Acreedores de Venturo demandan a todos los socios por malversar fondos públicos

Los denunciantes afirman que los dueños hinchaban las facturas del material para la cartográfica, que adquirían en otras de sus empresas

Foto: Trabajadores de Alas Aluminium, ayer, en el polígono de Silvota, donde protestaron ante la sede de Fadasa. manuel noval moro

La Nueva España. Langreo, L. M. D.

Dos empresas acreedoras de Venturo XXI presentan hoy demandas penales contra los administradores y todos los miembros del consejo de administración de la compañía cartográfica. Les atribuyen un presunto delito de malversación de fondos públicos. Las demandas se interpondrán contra los socios privados de Venturo XXI, Manuel y José Antonio Coronado, y contra los representantes del 49% del capital público en la empresa que pertenecían al consejo de administración, el ya ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, y al representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, dependiente de Hunosa), Manuel Fernández.

 

Las compañías presentarán sus denuncias por separado para, de esta forma, tener más opciones de encausar a los gestores y promotores de Venturo XXI. Fuentes de estas empresas señalaron que en la demanda se recoge que la cartográfica adquiría, a precios desproporcionados, materiales a otra empresa propiedad de los hermanos Coronado, Aticsa. Como ejemplo pusieron la compra de materiales informáticos y topográficos por los que Venturo XXI pagó facturas de 400.000 euros cuando el valor de estos equipos «no llegaba a la mitad». Los denunciantes consideran que los promotores de la cartográfica impulsaban estas operaciones para beneficiar a otras empresas de su propiedad: Aticsa o RTK Topografía. En las demandas se incluye a todos los miembros del consejo de administración al considerar que los representantes públicos, con su falta de control en la gestión, dieron el visto bueno a estas operaciones, «lesivas» tanto para Venturo XXI como para las empresas con las que trabajaba.

 

Las demandas que se presentan hoy no son las primeras que tienen como objetivo aclarar lo ocurrido en la cartográfica. La SRP y Hunosa también han llevado al juzgado a José Antonio y Manuel Coronado. La Administración regional y la empresa minera reclaman, por la vía mercantil, 3,27 millones de euros a los empresarios. También han presentado querellas por vía penal por un presunto delito de alzamiento de bienes. La cantidad que se reclama corresponde a la recompra de las acciones públicas de la empresa (1,2 millones) y los 2 millones del crédito «blando» de Sodeco. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo dio el visto bueno a la liquidación de Venturo XXI hace tres semanas. Con el fin del concurso de acreedores se abrió un plazo para la presentación de demandas civiles, mercantiles o penales contra los administradores o promotores de la empresa. La desaparición de la cartográfica, uno de los principales emblemas de la reconversión económica en el valle del Nalón, ha supuesto la desaparición de 73 puestos de trabajo.