Hoy se reúne la Mesa General de Función Pública sin que haya expectativas de nada por parte del Gobierno Regional
Los funcionarios critican la «pasividad» del Principado para atender sus demandas
Los sindicatos valoran «la mayor disposición al diálogo» del nuevo Ejecutivo, pero denuncian su «continuismo» en cuestiones como la libre designación
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
«Buenas palabras, pero por ahora no están acompañadas de hechos, el quietismo, la pasividad ante cuestiones esenciales como la reforma de la ley de Función Pública es total». Éste es el diagnóstico coincidente de los principales sindicatos y colectivos de funcionarios al analizar la gestión de los primeros cien días del Gobierno regional de Foro Asturias, que durante la campaña electoral hizo bandera de la necesidad de regenerar la Administración regional y cargó con dureza contra cuestiones denunciadas de manera reiterada por los funcionarios del Principado en los últimos años, tales como el abuso de la libre designación o la polémica normativa aprobada por el Gobierno anterior hace menos de un año. El nuevo Ejecutivo se reúne hoy con los sindicatos de funcionarios en la Mesa General de la Administración regional.
«El Gobierno no ha movido ficha en el Parlamento sobre la modificación de la ley de Función Pública», asegura a este periódico José Luis González, coordinador general de USIPA, uno de los sindicatos con mayor implantación en las consejerías del Principado.
USIPA tiene previsto pedir hoy al Gobierno regional que cumpla la sentencia que pone coto a la libre designación en la asignación de las jefaturas de servicio. El sindicato ganó esa causa en todas las instancias, Tribunal Supremo incluido, al anterior Gobierno regional, en el que la organización de la Administración regional dependía de la consejera de Administraciones Públicas, la socialista Ana Rosa Migoya. «Tenemos la firmeza de ese fallo desde mayo, queremos que se ejecute ya la sentencia; el nuevo Gobierno podía haber presentado un borrador o un anteproyecto de la ley porque sabían que esta sentencia estaba encima de la mesa», plantea José Luis González, quien considera que los poco más de cien días transcurridos desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo no son disculpa. «Se trata de cambiar unos artículos, los más polémicos, no toda la ley», precisa el coordinador general de USIPA, que, no obstante, aprecia «una mayor voluntad de diálogo» en el nuevo equipo que tiene a su cargo la función pública regional, con el viceconsejero Luis de la Vallina y el director general de Función Pública, Rafael Juesas. «Tienen más mano izquierda. Pero el listón con el anterior Gobierno estaba muy bajo».
«No han hecho nada, sólo han formado las mesas de negociación», manifestó Luis Ángel Ardura, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT. «La ley de Función Pública sigue igual que estaba», constata el representante sindical. «Esperamos que en la reunión del miércoles -por hoy- nos digan qué criterios seguirán en la nueva relación de puestos de trabajo y qué harán con el personal de las delegaciones que se suprimen en Bruselas y Madrid».
«Van lentos. Es difícil valorar su labor porque da la sensación de que no han querido marcarse hasta que pasen las elecciones generales», apunta Juan Gavira, del sindicato CSIF, que también destaca «la mayor voluntad de diálogo» del nuevo Gobierno. «Pero, hasta ahora, hacer, muy poco», resume el delegado de CSIF, que también cita la libre designación y la modificación de la ley de Función Pública como las dos asignaturas a resolver por el nuevo Ejecutivo.
«A peor no ha ido porque era imposible, pero tampoco ha habido mejoría. Sólo buenas palabras, pero pocas realidades», valora Javier Villa, del Conceyu por otra Función Pública en Asturias. «La gestión del nuevo Gobierno se caracteriza por el continuismo. No ha habido ninguna medida de cambio respecto de la situación anterior. La libre designación no ha cambiado y los concursos siguen igual de empantanados», reprocha Villa, portavoz de un colectivo que ha elaborado un plan con treinta medidas para mejorar y modernizar el funcionamiento de la Administración regional. «El Gobierno tiene la iniciativa legislativa para, al menos, intentar derogar la calamitosa ley de Función Pública y que el resto de grupos parlamentarios se retrate», indicó Villa.
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