A falta de 5 días para que concluya el plazo

Patronal y sindicatos negocian un acuerdo contrarreloj

El gobierno de Mariano Rajoy legislará si no hay acuerdo en materia laboral antes del próximo día 7 de enero

EP / MADRID

Los presidentes de CEOE-Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, tomarán personalmente las riendas de las negociaciones esta semana para tratar de alcanzar antes del 7 de enero algo más que un acuerdo parcial que sirva de base para la próxima reforma laboral que debería aprobarse en el primer trimestre, informaron a Europa Press en fuentes de la negociación.

En el caso de que una vez cumplido el plazo fijado por el Gobierno no haya un acuerdo global entre patronal y sindicatos es previsible que el Ejecutivo legisle, aunque desde el Ministerio de Empleo no se ha aclarado si cabría un primer acuerdo de mínimos en enero y una nueva prórroga hasta marzo para que las partes puedan seguir negociando los asuntos más espinosos.

A la vista del decreto de medidas urgentes aprobado el pasado viernes, al Ejecutivo no le temblará tampoco el pulso si tiene que legislar unilateralmente la nueva reforma del mercado de trabajo, lo que podría servir de acicate para que en los próximos días se produjese un acercamiento de posturas entre los agentes sociales.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se encargó en la reciente ronda de contactos con los 'primeras espadas' de la patronal y los sindicatos de transmitirles esta urgencia, algo que, según dijo posteriormente, fue acogido con buena voluntad por sus interlocutores.

Sin embargo, será difícil que los agentes sociales den pasos al frente que no se hayan dado hasta ahora. Por el momento, solo habría cuatro ámbitos en los que el acuerdo estaría prácticamente cerrado: la redistribución de los festivos, la solución extrajudicial de los conflictos, mutuas y absentismo y formación.
Uno de los puntos más cercanos al acuerdo es el de la reorganización de los festivos que dependen del Gobierno Central, para trasladar algunos de estos días al lunes para ganar competitividad.

Los agentes sociales están discutiendo en torno a tres fechas. Dos de ellas estarían pactadas ya: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Asunción de la Virgen (15 de agosto). El problema es si el tercero es el de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) --que la CEOE rechaza porque supondría mover tres festividades religiosas -- o el Día de la Constitución (6 de diciembre).

En cualquier caso, una y otra fecha supondría acabar con el 'macropuente' de diciembre. La patronal quiere que el cambio de los festivos opere ya desde 2012.

Además, estaría prácticamente culminado un pacto para renovar el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) -que actualmente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012- desde enero del próximo año hasta 2016.

Este arbitraje afectaría a la negociación colectiva de ámbito nacional, sería voluntario, tendría mayor vinculación a las comisiones paritarias y se extendería a otros litigios como los plazos máximos de negociación de convenios, para solucionar el problema de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio en ausencia de su renovación).

Además, este arbitraje tendría eficacia general y directa, de modo que aquellas empresas que no se quieran adherir tendrán que comunicarlo expresamente y tendrán un plazo de unos tres meses para acordar con los sindicatos otras vías de solución extrajudicial. Dentro de este acuerdo se incluiría también una fusión de las listas de árbitros de todos los agentes sociales y una búsqueda de más profesionalidad con el reforzamiento de su formación continua.

En cuanto a los desacuerdos, las mayores fricciones siguen centradas en la renovación del acuerdo de moderación salarial hasta 2014. La postura de la CEOE es la de un "crecimiento extremadamente moderado" de los salarios. En el caso de los sindicatos, apuestan por una moderación salarial, pero no hasta ese punto, y ponen la barrera de lo extremo en aproximadamente el 1%.

Asimismo, aún aleja a las partes la petición por parte de la CEOE de desindexar los salarios y vincularlos a productividad. En este terreno, los sindicatos estarían poniendo de manifiesto la dificultad de conocer datos objetivos sobre productividad, aunque estarían abiertos a ligar los salarios a otras fórmulas, como la inflación subyacente (IPC sin precios energéticos ni alimentos frescos), o hablar de salarios fijos y variables.

Además, los sindicatos piden que se respete el vigente acuerdo de moderación salarial para 2012 -entre el 1,5% y el 2,5%- en el caso de los convenios plurianuales con efectos en el próximo año, cuestión en la que parece haber bastante cercanía.

Aunque el Gobierno no puede legislar sobre los salarios del sector privado, la postura del Ejecutivo sobre esta cuestión parece clara. Así, tras la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, la ministra de Empleo dejó caer que la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) es un "importante mensaje de moderación salarial para ayudar a la recuperación económica".

Contratación

Por otro lado, las partes siguen negociando sin visos de acuerdo otras materias que deben tener, eso sí, la última palabra del Gobierno. Es el caso de la contratación, en el que hay tres frentes abiertos.

El primero sería el contrato de formación, actualmente limitado temporalmente a los trabajadores de hasta 30 años, pero destinado más adelante a aquellos de hasta 25 años, que la CEOE quiere desvincular de un límite de edad.

Además, la patronal quiere reducir su carga de formación retirando la obligación de que estos trabajadores tengan que estar guiados por un tutor en la empresa, responsable que los sindicatos piden que corra a cargo de los Servicios Públicos de Empleo. Además, las centrales persiguen que esta modalidad sirva de base para un futuro sistema de formación dual.

Otras cuestiones en el aire son el impulso de la contratación a tiempo parcial y de la conversión de contratos temporales en indefinidos, así como los costes del despido, aunque es una cuestión que en principio no está en la bolsa de temas que Rajoy trasladó a los agentes sociales.