Desmantelamiento de la sanidad pública catalana: ya no nos asusta nada porque siempre puede ser aún peor

La Generalitat ordena cerrar cinco días todos los hospitales públicos

Sólo funcionarán las urgencias y se da vacaciones “forzosas” al personal

Foto: Una de las muchas protestas diarias de los sanitarios catalanes.
07.10.11 en El Confidencial
El Gobierno catalán quiere cerrar todos los hospitales públicos cinco días. Tendrá de tiempo desde hoy hasta el próximo mes de diciembre. La orden parte del consejero de Salud, Boi Ruiz, y ha sido transmitida por el Instituto Catalán de Salud (ICS) a las direcciones de los centros. Al personal, se le obligará a tomar vacaciones durante esos días y los hospitales sólo funcionarán como servicio de urgencias. La medida, admitieron los responsables de gerencia, se hace para “ahorrar”, ya que “si no hay actividad, tampoco hay gasto”.

Manel Puigcercós, responsable de Comisiones Obreras (CCOO) del hospital Vall d’Hebron, el más grande de Cataluña, señaló a este diario que en este centro “se están desprogramando visitas externas y pruebas diagnósticas, como análisis de sangre, radiografías, etcétera. Además, a los pacientes no se les está dando otra cita, sino que el aplazamiento es sine die, lo que va a engordar aún más las listas de espera”. La dirección de Vall d’Hebron ya entregó por escrito a la junta de personal los días que sus trabajadores han de coger vacaciones: 21 y 27 de octubre, 9, 27 y 30 de diciembre.

Los empleados de este hospital celebraron ayer dos asambleas, una por la mañana y otra por la tarde, para discutir la situación tras los recortes que quiere aplicar el Gobierno de Artur Mas. “No hubo ninguna votación, sólo se plantearon los pros y los contras de una posible huelga”, señala Puigcercós. Los médicos, no obstante, sí votaron hacer huelga intermitente a partir del mes de octubre, aunque esperarán algunos días para ver si el ICS se replantea la propuesta de recortar aún más los salarios y de rebajar a la mitad la paga extraordinaria de Navidad.

En Bellvitge, el cierre se producirá durante el puente de la Constitución, según manifestó a este diario Paloma de Lacalle, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión fue trasladada por el gerente a la junta de personal el pasado lunes. Pero, de momento, según reconoce la sindicalista, “se está desprogramando toda actividad”. Este sindicato denunció que la dirección no ha abierto 9 de las 15 unidades de hospitalización que se cerraron durante el verano, entre las que se encuentran traumatología, cirugía vascular y cirugía cardíaca. Además, asegura que por las tardes siguen cerrados 17 de los 25 quirófanos que tiene el hospital.

En el hospital de Can Ruti, en Badalona, los médicos también apuestan por secundar un paro, pero el resto de personal no se ha manifestado al respecto todavía, según señaló a este diario Marisol Díaz, responsable de UGT en el centro.

En el hospital Arnau de Vilanova, de Lérida, los trabajadores acordaron celebrar un referéndum el próximo día 14 para decidir si van a la huelga en protesta por los recortes. “Hay colectivos que están a favor y otros que están en contra. Por tanto, que sea la gente la que decida”, señala a este diario Anna Ariño, responsable de CCOO del hospital. Y subraya que una gran parte del colectivo tiene sueldos que van de 1.000 a 2.000 euros. “Si ya nos lo recortan y encima nos quitan la mitad de la paga de Navidad, hay gente que no puede permitirse que le descuentes también días de huelga”. Los médicos, sin embargo, votaron casi por unanimidad secundar paros intermitentes en las asambleas que convocó el Sindicat de Metges de Catalunya (MC).

Ariño es crítica con la postura de la Generalitat. “Que recorten de otros sitios. Podrían eliminar la duplicidad de administraciones, por ejemplo. O incluso racionalizar el propio sector sanitario -explica-. Pero, en realidad, CiU siempre había querido deshacerse de la sanidad pública. Ya cuando gobernaba concertaba con muchas clínicas privadas tareas de la red pública de hospitales. Y ahora ha visto el momento y va a saco a desmantelarla”.

En el Hospital de Sant Pau, a pesar de que no pertenece al ICS, la plantilla aprobó ayer adherirse a la posible huelga del sector. Este centro presentó un expediente de regulación de empleo que prevé la suspensión de contrato por 15 días para más de 1.400 trabajadores y de 15 meses para otros 63. Además, acordó cerrar las consultas externas los viernes y reducir drásticamente la radioterapia y la medicina nuclear. El 14 de octubre, los trabajadores realizarán actividades de concienciación y acamparán de nuevo en el recinto, como el pasado viernes. El día 15, se concentrarán con los indignados en la plaza de Cataluña.

Mas-Colell calienta la jornada

Los sindicatos catalanes mayoritarios reunieron ayer a varios miles de personas en el centro de Barcelona para protestar contra los recortes, con motivo del Día Mundial del Trabajo Digno. Los secretarios generales de CCOO y de UGT, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez respectivamente, coincidieron en vaticinar un “otoño caliente si el Gobierno sigue con su política de recorte y sus provocaciones”. Es sólo el aperitivo de lo que se avecina, porque el Ejecutivo está dispuesto a meter la tijera donde sea. Incluso el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, declaró ayer a la televisión pública catalana que se tomarán todas las medidas precisas.

“El sistema público está dimensionado más allá de nuestros ingresos”, por lo que “se han de ajustar también las compensaciones salariales”. Y manifestó que su intención es dejar los salarios al nivel del 2007 y suprimir la paga extra de diciembre. El Gobierno anunció hace unos días que los 350 altos cargos de la Administración no cobrarán este año la paga de Navidad, aunque el consejero estudia también eliminar la de junio del año que viene. Además, no descarta echar mano de privatizaciones de empresas (como la concesionaria Tabasa o Aigües Ter Llobregat) para hacer caja.

Los sindicatos, por su parte, se le echaron encima. “Lo que tiene es un desprecio absoluto por la negociación. Una de las obligaciones que tiene el consejero es negociar con los representantes de los trabajadores y nosotros nos enteramos de lo que pretende por la televisión. Democráticamente, eso es inadmisible. Legalmente, es reprochable. Desde el punto de vista del consumo, es un desastre. Mas-Colell se equivoca con este desprecio a los empleados públicos. Quiero pedir al presidente de la Generalitat que ponga orden y que cumpla la ley.

Está muy bien que el Gobierno recorte su paga, pero también habría que ver si les afecta igual que a los empleados de la función pública, porque los altos cargos cobran 5.000 euros mensuales y algunos trabajadores públicos se sitúan en torno a los 1.000”, criticó más tarde Josep Maria Álvarez, líder ugetista. El consejero dejó claro poco después, en los pasillos del Parlamento, que cualquier recorte se negociará con los agentes sociales pero sus palabras en la televisión fueron contundentes: los salarios son “la única cosa que se puede tocar. Me gustaría decir que no se pueden tocar, pero se han de tocar”.

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