Racionalización y/o privatización del sector público regional no es lo mismo

La red de la administración paralela del Principado
El sector público regional cuenta con más de 70 directivos que cobran hasta 120.000 euros

El conglomerado de empresas y entes que Cascos prometió «podar» mueve unos 450 millones al año y arrastra una deuda de 275
Los sindicatos afirman que la política de personal de las sociedades, que tienen unos 2.000 empleos, está marcada por el amiguismo.

Oviedo, J. A. O. / J. A. A. / J. E. M., en La Nueva España

¿Cuántas entidades y empresas conforman el sector público asturiano? ¿Qué volumen de negocio tienen y qué deudas? ¿De qué plantilla disponen? ¿Cuánto cobran sus directivos? Cuando los responsables de la Administración regional dan largas para evitar responder a estas preguntas y finalmente no aciertan a determinar las cifras, cuando los órganos fiscalizadores (Tribunal y Sindicatura de Cuentas) destacan las dificultades que encuentran para hacerse con esa información, y partidos políticos y sindicatos aseguran desconocer a ciencia cierta esas respuestas puede decirse que se está ante un sector dotado de poca transparencia.

Salvando estas prudenciales distancias, el sector público asturiano, que hereda el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos de los doce años de gobiernos de izquierdas dirigidos por Vicente Álvarez Areces, está integrado por más de sesenta organismo y entidades: casi setenta, 69 exactamente, según la información de la que dispone Conceyu para la Función Pública, y algo menos, sobre 62, según las últimas fiscalizaciones de la Sindicatura de Cuentas de Asturias.

Hay empresas públicas, fundaciones, organismos públicos, entes públicos y entidades públicas, figuras jurídicas y administrativas variadas que sostienen -aquí sí que no hay consenso, hasta la Sindicatura de Cuentas deja sin determinar el apartado de empleo en varios de sus informes-, alrededor de dos mil puestos de trabajo. La cifra, claro está, no contabiliza la plantilla del Servicio de Salud, sino se acercaría a los diecisiete mil empleos.

De esos dos mil empleos, unos setenta son altos cargos o directivos con sueldos que van de los sesenta mil a los ciento veinte mil euros al año. También hay decenas de consejeros políticos que cobran cantidades sustanciosas por asistir a los consejos de administración. El sector mueve unos 450 millones de euros al año y arrastra una deuda cercana a los 275 millones, según las estimaciones de los órganos de control económico.

Esas son las cifras que definen un sector que la crisis y Francisco Álvarez-Cascos han situado en el punto de mira desde el minuto cero. En su discurso del pleno de investidura, el pasado 12 de julio, Cascos anunció que «suprimirá o enajenará aquellos organismos, entidades, fundaciones y empresas públicas que no descansen en la racionalidad económica o administrativa». «El sector público empresarial ha crecido de forma descomunal en los últimos años a través de múltiples organismos, empresas y fundaciones abiertos a la discrecionalidad, al amiguismo y al gasto descontrolado», acusó Álvarez-Cascos, poniendo en el punto de mira la actuación de la Administración del socialista Vicente Álvarez Areces y concretando su amenaza en dos empresas: la radiotelevisión del Principado y la constructora Sedes, que se defendió asegurando que es una empresa que genera beneficio. Más adelante, Cascos hablaría de «podar» la Administración.

La situación no es nueva. Fuera de Asturias, muchas administraciones regionales ya han metido tijera en sus empresas públicas. En Asturias, los expertos también vienen aconsejando desde hace tiempo que se acometa una reestructuración en un sector cuyo coste salarial por empleo ha subido el triple que la inflación en los últimos años. El objetivo: adecuarlo a la racionalidad y a los nuevos tiempos económicos que corren. Entre los que han apuntado en esa dirección están los informes del Consejo Económico y Social (CES), que ya invitó al Principado a desarrollar una ley que permita reorganizar el sector y a dar más protagonismo al Parlamento en el proceso. Para tratar de recoger la invitación del CES, el Gobierno de Areces incluyó «una autorización en relación con la organización de las empresas públicas» en la pasada ley de Presupuestos.

Esas no fueron las únicas acusaciones del CES, que también daba por hecha una cuantiosa deuda del sector que el Principado no recogía en su proyecto presupuestario, pese a que esperaba que este capítulo, el de deuda, llegara a fin de año a los 1.826 millones de euros. Este informe sirvió para alentar la crítica política contra Areces por encubrir la deuda regional en un sector más difícilmente fiscalizable. De hecho tanto el Tribunal de Cuentas, que auditó las cuentas hasta 2004, como la Sindicatura de Cuentas, que lo hizo desde esa fecha, y los responsables de ambos organismos no dudaron en poner de manifiesto en varias ocasiones las dificultades que encontraban para acceder a información sobre estas empresas. Como muestra un botón: la polémica generada en torno al salario del antiguo director del Idepa, Víctor González Marroquín. «Mi sueldo es público, pero no publicable», llegó a asegurar en la Junta General del Principado para negarse a revelar las cifras de su nómina.

Las denuncias de opacidad van más allá de la fiscalización de la deuda y los salarios. Los expertos las extienden a los métodos de contratación y los sindicatos a la política laboral, que, según su opinión, está marcada por el amiguismo y la libre designación. «La prueba definitiva para entrar en estas empresas es una entrevista, una prueba bastante manejable», señala el responsable de una central sindical. Quienes mantienen estas opiniones consideran que los trabajadores del sector público deben estar sometidos a la misma normativa salarial y de incompatibilidades que los funcionarios del Principado.

Las duplicidades, cuando coinciden varios organismos haciendo la misma función, constituyen otro de los puntos flacos del sector. Ejemplos: en la dinamización económica y generación de empleo trabajan el Idepa, la Sociedad Regional de Promoción, Sodeco, Fucomi, varias oficinas municipales y también el Ministerio de Economía y el de Industria. En la gestión urbanística figuran Sogepsa, Sedes, Vipasa y la Dirección General de Vivienda, que en ocasiones incluso compiten con los promotores privados. Algunas voces que recomiendan racionalidad económica creen que un sólo organismo en cada área sería suficiente. En contratación, el Instituto Adolfo Posada, que lleva la política de recursos humanos, ha colisionado en ocasiones con la política de personal de algunas consejerías. Este es un campo que también trabaja el Serpa.

Ahora, las promesas de transparencia y austeridad hechas por Cascos hacen que todas las miradas se vuelvan hacia el futuro del sector público asturiano.