Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública...

La sanidad en Cataluña: Recortar o racionalizar

Las propuestas de recortes en la Sanidad Pública catalana abren muchos interrogantes sobre los que merece la pena reflexionar.

El primero es si realmente existe una situación económica tan desesperada como la que pinta el señor Ruiz. Desde luego se compadece poco con que a la vez se proponga eliminar un impuesto, el de sucesiones, disminuir el IRPF para las rentas más altas y desgravar los seguros privados, porque aparte de que estas medidas favorecen a los que más tienen y menos necesitan, y que la ultima supone pedir a la mayoría de la población que subvencione unos seguros para unos pocos, lo que se plantea es disminuir los ingresos de las administraciones públicas, e independientemente de que bajar impuestos sea o no de derechas, de lo que no cabe duda es que es incompatible con el mantenimiento de unos buenos servicios públicos.

Conviene también recordar que como la financiación autonómica no es finalista son las CCAA las que deciden el gasto sanitario y que los “déficits sanitarios” ocultan con frecuencia decisiones políticas de gasto en otros campos que resultan políticamente menos defendibles.

El segundo, es si la política de recortes generalizados e indiscriminados tiene algún sentido. Obviamente no porque deteriora el sistema sanitario público sin más criterio que el racionamiento y no prioriza los problemas y las medidas a adoptar. Tal y como se han hecho públicos los planes de la Generalitat solo sirven para desmantelar la Sanidad Pública catalana y de paso favorecer al sector privado de aseguramiento por la vía del deterioro de lo público.

El tercero es si existen otros mecanismos para mejorar la eficiencia del sistema sanitario sin dañar su funcionamiento. Y es evidente que si, al menos en dos aspectos, el gasto farmacéutico y la sobreutilización tecnológica (se estima que en torno a un 30% de la utilización tecnológica no está justificada). El primer aspecto es el de más fácil intervención y el que tiene resultados a más corto plazo, así CCAA como Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucía han realizado programas en este mismo año con buenos resultados de ahorro sin alterar la eficacia ni la calidad de la prescripción; otro ejemplo es la reciente comprar conjunta de vacunas de 7 CCAA (por cierto entre las que no figura Cataluña) que les ha permitido un ahorro de unos 100 millones de €, y otro el control del gasto farmacéutico hospitalario en el que Cataluña está especialmente retrasada. Pero ya se sabe que estas decisiones no están en la agenda, seguramente por la conocida afinidad económica e ideológica entre la industria farmacéutica y CiU.

El control de la utilización racional de la tecnología es más complicado y de efectos a medio/largo plazo, porque supone buenos mecanismos de evaluación y el compromiso de los profesionales, pero es un aspecto muy importante para asegurar el buen funcionamiento y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El cuarto es porque parece apostarse por un modelo cada vez más privatizado cuando se sabe que los sistemas sanitarios cuanto más privatizados están mayor es su coste y que precisamente algunos de los problemas económicos de Cataluña tienen su origen precisamente en su carácter altamente privatizado. Por lo tanto uno de los horizontes de salida de la crisis debería estar precisamente en potenciar el sistema sanitario público y en optimizar su utilización.

La Sanidad catalana vive un momento crítico en el que se debe de optar entre el racionamiento, injusto e ineficaz para atender los problemas de salud de la población, y la racionalización de sus actuaciones para mejorar su eficiencia manteniendo la calidad y la cobertura a la población. La ciudadanía y los profesionales parecen haberlo entendido.