El 90% de las empresas que se acogen a la ley Concursal termina por cerrar

El economista asturiano Ricardo San Marcos urge a cambiar la normativa, ante «el lapidario» balance de su aplicación

Casi 250 negocios y familias de la región se declararon en suspensión de pagos desde que comenzó la crisis

Foto:Ricardo San Marcos, con la guía que acaba de publicar. miki lópez

La Nueva España: Oviedo, José Luis SALINAS

Los expertos reclaman una reforma de la ley Concursal para poner freno a la alta «mortalidad empresarial» que tienen las compañías que se someten a este proceso, ideado en un principio para todo lo contrario. El economista asturiano Ricardo San Marcos, que ha coordinado la elaboración de una guía sobre el concurso de acreedores por encargo de la Fundación Laboral de la Construcción, destaca la sentencia que dictan estadísticas: más del 90% de las empresas concursadas acaban en liquidación. «Los datos son lapidarios», dice el también delegado en la región del Registro de Economistas Forensese (Refor). No obstante, los especialistas matizan que la mayoría de los empresarios que optan por acudir al concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) lo suele hacer cuando los negocios están ya en situación crítica, con escasas posibilidades de supervivencia.

 

El Gobierno ha tomado nota ya de las opiniones de los expertos y ha anunciado una profunda revisión de la normativa. Ricardo San Marcos señala que la intención del Ejecutivo, en principio, era que la reforma estuviera lista durante el próximo verano, aunque parece que finalmente los plazos se van a dilatar. «No se sí al final llegará a aprobarse», destaca el economista, también director del departamento de reestructuración e insolvencias de Vaciero. Ricardo San Marcos sostiene que uno de los principales puntos que deberá tratar la revisión es acabar con el «estigma» que acompaña a las compañías que se acogen al concurso de acreedores. «Su relación con clientes y proveedores cambia y les resulta más difícil lograr financiación», explica.

 

Los concursos de acreedores han crecido a un fuerte ritmo al calor de la crisis económica, especialmente desde que se desencadenaron las dificultades para el sector de la construcción. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que durante el primer trimestre de este año 22 compañías asturianas se acogieron a la ley concursal por las dificultades para hacer frente a sus pagos. Son dos empresas más que las registradas a la misma altura de 2010. La mayoría de estas firmas (19) tomó esta decisión de forma voluntaria, ante la falta de liquidez, mientras que otras tres lo hicieron después de que sus acreedores solicitaran ante el Juzgado el concurso forzoso.

 

La ley en vigor, que data de 2004, abrió la puerta a que las personas particulares o familias pudieran suspender pagos y, en su caso, encomendarse a un administrador concursal para hacer frente a sus deudas y reflotar su situación económica. Durante el primer trimestre de 2011, fueron seis las personas físicas sin actividad empresarial que suspendieron pagos en el Principado, las mismas que habían optado por esta opción en los tres primeros meses de 2010 para mejorar su situación económica.

 

«Con el estallido de la crisis la ley Concursal se convirtió en un gran campo de pruebas por el elevado volumen de empresas que decidieron acogerse a ella para hacer frente a sus problemas», destaca Ricardo San Marcos. Según explica el economista asturiano, las empresas que entran en concurso de acreedores tienen mayores dificultades para establecer relaciones con sus compañías acreedoras. Estas últimas, apunta San Marcos, «se muestran más desconfiados».

 

«Para las empresas concursadas también es un problema vender, porque sus clientes ya no lo miran de la misma forma», añade el autor de la guía sobre los concursos en el sector de la construcción. Aunque lo peor es el cambio de la relación que se produce entre la firma concursada y las entidades financieras. Ricardo San Marcos explica que desde que la empresa entra en suspensión de pagos suele ver cortada de raíz la concesión de créditos, precisamente en un momento en el que ya en situaciones normales es difícil conseguir financiación.

 

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado mes de marzo el inicio de los trámites para la reforma de la legislación concursal a través de un proyecto de ley. Uno de los propósitos del Ejecutivo es reforzar los llamados procesos «preconcursales», para tratar de favorecer los acuerdos de refinanciación previa de las empresas y conseguir su viabilidad sin llegar a la suspensión de pagos. La nueva ley favorecerá los acuerdos previos de refinanciación en favor de la viabilidad de las empresas, ya que trata de conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal.

 

Por otro lado, se introduce por primera vez la regulación del llamado «dinero fresco» que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades. La nueva norma establece que el 50% de ese dinero nuevo tendrá la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.

 

Detrás de la escasa esperanza de vida que tienen las compañías que entran en concurso de acreedores está también, señala el economista asturiano, la falta de planificación por parte de los empresarios a la hora de prepararse para un proceso de estas características. «No debe tomarse sólo como un procedimiento solamente judicial, sino que ha de comenzar a preparase al menos con un mes de antelación», destaca. Según Ricardo San Marcos, durante ese período deben perfilarse las estrategias necesarias sobre cómo y hacia dónde debe de ir el futuro de la compañía.

 

Desde que comenzó la crisis, el Gobierno ha introducido varias modificaciones a la ley Concursal, desbordada por el elevado número de empresas que se acogieron a ella. Según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre mediados del 2008, cuando arrancaron los problemas, y el primer trimestre de este año han sido 15.703 las compañías españolas y familias que se han declarado en suspensión de pagos. En Asturias, durante el mismo período de tiempo fueron 247 las compañías y hogares que terminaron en concurso de acreedores ante sus severas dificultades económicas.