Rifirrafe en la Junta a cuenta de la Ley de Función Pública

La Nueva España. EFE.

La consejera de Administración Públicas, Ana Rosa Migoya y el diputado del PP, Ramón García Cañal protagonizan un cruce de acusaciones sobre el sistema de nombramientos

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha criticado hoy al PP por rechazar la reforma de la Ley de Función Pública, que cambiará el sistema de nombramientos de cargos intermedios en el Principado, a pesar de que en su etapa de gobierno utilizó criterios similares a los que ahora se plantean.

Migoya ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia para informar de la nueva normativa legal ante una comisión parlamentaria a la que también han acudido representantes de doce organizaciones sindicales que, con la excepción de UGT, han mostrado su rechazo al texto aprobado por el Gobierno.

La modificación legal autoriza el sistema de libre designación en el nombramiento de los jefes de servicio y en los puestos adscritos a cargos nombrado por decreto de Ejecutivo y fue aprobada en la Mesa General de la Función Pública de la administración autonómica sin que se pronunciaran en contra los sindicatos mayoritarios representados en este órgano (UGT,CCOO y CEMSATSE).

Según el diputado del PP Ramón García Cañal, que ha anunciado que su grupo presentará una enmienda de totalidad al proyecto de ley, el texto, lejos de dar "seguridad jurídica" al sistema de nombramientos, "lo hará más arbitrario e injusto" y se ha elaborado para "legalizar"a la utilización del sistema de libre designación tras varias sentencias desfavorables de los tribunales.

Cañal ha recordado que un juzgado ha llegado a apercibir de desobediencia a la titular de Administraciones Públicas por no cumplir una sentencia y mantener unas prácticas que suponen perpetuar "la ocupación de puestos de la administracion por afines o dóciles aparcando la profesionalidad".

"Usted está en el deshonroso equipo de políticos que han sido apercibidos por sus incupmlimientos de la ley como Juan Hormaechea o Julián Muñoz", ha advertido a la consejera el parlamentario popular.

En su réplica, Migoya ha recordado que en la etapa de Gobierno del PP, del que formaba parte García Cañal, se autorizaron 276 nombramientos para cargos intermedios por el procedimiento de libre designación a pesar de que gestionaban una administración "de juguete" con sólo 9.000 empleados frente a los 36.000 actuales.

La consejera ha subrayado que actualmente hay 635 funcionarios nombrados por libre designación, el 2,9 por ciento de la plantilla total frente al 5,8 por ciento de la etapa del PP, y que esta cifra se reducirá a 485 cuando se aprueba la nueva normativa.

Esta modificación legal tiene, entre otros objetivos, abordar con garantías el total despliegue de la carrera profesional del personal de la administración autonómica iniciado con la puesta en marcha del Modelo de Seguimiento de la Actividad Profesional.

A comienzos del pasado mes de noviembre la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) elevó a 299 la cifra de nombramientos para estos puestos que deberían anularse al haberse realizado por este método en lugar de haberlo hecho mediante el concurso de méritos.

En dicha sentencia, el TSJA ratificaba las tres resoluciones anteriores dictadas tras los recursos presentados por el Conceyu por Otra Función Pública n’ Asturies, que fueron estimados parcialmente.

La diputada de IU Diana Camafeita ha lamentado que haya sido imposible el consenso con los sindicatos para elaborar una nueva Ley de Función Pública y tener que recurrir a un cambio puntual que pretende evitar que la "amigüedad" de la normativa vigente conduzca como hasta ahora a la judicialización del sistema de nombramientos.

En este sentido, la parlamentaria socialista Servanda García ha lamentado que algunos sindicatos se hayan "especializado" en judicializar sus relaciones con el Gobierno y, tras acusar al PP de intentar desprestigiar lo público, ha indicado que la administracion "necesita cambiar y eso obliga a pisar algunos callos".

Por su parte, el diputado del Bloque por Asturies, Roberto Colunga, ha asegurado que el cambio en la ley pretende "saltarse las sentencias" y ha anunciado también una enmieda de totalidad, a lo que Migoya ha respondido recordándole que hasta hace pocos meses esta formación formaba parte del Gobierno y sus responsales usaban coches oficiales "con conductores nombrados por el sistema de libre designación". EFE