Aprobado ayer en el Consejo de Gobierno el proyecto de Ley

Los juristas censuran que el Principado quiera elegir «a dedo» a letrados y a jefes de servicio

El Gobierno regional, compuesto por IU y PSOE, da luz verde a la reforma de la función pública en el mismo Consejo extraordinario en el que aprueba las cuentas para 2011

Oviedo, J. A. ARDURA/P. GONZÁLEZ, en La Nueva España
La pretensión del Principado de extender la libre designación o elección «a dedo» a los letrados de la Administración regional y a los jefes de servicio de carácter técnico, de los que depende la contratación pública, supone un exceso. Ésta es la valoración de varios juristas acerca de la reforma de la ley de Función Pública, que tiene en marcha el Gobierno regional y que ayer mismo aprobó en el mismo Consejo extraordinario que dio luz verde al proyecto de Presupuestos de 2011, con el respaldo tanto del PSOE como de los consejeros de IU.

Es una reforma que la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, defendió para dotar «de mayor seguridad jurídica a lo que se viene haciendo desde hace 25 años». El texto elaborado por el Ejecutivo regional deberá pasar ahora por el «filtro» del Parlamento asturiano. Varios de los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA tienen serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos que el Ejecutivo regional pretende modificar y están convencidos de que el texto que sale del Consejo de Gobierno deberá ser modificado. La nueva ley también fue aprobada en la Mesa de la Función Pública, en la que tanto UGT como Comisiones Obreras se abstuvieron porque se introdujo alguna petición sindical como admitir la antigüedad como único criterio para los concursos de traslado en puestos base. Los juristas consultados, en cambio, fueron unánimes en la censura al texto planteado por la Consejería de Administraciones Públicas. Javier Junceda, responsable del área de conocimiento de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña, considera que la ley propuesta por el Principado «pone en solfa la independencia del funcionariado».

Junceda considera «chocante» que el anteproyecto del Gobierno «utilice el mismo criterio, la libre designación, tanto para elegir al personal eventual de gabinete, que cesará con el Gobierno que le ha elegido, como para nombrar al personal directivo de la Administración, cuando el estatuto básico del empleado público determina que para éstos últimos debe tenerse en cuenta el mérito y la capacidad. El estatuto básico es la pieza maestra en la legislación de la función pública y no puede ser soslayado». Y deja entrever que el texto deberá ser mejorado en la Junta: «Confío en que los letrados de la Cámara advertirán esa situación».

Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, afirmó que «la libre designación como procedimiento general no es la voluntad de la legislación básica». Además, opinó que «no es afortunado» establecer el sistema de libre designación para la elección de los letrados de la Administración del Principado, tal y como recoge el proyecto de ley propuesto por la Consejería de Ana Rosa Migoya. «En ese puesto, la cuestión de confianza no es lo más adecuado», afirmó. Y planteó dudas sobre la constitucionalidad de «un texto que intente legalizar lo que los tribunales ordinarios han establecido que no es conforme a ley. Es una estrategia muy vista», aseguró. Tolivar también indicó que en otras regiones ya «sorprende la reincidencia en Asturias de decisiones en materia de personal que son cuestionadas por los jueces».

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional, admitió que hay precedentes de leyes que se formulan para evitar la ejecución de sentencias, pero prevalece el derecho a la tutela judicial efectiva».

El Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, que impulsó cuatro de las sentencias que reprocharon el uso abusivo de la designación a dedo, también se mostró ayer muy crítico con la reforma legal que pretende el Gobierno. «Si la ley sale adelante en los términos que se conocen sobre la libre designación, vulnera el estatuto básico del empleado público. La ley autonómica puede desarrollar una norma estatal, pero no incumplirla», precisó Javier Villa, letrado del Principado. Xurde Blanco, secretario de la asociación Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu, afirmó que «la normativa que se propone ahora supone una huida del Estado de derecho. Volvemos a la administración de los cesantes de finales del siglo XIX».

Libre designación

Más de seiscientos sin contar los de sanidad

La Administración regional del Principado tiene 637 puestos de libre designación, que se reparten de la siguiente forma: 556 puestos de libre designación están ocupados por personal funcionario y 81 puestos entre el personal laboral. En esta estadística no figuran los puestos de libre designación de la sanidad asturiana.

El Gobierno regional afirma que la reforma permite reducir 150 puestos de confianza

Ana Rosa Migoya asegura que el nuevo texto dará «cobertura legal» a lo que ha sido un comportamiento «de todos» los ejecutivos del Principado

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

La portavoz del Gobierno regional y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, defendió la reforma de la ley de Función Pública elaborada por su departamento y aseguró que será incluso «más restrictiva» ya que supondrá la reducción de 150 puestos de libre designación, según revelaron los responsables de Función Pública a los sindicatos mayoritarios en la Mesa General celebrada ayer. Migoya afirmó que la nueva ley dará cobertura legal a lo que ha sido el comportamiento habitual «de todos los gobiernos» de la región desde 1985 para nombrar a «jefes de servicio, coordinadores, conductores y secretarios de despacho de altos cargos por el procedimiento de libre designación».

El nuevo texto legal fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y Migoya avanzó que el objetivo del Ejecutivo es que «esta ley se tramite por la vía de urgencia», una pretensión que el sindicato Usipa calificó ayer de «muy llamativa ya que han tenido toda la legislatura para sacarla adelante y la cuelan de rondón con los presupuestos, con la complicidad de sus socios de IU, que ya les hicieron el juego con los recortes salariales a los funcionarios».

La reforma, según la portavoz del Ejecutivo, «no es una novedad sino que se regulan los sistemas de provisión que ya vienen funcionando en esta comunidad desde el año 1985 y lo que se trata con esta norma es ser más preciso, más concreto desde el punto de vista jurídico y dotar de esa estabilidad y seguridad jurídica la adaptación al Estatuto Básico del Empleado Público». Ana Rosa Migoya explicó al detalle por qué esta reforma, criticada por los sindicatos y puesta en tela de juicio por los juristas, permitirá reducir en 150 el número de puestos de libres designación en el Principado. «Se reducen porque en el colectivo de coordinadores y asesores sólo serán, según la nueva norma, de libre designación los que dependan directamente de altos cargos del Gobierno. Es decir, que se va a reducir en un 86% el número de coordinadores y asesores que son de libre designación respecto a los que hoy están en esa situación», detalló la portavoz del Gobierno asturiano.

Los sindicatos mayoritarios, presentes en la Mesa General de la Función Pública, decidieron abstenerse porque se admitió alguna de las reclamaciones que venían planteando en los últimos tiempos. No obstante, tanto Soledad García (UGT) como José Antonio Fernández Morán (CC OO) reiteraron sus críticas al texto sobre la libre designación. «Tiene trampa porque en uno de los apartados se justifica la libre designación para cualquier empleo que considere de especial confianza. Eso abre la puerta al Gobierno para nombrar a dedo todos los funcionarios que desee mediante una simple modificación de la relación de puestos de trabajo», indicó el representante de Comisiones Obreras.

Ana Rosa Migoya garantizó ayer que Asturias no es una excepción en esta cuestión en el conjunto de España. «La inmensa mayoría de autonomías ha regulado este aspecto con los mismos criterios que hoy estamos aplicando aquí. Y lo han hecho mediante leyes o decretos-leyes». La portavoz del Gobierno precisó que la Comunidad de Valencia «además de establecer la libre designación en todos los colectivos que regula la norma del Principado, hay algunos casos en los que incluso van más allá».

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, manifestó que el Gobierno del Principado respetará las sentencias firmes sobre la provisión de puestos de libre designación pero matizó que «a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, todos los procedimientos que se desarrollen desde esa fecha serán conforme a la norma vigente».