Vías judiciales para aclarar la responsabilidad mercantil y penal ¿pero qué pasa con la responsabilidad política y la de las cercenadas esperanzas de toda una cuenca con su futuro a través del empleo?

El fracaso de un emblema de la reactivación económica
Venturo XXI, todos contra todos

Los promotores se enfrentan a demandas del Principado, de Hunosa y de los acreedores privados, que también acusan a los socios públicos de malversación de caudales

Langreo, L. M. D., en La Nueva España
Venturo XXI se encuentra en fase de liquidación, pero su polémica gestión aún debe ser analizada en los juzgados. Dos compañías acreedoras, la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Hunosa han interpuesto demandas que tienen como objetivo clarificar lo ocurrido en el seno de la empresa, promovida por los empresarios extremeños José Antonio y Manuel Coronado.

El primer paso lo dieron el Principado y la empresa pública, que han abierto dos vías judiciales contra los empresarios extremeños: una mercantil, a través de la cual se reclama la devolución de 3.272.000 euros de dinero público invertido en la empresa, y la segunda penal, acusando a los hermanos de un presunto delito de alzamiento de bienes. En el caso de la reclamación mercantil, la SRP y Hunosa van directamente contra el patrimonio de los hermanos Coronado, propietarios de toda una red de empresas del sector de la topografía y la cartografía, algunas de las cuales han fracasado estrepitosamente pese a las ayudas recibidas, como Venturo XXI, y Huso 29 en Extremadura.

En la vía penal, tanto la administración regional como Hunosa considera a los promotores de la cartográfica de La Güeria presuntos autores de un delito de alzamiento de bienes. En esta figura penal se acusa a los empresarios de transferir todos o parte de sus bienes a otras personas o entidades jurídicas para aparentar una insolvencia patrimonial, con el objetivo de no responder ante sus acreedores y de esta forma, no pagar sus deudas. Este delito conlleva una pena de entre uno y cuatro años de cárcel, además de una multa a cuantificar de entre 12 y 24 meses de duración.

El caso de las denuncias interpuestas por los acreedores de firmas privadas es más complicado, ya que sus querellas van contra los cuatro miembros del consejo de administración de Venturo XXI: los hermanos Coronado, el ya ex presidente de la SRP, Víctor González Marroquín; y el representante de Hunosa en la empresa, Manuel Fernández. Las empresas acusan al consejo de administración de un presunto delito de malversación de caudales públicos. En el caso de los representantes de las administraciones públicas (SRP y la empresa estatal Hunosa), el delito sería malversación de caudales por omisión, al dar por sentado que se permitió a los empresarios apropiarse de las ayudas públicas recibidas por la cartográfica sin usar este dinero «de la forma debida». Las penas varían entre uno y tres años de cárcel. Las empresas acreedoras también acusan de posible alzamiento de bienes de los promotores de Venturo XXI, a los que acusan de haber hecho grandes inversiones en Argentina.

La cantidad económica que reclaman la SRP y Hunosa, 3,27 millones, corresponde a la recompra de las acciones públicas de la empresa (1,2 millones de euros) y los 2 millones del crédito «blando» que Sodeco otorgó a la compañía. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo dio el visto bueno a la liquidación de la empresa hace tres semanas. Para hacerlo, los administradores concursales de Venturo XXI han elaborado un plan de liquidación que incluye la subasta de todo el patrimonio de la empresa cartográfica, que incluyen 5.500 metros cuadrados de terreno, un inmueble de más de 3.000 metros cuadrados de superficie y equipos y programas informáticos.

La puja no tiene un precio mínimo inicial, pero hay que tener en cuenta que sobre los bienes inmuebles de Venturo XXI pesan cargas (hipotecas, deudas) por valor de 2 millones de euros: 660.000, 600.000 0 y 130.000 euros en hipotecas con el Banco Popular Español, 320.000 euros de la urbanización de la zona y el resto, en deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El declive de Venturo XXI ha dejado sin empleo, y sin esperanza de recuperarlo -Industria ha confirmado la ausencia de empresas interesadas en instalarse en La Güeria- a los 73 empleados que tenía la cartográfica.

El PP exige al PSOE que salve del «expolio» las instalaciones del antiguo pozo

El PP de San Martín del Rey Aurelio exigió ayer «al PSOE regional y local» que «intente recuperar el patrimonio público que está a punto de expoliarse en Venturo». La reacción de los populares llega después de que el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo determinara que sacará a subasta pública, en un único lote, los terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario y equipos informáticos de Venturo XXI para pagar a los acreedores.

Venturo XXI adquirió el edificio por 360.000 euros más IVA a la empresa Hunosa, que previamente había acondicionado el inmueble. Posteriormente, como compensación por este desembolso, el Ayuntamiento de San Martín compró patrimonio a la hullera. «Tanto el edificio como los terrenos son unos activos esenciales para que el polígono de Venturo funcione de manera adecuada. Es lamentable es que una empresa pública dirigida por el PSOE, Hunosa; el Principado y el ayuntamiento socialista de San Martín sean cómplices de unos irresponsables que lo único que han hecho ha sido estafar las ilusiones de un montón de trabajadores para marcharse con los bolsillos llenos», aseguró Fernando Carrio, portavoz del PP y candidato a la Alcaldía.

Carrio responsabilizó a Hunosa porque «regaló a unos particulares un edificio y unos terrenos por un valor muy inferior, 360.000 euros, al de su coste real y al de su rehabilitación, se estima que asciende a no menos de 1.600.000 euros». También culpó al Principado por «ocultar la crítica situación de la empresa y seguir dándole ayudas» y al Ayuntamiento por ser «copartícipes de este singular choriceo».