió a Industria que abandone la «ineficiente» política que ha llevado hasta ahora en referencia al real decreto, lo defienda de manera «contundente» porque está «en duda» su capacidad de poner en marcha una norma que ha autorizado la Comisión Europea, ha aprobado el Consejo de Ministros y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El dirigente sindical cargó contra las eléctricas, que tienen recurrido el real decreto ante el Supremo, la Audiencia Nacional y la corte luxemburguesa, «que sólo miran a su ombligo y han puesto en jaque toda la política energética de este país». Por ello exigió al Gobierno que, «les pare los pies», actúe «en consecuencia» con estas empresas y les deje claro que «su poder y sus intereses no pueden estar por encima de los de un Gobierno y del interés general de un país».
Por todo ello, exigió a Industria, que convoque de manera urgente la Comisión de seguimiento del Plan del Carbón y que la presida el «máximo responsable» ministerial, para que proponga medidas «que permitan salvar este escenario».
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