Competentes si, efecto retroactivo más bien no, y oportuno ¡¡ya veremos!!

Los juristas avalan que el Parlamento tutele los recortes del sector público

Los expertos dudan de que la iniciativa que ha unido a PSOE, PP e IU pueda tener carácter retroactivo y anular el ajuste puesto en marcha por Cascos

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El Parlamento asturiano tiene capacidad para recuperar la tutela sobre los recortes del sector público empresarial del Principado, pero es complicado que pueda desbaratar el ajuste presupuestario de 156,8 millones de euros acordado por el Gobierno regional a principios de este mes. Éstas son las conclusiones de los juristas sobre la iniciativa promovida por los tres grupos de la oposición en la Junta General del Principado para dar marcha atrás en la reordenación del sector público y controlar la ejecución del Presupuesto de este año. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coincidieron en que el problema de fondo radica en que el Gobierno regional se encuentra en minoría en el Parlamento asturiano, ya que cuenta únicamente con el respaldo de los 16 diputados de Foro frente a los 29 que suman PSOE, PP e IU.

«La aprobación de la ley del Presupuesto Regional compete al Parlamento. Es una de sus principales competencias. Hasta hace unos años, la ley de Presupuestos y la de Acompañamiento eran las únicas leyes que se discutían y votaban en la Junta General del Principado», afirma Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, quien precisó: «La gestión del Presupuesto regional es competencia del Gobierno, pero bajo el control del Parlamento». El jurista admitió que la proposición de ley promovida por el PSOE, el PP e IU «puede crear una disfunción, pero desde el punto de vista legal es irreprochable (...) El uso de la potestad legislativa corresponde al Parlamento».

Bastida puso como ejemplo las negociaciones que afrontó meses atrás el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los nacionalistas vascos para sacar adelante distintos recortes en el Congreso de los Diputados. El catedrático destacó que en Asturias «el Gobierno está en minoría y debe gestionar el presupuesto que aprobó otra mayoría distinta (...) con una oposición beligerante la política de recortes encuentra más obstáculos en la Junta General del Principado. A su juicio, el Gobierno regional «debe buscar alianzas o acuerdos con el PP, como en el caso del Ayuntamiento de Siero, para tener una mayoría y poder actuar. La gobernabilidad es complicada si no está apoyada en una mayoría parlamentaria», diagnosticó el catedrático de Derecho Constitucional. Un argumento que también comparte el economista ovetense Jonás Fernández, director de estudios de la consultora Solchaga, Recio & asociados. «Sería deseable un acuerdo parlamentario tras el 20-N porque la estabilidad institucional supone un activo en sí mismo y siempre es preferible a un gobierno en minoría y sin capacidad de generar acuerdos».

Begoña Sesma, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho, considera que el Parlamento asturiano «puede modificar la ley para recuperar la competencia sobre la reordenación del sector público empresarial, que había delegado en el Gobierno regional». En cambio, tiene «serias dudas» sobre el carácter retroactivo que la oposición pretende para el ajuste de 156,8 millones de euros si prospera la proposición de ley que acaba de presentar la oposición en la Junta General del Principado. «En materia de ejecución presupuestaria está clara la división de poderes: el Gobierno presenta el proyecto, el legislativo aprueba y el Gobierno ejecuta y decide si dispone de determinadas partidas, con un uso racional y motivado de esa competencia; la normativa presupuestaria permite introducir modificaciones. Es lamentable la poca disciplina presupuestaria que existe en este país y que ha sido denunciada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas, pero la retroactividad me genera dudas porque cuando el Gobierno tomó unas decisiones lo hizo amparado por una ley aprobada por el parlamento, que delegaba en el ejecutivo. La retroactividad atentaría contra el principio de seguridad jurídica», argumentó.