El 16 de diciembre la oposición (PSOE-PP-IU) pueden dejar al gobierno sin competencias para modificar los presupuestos

El TSJA avala la ley de la Junta contra el tijeretazo

El tribunal ratifica las competencias del Parlamento sobre el presupuesto y deja en sus manos los pagos a la RTPA

Foto: Trabajadores de la RTPA, protestando la semana pasada ante la Junta.
29/11/2011, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
Al Gobierno regional se le cierran las vías para evitar la revocación de su tijeretazo al gasto público. En el frente político, el Parlamento fijó ayer la fecha para debatir la ley que privará al Principado de sus competencias delegadas sobre los presupuestos de las empresas públicas. Los tres grupos de la oposición, que en el pleno del viernes unieron sus 29 votos contra 15 de Foro para poner en marcha la tramitación del texto, podrán aprobarlo el 16 de diciembre. Además, por el lado legal surgió una nueva complicación. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), divulgado también ayer, siembra dudas sobre el plan B del Ejecutivo, que planea recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que la Junta tumbe su ajuste. Para los jueces asturianos, sin embargo, los diputados tienen la soberanía sobre el destino del dinero público.
El TSJA no entra en el fondo del contencioso entre el Legislativo y el Ejecutivo porque, en esta ocasión, solo le correspondía pronunciarse sobre una de las ramificaciones del conflicto. La Sala de lo Contencioso Administrativo responde a los recursos presentados por el consejo de la radiotelevisión autonómica (RTPA) sobre la congelación de transferencias pendientes por valor de 11,3 millones de euros. La retención de esos fondos es solo una parte del adelgazamiento de 157 millones del presupuesto regional aprobado a principios de octubre por el gabinete de Francisco Álvarez-Cascos.
En ese aspecto concreto de su pulso con la Junta y las empresas públicas, el Gobierno sí logra el respaldo de los jueces, que han denegado a la RTPA la suspensión cautelar del decreto que la privaba del dinero necesario para su funcionamiento habitual. El auto admite que la falta de fondos puede acarrearle “graves consecuencias” y producir impagos a su plantilla y a sus acreedores, pero también apunta que el Principado puede invocar en defensa de su decisión razones de interés general que prevalecen sobre todas las demás. Para el TSJA, “la voluntad de mantener el equilibrio presupuestario” es un objetivo que encaja en esa defensa del interés general.
La dirección del Ente de Comunicación ya ha anunciado su intención de recurrir el fallo, aunque también está a la expectativa de lo que suceda en el Parlamento en diciembre. Los razonamientos de los jueces también señalan que la entrada en la Junta del proyecto de ley patrocinado por PSOE, PP e IU crea una expectativa de solución política al problema y que, debido a que se trata de una iniciativa en curso, no les corresponde fijar una posición sobre su contenido. En todo caso, el auto indica que si la Cámara se inclina por dejar sin competencias al Gobierno para modificar el presupuesto, los diputados tendrán en sus manos poner fin a la retención y satisfacer la solicitud de la RTPA.