En esto estamos de acuerdo: “ no estamos ante la más apremiante o la más decisiva de las discusiones que necesita solventar la sanidad en los tiempos que corren ”

Editorial de La Nueva España de hoy

La exclusividad de los médicos y las precauciones electorales

La exclusividad que, por imposición, deben asumir los médicos que contrata el Principado de Asturias resultó controvertida desde su implantación hace ocho años. La recurrió al Tribunal Constitucional un Gobierno nacional del que formaba parte el actual presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, sin que todavía haya habido sentencia. La combatió el nuevo consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, en su triple condición de especialista sanitario, ex dirigente del Sindicato Médico (SIMPA) y antaño presidente de la comisión de sanidad del PP. La repudian en público y en privado numerosos médicos que militan en Foro. La rechaza frontalmente la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Rodríguez. Y, en fin, hasta el mismo portavoz y hombre fuerte del partido que gobierna Asturias, Enrique Álvarez Sostres, propuso eliminarla durante los frustrados contactos con el PP para un pacto de Gobierno, según afirman todos los negociadores populares que se sentaron en aquella mesa, aunque el propio aludido lo niega.

Salvo que alguien pretenda que en vez de a gobernar se apunten al tancredismo, a nadie puede sorprender que los nuevos responsables de la sanidad asturiana se propusieran de inmediato derogar esta norma: son los mismos que la cuestionaron con insistencia. La decisión en lo económico les saldría ventajosa, los facultativos que renuncian a la exclusividad dejan de percibir un complemento de 790 euros brutos mensuales y siguen trabajando las mismas horas. Quizá socialmente el paso resulte mucho más comprometido pues algunas personas podrían interpretar que el Principado está privilegiando a un estamento que ya de por sí goza de una posición desahogada.

Cualificados miembros relacionados con Foro y que conocen en detalle las pretensiones de la Administración sanitaria se entrevistaron la pasada semana con este periódico para hablar de los proyectos de futuro de la Consejería. En el marco de esa conversación surgió la noticia, publicada por LA NUEVA ESPAÑA el anterior domingo, de que Sanidad preparaba una ley para terminar con la exclusividad médica.

La inmediata reacción del partido casquista y del Gobierno regional intentando negar los planes en marcha puede tener una explicación: el temor a suscitar cualquier pugna que merme réditos electorales ante los próximos comicios generales de noviembre. La polémica, azuzada por la oposición, podría devenir en patata caliente.

La ley ahora en cuestión no nació para mejorar el servicio sino para evitar la parasitación del sistema público; en definitiva, los chanchullos: que los médicos tuvieran la tentación de beneficiar a sus pacientes particulares en pruebas, intervenciones u hospitalizaciones. Existen razones a favor y en contra para defenderla o criticarla. Seguramente todas válidas.

Quienes ven bondades en la incompatibilidad explican que evita connivencias indeseables y choque de intereses. Quienes prefieren eliminarla acentúan el anacronismo de que Asturias permanezca como la única comunidad que mantiene esta traba y consideran una ironía que se permita a un facultativo, fuera de su jornada, dedicarse a cualquier cosa menos a trabajar en lo suyo.

Hay profesionales batallando en uno y otro bandos. Aunque se otorgara libertad para ejercer en la privada, en la coyuntura actual probablemente no serían muchos los que se atrevieran a establecer otra consulta por su cuenta. Pero todos defienden antes que nada una cuestión de fuero: unos, el derecho individual a elegir; otros, la lealtad al sistema público. Y esperan que el Gobierno decida.

Con ser inevitable que este asunto estallara, no estamos ante la más apremiante o la más decisiva de las discusiones que necesita solventar la sanidad en los tiempos que corren. No es de recibo que a cada vaivén cambien en camada los jefes sanitarios intermedios -los que no hacen política, sino medicina-, los responsables de los centros de salud y hasta las supervisoras de enfermería, como si fueran cargos de confianza del partido y no meros técnicos. Está ocurriendo ahora mismo, y de ello hay que hablar si lo que se desea es arreglar las cosas que no funcionan bien.