El juzgado de lo mercantil puede abrir la puerta de las responsabilidades penales de los miembros del consejo de administración de la empresa

La gestión de Venturo XXI llega al Juzgado

La vista del 15 de septiembre decidirá si el concurso de acreedores fue «culpable», lo que abriría la puerta a acciones penales

El Entrego, L. M. D., en La Nueva España

La batalla judicial por Venturo XXI se va clarificando. El próximo 15 de septiembre, a partir de las diez de la mañana, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo deberá decidir si el concurso de acreedores de la empresa cartográfica es «culpable», lo que querría decir que el consejo de administración de la firma llevó de forma deliberada a la quiebra a la compañía. El consejo de administración de Venturo XXI estaba compuesto por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado, propietarios del 51% del capital; Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), que tiene el 21% del capital, y Manuel Fernández, representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), que depende de Hunosa y que posee el 21 por ciento de la firma.

En caso de que se declare «culpable», se dejará la puerta abierta a las acciones judiciales por vía penal que han planteado empresas acreedoras de Venturo XXI contra los responsables de la compañía cartográfica. Estos acreedores consideran que, en la gestión de Venturo, pudo producirse alzamiento de bienes. En la vista se aportarán tres tipos de pruebas: documentales, basadas principalmente en los documentos aportados por la propia Venturo XXI y el informe de la administración concursal; periciales, que desarrollará el economista José Mantava Llorens, y testificales, en las que se citará al perito Joaquín Fanjul García. Los representantes legales de Venturo XXI presentaron una súplica al juzgado pidiendo que esta vista no se celebrase, al entender que «dadas las alegaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y los acreedores personados, una cuestión de mera discrepancia jurídica».

Tras las denuncias realizadas por los acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, desde la sala se encargaron, como diligencias previas a esta vista, informes sobre el concurso de acreedores tanto a los que fueron sus administradores concursales como a la Fiscalía. Los administradores consideraron en sus conclusiones que en la gestión de Venturo XXI «no se observa alzamiento alguno de bienes» ni «salida real o fraudulenta de patrimonio», y apuntaron que los gestores de la cartográfica no fueron los culpables directos de la quiebra de la firma. Las conclusiones del Ministerio Público fueron bien distintas. La Fiscalía se limitó a calificar el concurso de acreedores como «culpable», por lo que observaba indicios de irregularidades en las actuaciones del consejo de administración.

Venturo XXI se instaló en el valle de La Güeria en 2005. Recibió 1,2 millones de euros de los fondos mineros, además de ayudas a la formación de empleados y un crédito «blando» de Sodeco -que controla el 7% del capital- de 2 millones. Dejó a 73 trabajadores en la calle, y en su gestión hay puntos oscuros como la compra del edificio que era su sede, que se arregló con dinero público.