La nueva ayuda a los parados beneficiará a 80.000 personas

La vicepresidenta Elena Salgado asegura que la reforma de las pensiones permitirá ahorrar 3,5 puntos de PIB en 2050

El Comercio. 11.02.11 - ANDER CARAZO | MADRID.

Foto: El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, junto a la vicepresidenta económica, Elena Salgado. :: EFE

El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto que regula la nueva ayuda de 400 euros para parados sin cobertura, que estará obligatoriamente ligada a la formación durante seis meses. Este nuevo subsidio tendrá un coste anual de 400 millones de euros y beneficiará a cerca de 80.000 desempleados al mes, según fuentes del Ministerio de Trabajo.

El lunes, 14 de febrero, concluye el periodo de funcionamiento del actual Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), los 426 euros que hasta ahora percibían los parados sin ingresos. La nueva ayuda será una paga de acompañamiento a la formación equivalente al 75% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), marcador que sirve como referencia para la obtención de numerosos beneficios sociales y que actualmente está fijado en los 532,51 euros. Según anunció hace dos semanas el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, los parados podrán acceder a ese servicio durante un periodo máximo de seis meses, tras aceptar someterse a «un itinerario individual y personal de inserción».

Como ya ocurrió con el PRODI -un subsidio que solo se podía cobrar durante seis meses- la nueva ayuda no podrá ser percibida por quienes ya se han visto favorecidos por planes anteriores.

El borrador, que no se ultimó hasta ayer, también regula el calificado por el Gobierno como «plan de choque de empleo». En el texto se han incluido garantías en los contratos temporales para luchar contra la precariedad del empleo juvenil, un requisito exigido por las organizaciones sindicales durante la negociación del acuerdo social y económico.

Este programa busca «la transición hacia la contratación estable». Está dirigido, de forma especial, a los menores de 30 años y los desempleados de larga duración, y conlleva una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante el primer año de vigencia del contrato. La jornada de estos nuevos empleados a tiempo parcial debe oscilar entre el 50% y el 75% de la habitual.

Según explicaron fuentes de Trabajo, las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener el nivel de empleo. De no cumplir esta exigencia tendrán que devolver la parte que se han deducido.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendieron ayer ante la comisión del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones firmada con los agentes sociales. Salgado destacó que la modificación del sistema de la Seguridad Social permitirá un ahorro de 3,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050.

Eso supondrá que este índice se reducirá del 15,7 pronosticado por la Unión Europea para mediados de siglo a un 12,2. «Si nos retrasamos, lo que es una ventaja hoy se convertirá en un inconveniente mañana», expuso Elena Salgado.

Necesidad

La vicepresidenta reiteró la necesidad de esta reforma. De no adoptarse, denunció, el sistema de pensiones hubiese incurrido en déficit en menos de diez años. Los portavoces en la comisión le reprocharon esas predicciones, ya que «en cada comparecencia son diferentes a la anterior» e incluso la Fundación Ideas -el instituto de pensamiento político del PSOE- auguró la semana pasada que esto sucederá en 2014.

Pacto de Toledo

Valeriano Gómez subrayó que la reforma mantiene la esencia de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El ministro recalcó que así se da confianza y se tranquiliza a la sociedad española, mientras «fortalece el corazón del estado de bienestar».

«Se va a hacer la reforma que quiere el Gobierno y solo nos piden que nos unamos a él, sin realizar ninguna modificación», censuró el portavoz del Partido Popular, Tomás Burgos.

Las minorías de izquierda del Congreso de los Diputados también fueron muy críticas con el acuerdo económico y social, ya que se guía por el dictado de los mercados financieros.

El representante del PNV, Emilio Olabarría, tildó de «solemnes» las comparecencias de Salgado y Gómez, pero censuró que adolecieran de falta de «contenido útil» y con poco debate posible. «Se están haciendo las cosas razonablemente bien, pero está claro que el Ejecutivo hubiese podido gobernar mucho mejor si no hubiese postergado estas decisiones», manifestó el parlamentario de CiU Carles Campuzano.