Por Antonio Antón, Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

15M: Un movimiento social democratizador, pacífico y sociopolítico

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El movimiento 15-M representa una significativa respuesta colectiva a dos de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad: las consecuencias sociales de la crisis económica con la precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, y el distanciamiento del sistema político e institucional de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. La persistencia, profundidad e interrelación, de esos dos elementos ha generado una profunda indignación popular que se ha transformado en acción colectiva. La crítica se dirige contra los responsables de la crisis económica y de empleo y los gestores de una política liberal-conservadora que no ofrecen una salida justa a esta situación, ponen el acento en el recorte de los derechos sociales y laborales y se subordinan al dictado de los grandes poderes económicos y financieros.
Esta acción colectiva está incrustada en la indignación ante la grave situación actual y la exigencia de responsabilidades a los poderosos, rechaza los discursos legitimadores dominantes y se rebela contra el fatalismo y la impotencia. Refleja la amplitud y profundidad de una conciencia popular crítica contra esa dinámica y refuerza la esperanza de cambio. Sus objetivos apuntan a cambios profundos en esos dos ámbitos entrelazados: una gestión social y progresista de la crisis socioeconómica y mayor democracia. Esta fase de movilizaciones ya ha tenido unos resultados positivos y ha alcanzado unos objetivos básicos. De su consolidación y desarrollo dependerá la dimensión de sus efectos de fondo y a largo plazo. Veamos algunas de sus características.
Primero, es una movilización de carácter social y progresista que defiende los intereses de capas desfavorecidas y con mayores incertidumbres laborales, la gente precaria y parada, y plantea unas propuestas sociales y económicas basadas en el refuerzo del acceso a un empleo decente, los derechos sociales y laborales y una mejor distribución de la riqueza. La masividad y la persistencia del paro y la precariedad laboral, particularmente juvenil, la presión y autoritarismo empresarial y la falta de credibilidad de las políticas públicas para superarlos configuran un punto central de su indignación y del apoyo social recibido.
Segundo, es un movimiento democratizador, en un doble sentido. Por un lado, denuncia ese déficit democrático de la gestión dominante de la política socioeconómica que, salvo matices, comparten las instituciones políticas españolas y europeas. Así, exige al sistema político una mayor vinculación a los deseos y opiniones de la sociedad, la no subordinación de la política a los mercados financieros y el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, señala las insuficiencias democráticas del sistema de representación electoral y los privilegios y corruptelas de parte de la clase política, reclama una regeneración democrática con mayor adecuación representativa, honestidad de los políticos y transparencia de las instituciones y promueve la participación activa de la ciudadanía.
En tercer lugar, es un movimiento pacífico, profundamente democrático y solidario y de composición fundamentalmente juvenil. La mayoría de jóvenes, incluido los ilustrados y con mayor nivel educativo, sufren un bloqueo cuando no un retroceso en sus expectativas laborales y profesionales y, por tanto, en sus proyectos de vida. Se ha producido una acumulación de tres dinámicas: frustración social; representación de opiniones y aspiraciones de amplios sectores populares alternativas a las del poder establecido, y voluntad de cambio con mecanismos adecuados para facilitar su expresión democrática. Sus adversarios –los poderosos- son muy fuertes institucionalmente y la forma de enfrentamiento debía evitar –o disminuir- la tergiversación mediática y el aislamiento popular y reflejar la fortaleza propia: la difusión de sus mensajes para conseguir unos apoyos masivos, una gran legitimidad democrática. Era esencial evitar la violencia o la represión del movimiento, reafirmar sus mecanismos pacíficos y democráticos y consolidar la simpatía de la mayoría social, frente a la ilegitimidad de muchas medidas adoptadas por el sistema político –Gobierno, Parlamento y UE- que es su principal debilidad. Su instrumento, tras la gran manifestación del 15-M, han sido las acampadas como demostración de firmeza y compromiso de miles de activistas, foco de participación, debate, decisión y comunicación de la ciudadanía más activa (varias decenas de miles) y, además, canal de simpatía y solidaridad de gran parte de la sociedad (según encuestas de opinión más del 70% de la población están de acuerdo con algunas de sus medidas y aprueban sus actividades, porcentaje que aumenta entre la gente joven y los votantes de izquierda).
En cuarto lugar, este movimiento tiene un carácter transversal y sociopolítico, sin ser partidario. Se ha constituido y puede ampliar su función como plataforma ciudadana sociopolítica. Su inserción en ciudades, pueblos y barrios favorece esa articulación desde abajo y descentralizada y su conexión con el resto del tejido asociativo. Supone un cuestionamiento de la clase política dominante y sus principales políticas regresivas y expresa la exigencia de un importante cambio social: la orientación liberal de las políticas económico-sociales y las deficiencias de legitimidad del sistema político. Por tanto, tiene una dimensión política, estimula y encauza la participación ciudadana en asuntos públicos fundamentales; pero no tiene una definición partidaria ni electoral concreta ni está subordinada a ello. No es una movilización sectorial o una suma de demandas particulares. Expresa una aspiración de reforma profunda de la dinámica socioeconómica y laboral y de fortalecimiento democrático con mayor papel de la ciudadanía en la configuración del sistema político, sus instituciones y sus políticas. En ese sentido, se puede asociar a las posiciones más progresistas de la izquierda social y otros grupos sociales frente a las políticas de ajuste y austeridad, por un aparato productivo y económico más avanzado, sostenible y justo, así como la defensa de un modelo social y un Estado de bienestar más democrático e igualitario.