Cifras y más cifras, todas ellas bastante confusas, y ninguna fecha

La selección de 1.537 nuevos funcionarios del Principado costará un millón de euros
Migoya afirma que la consolidación de las 2.639 plazas de las ofertas de empleo de 2008 y 2009 ahorrará cinco millones de euros al año
01.12.10 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado quiere ponerse al día con la oferta pública de empleo aplazada desde los procesos correspondientes a 2008 y 2009. El próximo año, la Administración regional pretende convocar las 1.537 plazas pendientes y que ahora mismo están cubiertas por personal interino. Así, cumple con el compromiso adquirido hace justo un mes en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA) con los agentes sociales. Para este fin ha incorporado en el presupuesto regional una partida específica de un millón de euros que será destinada en exclusiva a sufragar los gastos que requiere llevar a cabo la selección del personal funcionario.
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, reveló este dato durante la presentación de las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio. Unas cuentas que, por otra parte, ven disminuido en 300.000 euros el capítulo destinado a recursos humanos para quedarse en 13,1 millones para 2011. Migoya explicó que el deseo del Ejecutivo pasa por culminar los procesos selectivos pendientes de 2008 y 2009, que contemplaban la «amplísima», según ella, convocatoria pública de 5.061 plazas de empleo para trabajar en la Administración regional.
Hasta el momento, confirmó la consejera, 3.022 personas ya tienen adjudicadas su plazas, mientras que para otras 1.102 vacantes ya está formalizada la convocatoria de las correspondientes oposiciones. A estos hay que sumar los 1.537 empleos, cubiertos actualmente por personal interino, y cuya convocatoria no ha sido aún fijada.
El Gobierno regional estima que la conversión en fijas de las 2.639 plazas pendientes supondrá un ahorro anual para las arcas autonómicas cercano a los cinco millones de euros. En el caso de computar todas las ofertadas en 2006, 2008 y 2009, la reducción del gasto al finalizar el proceso se elevaría a unos ocho millones de euros.
El ahorro con la conversión en plazas de funcionario de las ocupadas hasta ahora por personal interino se produce, según el Gobierno, en las aportaciones a las cotizaciones al desempleo y la Seguridad Social. Ana Rosa Migoya destacó que la convocatoria no sólo está dirigida a las personas que en la actualidad ocupan las plazas de forma interina.
Para agilizar al máximo estos procesos de empleo público, el Principado ha fijado una partida de un millón de euros. Una cifra estimativa, ya que se desconoce la cuantía exacta que tendrá el coste de esta selección de personal. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la cuantía responde a la dificultad que entraña la contratación de personal muy específica para formar parte de los tribunales examinadores que requieren determinadas convocatorias. Es el caso, por ejemplo, de las plazas que saldrán a oposición para trabajar en el nuevo Hospital Central de Asturias.
El hecho de que nunca en la historia del Principado se produjera una convocatoria de empleo público tan importante es otro de los motivos, argumentan desde la Consejería de Administraciones Públicas, por el que se ha elevado tanto la cantidad dirigida a sufragar un proceso de selección que, como es habitual, se articulará desde la institución Adolfo Posada. El Instituto Asturiano de Administración Pública tendrá un presupuesto propio de siete millones para el próximo año, para desarrollar, a su vez, otras convocatorias de empleo público en la región.
Rechazo de la Fade
La decisión del Principado de convertir en 2011 en personal fijo a 2.639 funcionarios y dar cumplimiento así al ACEBA no gustó en la patronal. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) rechazó una iniciativa de estas características en plena crisis económica. Su presidente, Severino García Vigón, nunca ha ocultado el deseo de la organización que preside de que se «adelgace» todo lo posible lo relacionado con el gasto corriente. En su opinión, la oferta pública de empleo no puede ser un fin en sí mismo, sino que hay que adaptar las convocatorias a las circunstancias.
La otra cara de la moneda son los sindicatos, que han expresado su contrariedad ante las «escasas» plazas que saca a oposición la Administración regional.