Por Pedro Luis Angosto...

En defensa de los funcionarios

nuevatribuna.es
Cuando el Gobierno decidió bajar el sueldo a los funcionarios debido a la gravedad de la crisis, muchas personas mostraron alegría, esa alegría cruel que guardan en sus adentros para exponerla al soleo quienes se regocijan del mal ajeno creyendo que con ello consiguen el beneficio propio: Mal de muchos, consuelo de tontos, que se decía antes.
El odio de un sector de la población hacia los funcionarios es tan real como falsas son las hipótesis sobre las que se funda, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país la existencia del funcionario público como tal apenas tiene unas décadas. En primer lugar, existe un componente casi atávico en el origen de esa desavenencia, durante siglos la Iglesia, los reyes y los nobles, enviaron a sus caballeros armados a cobrar impuestos y saquear las propiedades de los campesinos, sobre todo si estos no eran hidalgos ni tenían ningún señor protector al que rendía pleitesía dándole una parte de sus mermados ingresos. Es posible que todavía en la mente de muchos se compare a aquellos sangrientos carniceros a la orden del poder de entonces con los funcionarios de hoy en día, normalmente personas preparadas que cumplen con su función según estipulan las leyes democráticas y que, en caso de no hacerlo, pueden ser sancionados gravísimamente de oficio o a instancias de parte. Pero aquello pasó hace mucho tiempo, y aunque la literatura y el cine nos lo recuerdan una y otra vez –véase Robin Hood en sus múltiples versiones-, existen “motivaciones” históricas más recientes.
Durante la Restauración, el funcionario público lo era del partido del turno en el poder, ocupaba el puesto cuando ganaba el Partido Conservador y lo dejaba cuando ganaba el Liberal. Eran los llamados cesantes, cuyas filas se nutrían de los arrimados a los caciques de cada territorio. No fue hasta la II República cuando el Estado decidió que los funcionarios debían tener un puesto fijo para posibilitar el justo y eficaz desempeño de sus funciones y evitar las corruptelas y disfunciones que la precariedad laboral promovían. Manuel Azaña llegó a decir que era absolutamente necesario que los funcionarios tuviesen un trabajo estable independientemente del partido que ganase las elecciones, propugnando además que fuesen los mejores quienes ocupasen ese puesto incentivando la concurrencia a las oposiciones mediante el ofrecimiento de esa estabilidad y de un salario digno. Con el franquismo, el funcionario regresó a la Edad Media, miles de funcionarios del Estado republicano fueron ejecutados, exiliados o depurados, cubriendo sus vacantes en Ayuntamientos, Diputaciones y Ministerios mediante designaciones a dedo de entre quienes habían mostrado su adhesión inquebrantable a los principios generales del movimiento, que consistían en no moverse, joder al ciudadano y adular al jefe de Falange. Durante décadas, el funcionario fue un ser oscuro, grisáceo y engreído que creía estar por encima de sus congéneres por el hecho de ocupar un puesto detrás de una ventanilla y codearse con los mandamases de la dictadura. Poco le importaba que su sueldo miserable no le permitiese llegar a mitad de mes, su lealtad al régimen podía ser recompensada en cualquier momento con unas horas de contabilidad en casa del cacique de turno o con una jornada incontrolada que le permitiese dedicarse a otras cosas más lucrativas en horario de trabajo.
El tiempo pasó y con él muchas cosas. La muerte del tirano Franco coincidió con la primera gran crisis del petróleo. Ni había trabajo en España ni tampoco lugar dónde emigrar. Fue un tiempo duro, más si cabe que este que nos toca ahora. Miles de personas se dedicaron durante los años ochenta a preparar oposiciones para puestos que en muchos casos estaban muy por debajo de los estudios cursados con anterioridad. Poco a poco, las reformas legislativas, el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mayor preparación de los candidatos a funcionarios, transformaron el panorama, apareciendo por primera vez en décadas el funcionario como servidor público, es decir una persona que recibe un salario no muy grande, que tiene una cualificación superior a la requerida para el puesto y que utiliza sus conocimientos para poder satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos.
Eso, me dirán, es una descripción idílica que no se parece demasiado a la realidad. Sin embargo, sería bueno que comparásemos a los funcionarios que hoy nos atienden, sin ventanillas, con muchos menos medios de los que necesitan para el buen desempeño de su función, con un sueldo normalmente bajo, con los que había hace tres décadas. Indudablemente la situación ha ido a mejor y lo seguirá haciendo si se logran cortar esos atajos que son los empleos a dedo que siguen existiendo en las Administraciones locales y autonómicas, empleos que están lastrados muchas veces por la obligada obediencia al “empleador; si les damos las herramientas que precisan y si usamos los mecanismos de que disponemos para dejar fuera de juego al funcionario inepto, pero, sobre todo, si somos conscientes de que nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra seguridad nunca estarán en mejores manos que en las de un funcionario democrático bien preparado, educado y pagado. Y es ahí donde encaja el actual desprestigio de los funcionarios y la nueva leyenda que se cierne sobre ellos: Los funcionarios son parte del Estado y para los neoconservadores el Estado sobra, por tanto sobran los funcionarios porque el Estado es ineficiente y los funcionarios también.
Precisamente ahora, cuando tenemos los mejores funcionarios de nuestra historia, los neoconservadores responsabilizan al Estado y a sus empleados de una crisis en la que nada tienen que ver y sí mucho que sufrir. El ciudadano que crea en la democracia no puede consentir el asalto de los que quieren sustituir a un policía democrático por un guardia de seguridad a las órdenes de un gran empresario del sector; no pueden permitir que se elimine al médico o al maestro público para poner en su lugar a un médico o un maestro sometido a los planes lucrativos de las empresas, porque las empresas sólo buscan el interés privado a costa de lo que sea, incluso de los servicios públicos. Al gestor privado no le importa el servicio que presta, sino la cuenta de resultados. Sustituir funcionarios por empleados de empresas gestoras de servicios no es más que un retorno a fórmulas medievales que más temprano que tarde pagaremos con un deterioro exponencial de los servicios que los hará absolutamente prescindibles e inviables. Hay una ecuación muy fácil de entender: En los servicios públicos externalizados, es decir privatizados, hay que sumar al coste normal de los servicios públicos, el beneficio del concesionario o gestor privado, que muchas veces alcanza un tercio del total. Ese beneficio del particular, no depara mejora ninguna para el ciudadano, sino que a la larga supone un empeoramiento del servicio y su inevitable encarecimiento, como ocurre actualmente en muchas ciudades dónde la privatización de los servicios de recogida de basuras está poniendo en serios apuros a las Administraciones locales y a la salud pública.
Por otra parte, muchas de las medidas tomadas dentro de la Administración Pública para mejorar las condiciones de vida de los funcionarios, como la reducción de la jornada laboral, la semana de treinta y siete horas y media, el aumento de vacaciones vía días de asuntos propios, no son más que el diseño de unas políticas sociales de progreso que debieran ser imitadas por el sector privado y que con ese objetivo se hicieron. Empero, hoy, cuando muchos creíamos que las políticas neoconservadoras habían pasado a la historia después de la tremenda crisis-estafa en la que nos han metido, la debilidad de la respuesta ciudadana está permitiendo que sean los defensores de los modelos económicos más ultramontanos –que fueron quienes nos metieron en este agujero- quienes impongan las nuevas relaciones laborales basadas en la disminución de salarios, el alargamiento de la jornada laboral y de la edad de jubilación, la pérdida de derechos sociales y el sometimiento del poder democrático y la Ley –simbolizados ambos en la figura del funcionario público- al interés particular.