El fracaso de uno de los emblemas de la reconversión

El consejo de administración de Venturo XXI será juzgado por su mala gestión

El juicio se celebrará el 15 de septiembre y en él se dilucidará si sus decisiones llevaron la firma a la quiebra y si hubo alzamiento de bienes

Lne.es » Cuencas El Entrego, L. M. D.

El cruce de acusaciones judiciales resultante del proceso de disolución de Venturo XXI tendrá su primer episodio el próximo 15 de septiembre, en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo. Acreedores de la empresa cartográfica informaron de que han sido admitidas a trámite sus denuncias, con el apoyo de la fiscalía, donde acusan a los cuatro miembros del consejo de administración de Venturo XXI -sus promotores privados, los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado; Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), y Manuel Fernández, de Sadim- de llevar a la ruina a la empresa con su gestión y de un presunto delito de alzamiento de bienes.

 

Dos empresas acreedoras de la cartográfica que se instaló en el valle de La Güeria denunciaron judicialmente la mala gestión de la firma, responsabilizando directamente a su consejo de administración del declive en el que la firma entró en los años 2009 y 2010 -a principios de este año entró en concurso de acreedores-. Como diligencias previas al caso se encargaron informes a los administradores concursales y a la fiscalía. El primero concluyó que no había indicios de delitos penales. El informe de la fiscalía fue bien distinto, porque el ministerio público calificó el concurso de acreedores «como culpable», es decir, que observaba indicios de irregularidades en las actuaciones de los administradores. De esta forma respaldaba la tesis de los acreedores y su denuncia por alzamiento de bienes. Según la Ley Concursal, el concurso de acreedores sólo puede ser considerado «culpable» cuando «en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo (intencionalidad) o culpa grave del deudor, si los tuviere, de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores».

 

Finalmente, y tras cotejar los informes, el Juzgado ha decidido llevar la gestión de Venturo XXI a juicio con la intención de aclarar el porqué de algunas decisiones durante su gestión, y si existió o no alzamiento de bienes por parte de los empresarios extremeños, tal y como denuncian los acreedores.

 

Venturo XXI se instaló en el valle de La Güeria en el año 2005, de mano de los hermanos Coronado, que mantenían una relación «amistosa» con el por entonces director gerente del Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) y presidente de la SRP, Víctor González Marroquín. Con una ayuda inicial de 1.6 millones de fondos mineros, de la que al final sólo recibió 1,2 millones, la cartográfica también tuvo ayudas para la formación de sus trabajadores. Además, obtuvo un «crédito blando» de Sodeco valorado en 2 millones de euros. La empresa cartográfica llegó a tener más de 100 empleados, aunque cuando se inició el concurso de acreedores hace más de un año únicamente contaba con 73 trabajadores. Según los acreedores, cuando los auditores de la empresa pidieron un aumento de capital para garantizar su supervivencia, lo que se hizo fue reducirlo hasta en dos ocasiones. También hay dudosas operaciones inmobiliarias, como la compra por 380.000 euros del edificio de su sede, arreglado con fondos públicos y tasado en 1,5 millones.