La polémica del modelo de entidad y la posición sindical

Cajastur, dilema entre caja y fundación
Control político, destino del dividendo y pérdida de la condición financiera diferencian los dos modelos de entidad

Oviedo, Javier CUARTAS, en La Nueva España
La propuesta de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), el partido de Francisco Álvarez-Cascos, para transformar Cajastur en una fundación, poniendo fin a su condición jurídica de caja de ahorros, es un caso único en España. No se conoce ninguna propuesta análoga en el resto del país y, de hecho, ninguna de las 45 cajas de ahorros españolas ha optado hasta ahora por esa vía. Quien lo hizo, caso de la desaparecida Caja de Castilla-La Mancha (CCM), hoy convertida en Fundación CCM, fue a regañadientes y por imposición del Banco de España. Una vez que la antigua caja CCM perdió el control de su negocio financiero (adjudicado a un banco filial de Cajastur), el Banco de España retiró la licencia bancaria y la condición de caja a la entidad manchega.

De acuerdo con este criterio, la ley de Cajas (LORCA) introdujo en julio la obligatoriedad de que las cajas dejen de ser tales (es decir, dejen de ser entidades financieras y se conviertan en fundaciones) siempre que no sean capaces, de forma individual o en sociedad con otras cajas, de conservar el dominio sobre al menos el 51% de aquellos bancos a los que transfieran sus activos y negocios financieros.

Por esta razón, todas las fusiones de cajas en marcha que precisan recapitalizarse para cumplir con la exigente norma de solvencia impuesta por el Gobierno están tratando denodadamente de garantizar unos precios para las acciones de los bancos a los que están transfirieron su operativa financiera que les permitan captar esos volúmenes de capital pero sin necesidad de vender más del 49% de sus filiales bancarias. Porque si las cajas ya no controlasen el 51% de los grupos bancarios en los que participen, el Banco de España ya no las reconocería como entidades financieras y, por lo tanto, como cajas de ahorros.

La pérdida voluntaria o forzosa de la condición de caja de ahorros para convertirse en fundación es irreversible. Una caja siempre tiene la posibilidad de transformarse en una fundación pero ese camino no tiene retorno: ya no podrá volver a ser nunca más una entidad financiera. Las fundaciones pueden participar como accionistas en negocios -y por tanto también en bancos, caso de la Fundación Barrié de la Maza y de la Fundación March, entre otras-, pero no pueden ser instituciones de crédito. Cajastur, de transformarse en fundación, dejaría de ser una entidad financiera porque perdería la licencia bancaria.

Los defensores de la continuidad de la caja como tal alegan que el mantenimiento de la licencia bancaria es un atributo al que no se debe renunciar: porque deja expedita la posibilidad de recuperar la gestión financiera directa si así fuese conveniente en el futuro y porque, aun cuando se ceda el 100% de la operativa al banco que lidera la fusión, la caja puede seguir haciendo operaciones por sí misma.

Los partidarios de conservar un sector público financiero ven en las fundaciones la posibilidad de ejercer un control desde la política sobre una parte del sector. Así, Álvarez-Cascos aduce en su propuesta que la fundación garantizaría «que la propiedad de los títulos representativos del nuevo Effibank» (el banco que promueve Cajastur con Caja Cantabria y Caja Extremadura) «permanezca en manos públicas».

Pero la tendencia va en sentido opuesto. El intento de desvincular las entidades financieras de la política arrancó con el primer Gobierno de Aznar, del que Cascos fue vicepresidente primero. Fue ese Consejo de Ministros el que privatizó el 19 de octubre de 1999 la gran banca estatal española (Argentaria). En poder del Estado sólo quedó el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El argumento fue la conveniencia económica, la mayor eficiencia de la gestión privada y desvincular al Estado de la operativa empresarial.

La ley de cajas del año pasado (LORCA), pactada por los grandes partidos, dio una vuelta de rosca más porque impone un proceso exigente a las cajas para que reduzcan el peso de representantes públicos en sus órganos a un máximo del 40% (Cajastur está hoy en el 50%) y para que erradiquen la presencia de políticos en activo. Este requisito se impone a las cajas, pero la norma se puede eludir transformando las cajas en fundaciones.

La propuesta ha encontrado dos reacciones: la negativa de quienes ven en las fundaciones un intento de volver a la injerencia gubernamental y política en las cajas y la positiva de quienes juzgan que las cúpulas de las cajas han actuado en ocasiones sin suficientes controles y que deben dar cuenta a los representantes de la ciudadanía y no sólo a sus consejos y asambleas, que muchas veces les son, se dice, afines.

Este mismo debate se traslada a las obras sociales y culturales de las cajas. En las cajas el beneficio que no va a reservas se destina a obras sociales y culturales que deciden los propios órganos de las cajas. De pasar a ser fundaciones, el uso de esos recursos lo determinaría el patronato fundacional, que tendrá una presencia pública relevante a juzgar por las manifestaciones realizadas: los patronos los decidiría la Junta General del Principado, aunque se brinda la posibilidad de que estén representados todos los estamentos que hoy forman parte de la asamblea de Cajastur: empleados, municipios e impositores, amén de entidades fundadoras. Pero hay quien ha alertado de que en el documento de Cascos se sostiene que «con los dividendos» las fundaciones que se creen «ejercerán la obra social o lo que dicten los órganos de la nueva fundación». Esto se ha interpretado como un intento de decidir desde el poder político el destino de los beneficios generados por la institución financiera.

Las cajas están supeditadas a la disciplina y supervisión del Banco de España y bajo la tutela de las consejerías de Economía. Asturias es una de las pocas autonomías sin ley propia de fundaciones. Las fundaciones asturianas dependen por lo común de Cultura. Pero estas entidades piden un protectorado único y depender del área de Justicia.

Los sindicatos de la caja asturiana votarán en su mayoría contra la fusión el día 29
CC OO, CSICA y el grupo de Arias Barrientos mantienen su rechazo a la «bancarización» de Cajastur, mientras UGT y CGT-Madrid apoyarán la operación

Oviedo, J. C.
Los sindicatos asturianos de Cajastur con representación en la asamblea de la entidad financiera, con la única excepción de UGT, votarán el próximo día 29 en contra de la segregación de activos de la caja y su traspaso al banco Effibank, constituido conjuntamente por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria como entidad central de la fusión virtual de estas tres instituciones de ahorro. Junto con la sección de UGT es previsible que voten sí los representantes del sindicato CGT en la red de oficinas y centros de trabajo que Cajastur tiene fuera de Asturias, y sobremanera en Madrid.

Los sindicatos controlan 28 de los 298 votos de la asamblea y hasta ahora han votado siempre en contra de los distintos proyectos de fusión. Lo hicieron en la asamblea de septiembre de 2010 contra la fusión de estas tres cajas y de la alicantina CAM y de nuevo en la del 30 de marzo que rechazó finalmente la operación. Yvolvieron a hacerlo el 4 de mayo en contra de la fusión de Cajastur, Extremadura y Cantabria. También votaron en contra de estas fusiones en todas las reuniones del consejo de administración de Cajastur en las que se sometió esta cuestión a decisión.

La única novedad es que UGT se va a inclinar ahora por el sí. El resto de los sindicatos se mantendrá en el no. Es el caso de CC OO y del grupo que lidera el ex ugetista Miguel Ángel Arias Barrientos. CSICA previsiblemente también se opondrá, aunque tiene pendiente un debate interno en su comisión ejecutiva.

Estos tres colectivos de empleados que rechazarán el traspaso del negocio financiero de Cajastur a Effibank aseguraron que su posición es ajena al debate suscitado por Foro Asturias Ciudadanos (FAC) y por su líder, Álvarez-Cascos. CC OO, Arias y CSICA adujeron que su posición será coherente con la línea que vienen manteniendo desde que se abrió el proceso de fusiones y que se fundamenta en el rechazo a la «bancarización» de las cajas (el traspaso de su negocio a sociedades anónimas) y la posible privatización de éstas, con la venta de acciones de los nuevos bancos al capital privado.

El secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, anunció el voto negativo de este sindicato a la fusión porque no acepta «el traslado de los activos financieros de Cajastur a un banco». Pino criticó a Cascos por querer convertir Cajastur en una fundación aduciendo que quiere evitar su «expolio» cuando lo que pretende, dijo, «es el control para, nunca mejor dicho, hacer caja».

El secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, sostuvo que la propuesta de Cascos es «una ocurrencia que cercenaría la capacidad de inversión de la caja y del proyecto que está en marcha». UGT, dijo, está a favor de la fusión.

José Manuel González Rey (CSICA) sostuvo que lo previsible es que este sindicato vuelva a votar no, como hizo siempre. Lo mismo dijo Arias Barrientos. Ambos sostuvieron que su posición es muy anterior y ajena a las opiniones vertidas por Álvarez-Cascos.