Por lo menos hay quienes mantienen la coherencia

Reforma de la Función Pública

El letrado de la Junta cuestiona la libre designación que pretende el Principado

PSOE e IU, dispuestos a «mejorar» en la ponencia parlamentaria el texto de Administraciones Públicas, criticado por el PP, el Bloque y los sindicatos

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El letrado de la Junta plantea reparos y cuestiona la libre designación que pretende el Gobierno regional en la reforma de la ley de función pública, que se discute en la Junta General. Casi al mismo tiempo que los diputados socialistas y los de IU evitaban con sus votos que el proyecto de esta reforma volviera al Consejo de Gobierno para su reelaboración, trascendía el informe de los servicios jurídicos del Parlamento asturiano en el que se plantean objeciones a la libre designación defendida por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, pero criticada por todos los sindicatos que comparecieron ante la Junta General la pasada semana. Ahora la ley deberá afrontar la ponencia parlamentaria, donde podrá ser objeto de cambios.

El informe preceptivo sobre la reforma de esa ley, elaborado por Ignacio Arias, determina que el Principado no tiene capacidad para establecer en esta nueva ley los puestos de trabajo susceptibles de cubrir mediante el procedimiento de la libre designación, denominado «dedazo» o «designación digital» por algunas formaciones sindicales de la función pública.

La Consejería de Administraciones Públicas pretendía aplicar la libre designación a puestos que considera de especial responsabilidad y confianza, tales como las jefaturas de servicio, coordinadores o asesores y los letrados del Principado que tengan a su cargo funciones de asesoramiento jurídico o representación y defensa ante los tribunales de justicia, además de las secretarías de despacho y los conductores de los miembros del Gobierno y altos cargos. Varios expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA semanas atrás consideraban excesiva esta pretensión del Gobierno regional.

Ignacio Arias, letrado de la Junta que ha analizado el proyecto de ley presentado por Migoya, sostiene ahora que el texto va «en contra de lo que permite el Estatuto Básico del Empleado Público». Según su opinión, «las leyes de desarrollo», como la que ahora plantea el Principado, «no pueden determinar cuáles son los puestos» que se pueden proveer mediante la libre designación, «sino solamente los criterios para que las relaciones de puestos de trabajo puedan incluirlos». De esa manera, argumenta Arias, «los Juzgados y tribunales pueden contratar "ad casum" (para un caso concreto) si los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo para proveer por el sistema de libre designación se acomodan a los criterios establecidos previamente en la ley, evitando el blindaje que supondría incluir las denominaciones de puestos en sede de ley».

Arias determina en su informe que el proyecto de ley del Principado «no contiene criterios» que regulen la libre designación. «Respecto a los jefes de servicio, porque se limita a transcribir las tareas que con carácter natural les corresponde, pero sin referirlas a una especial responsabilidad y confianza, y sobre los letrados del servicio jurídico, porque la nota de confidencialidad afecta a todos los funcionarios públicos y, en concreto, los del Principado de Asturias están sujetos a la exigencia de sigilo profesional». El letrado de la Junta remata el análisis puesto a puesto de forma categórica, dejando bien claro que «las funciones de asesoramiento o coordinación para nada se mueven en el ámbito de lo que debe ser la libre designación».

La conclusión del informe de los servicios jurídicos del Parlamento es que «en realidad el proyecto» de Administraciones Públicas «no desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público», y precisa que «en ningún caso» pueden incluirse categorías genéricas de puestos de trabajo en la libre designación. Es decir, ni todas las jefaturas de servicio, ni todos los puestos de letrado, secretaría de despacho, conductor de altos cargos o de coordinador pueden proveerse mediante libre designación de forma general, «sino que habría de motivarse puesto a puesto, ya que concurren los supuestos de especial responsabilidad y confianza».

A la vista de ese informe, que tiene carácter preceptivo, los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PSOE e IU, son conscientes de que deberán introducir cambios en la ponencia parlamentaria, que se constituye hoy. La diputada de IU Diana Camafeita ya había avanzado que la reforma de la función pública debía ser mejorada en el Parlamento antes de su aprobación definitiva, un mensaje que también trasladó ayer la diputada socialista Servanda García en el Pleno de la Junta que tumbó las enmiendas a la totalidad planteadas por el PP y el Bloque por Asturies. «Esperamos que la ley se pueda mejorar a la luz de la ponencia y cambiar aquello que se crea necesario», planteó la ex consejera de Medio Rural, no sin antes reprochar a PP y al Bloque que están «enredando» para hacer creer que en la Administración «se ocupan puestos por afines, dóciles o familiares tratando de confundir a la opinión pública».

A esas alturas, la consejera Ana Rosa Migoya ya había planteado que la reforma que pretende el Gobierno regional reducirá las plazas de libre designación del porcentaje actual del 2,9 por ciento al 2 por ciento de la plantilla. La Consejera argumentó que la ley pretende dotar de seguridad jurídica a los procesos de provisión de puestos que han sido objeto de judicialización en los últimos tiempos. Este argumento fue rebatido por el portavoz del PP, Ramón García Cañal: «Esta reforma carece de legitimidad, quieren eludir reiteradas sentencias que han advertido de que el Principado incumple principios del Estatuto Básico del Empleado Público», sostuvo el diputado popular, quien responsabilizó al departamento de Migoya de «cercenar los principios de mérito y capacidad a lo largo de toda la carrera profesional del funcionario».

Roberto Colunga, del Bloque, coincidió con el PP en que el proyecto de ley es «inconstitucional» y que persigue «legalizar por la vía rápida el sistema "dedocrático" anulado por cuatro sentencias consecutivas».