Movilizaciones y protestas contra los RECORTES de la Generalitat catalana

Los empleados públicos salen a la calle contra los recortes de la Generalitat

Unos 11.000 trabajadores de la Administración, según los Mossos, protestan en Barcelona coincidiendo con el debate de los presupuestos en el Parlament

Clara Blanchar / Rebeca Carranco, Barcelona, en El País.

Unos 11.000 empleados públicos, según las cifras que manejan los Mossos d'Esquadra (los sindicatos convocantes hablan de 30.000 personas) han salido esta tarde a la calle en Barcelona, coincidiendo con el debate de los presupuestos en el Parlament, bajo el lema No a los recortes, salvemos los servicios públicos. Han protestado contra el ajuste de sus condiciones laborales y salariales con el que la Generalitat pretende ahorrar 625 millones, una medida que afecta a los 203.000 empleados públicos a quienes les toca apretarse más el cinturón. Han acudido a la marcha personal de administración, bomberos, grupos de Mossos d'Esquadra (vestidos de paisano, pero con la gorra del uniforme) y se han visto muchas camisetas amarillas en señal de apoyo a la enseñanza pública entre los grupos de profesores y padres. La manifestación ha quedado prácticamente disuelta hacia las ocho de la tarde, después de que haya llegado hasta el Parlament, ferozmente blindado por Mossos d'Esquadra. Un grupo de representantes sindicales ha atravesado el cordón policial, tras identificarse, y se ha reunido con representantes de todos los grupos de la Cámara y les han expresado su malestar ante el recorte.

La manifestación ha recorrido el trayecto que separa la plaza de Sant Jaume y el Parlament, por la Via Laietana. Ha sido una marcha numerosa, pero contenida. Dominaban las pancartas con unas grandes tijeras tachadas y el lema Prou retallades [Basta de recortes]. También se ven carteles que denuncian que "Recortar es robar". Los 12 sindicatos que cuentan con representación en la Administración —entre ellos CC OO, UGT, IAC, USOC y el Sindicato de Médicos— consideran los recortes “un ataque directo a la calidad de los servicios como pilar fundamental del Estado de bienestar” que, según afirma el manifiesto redactado conjuntamente, “incide en el empeoramiento de las condiciones de sus trabajadores y deteriora la calidad del servicio y las prestaciones a la ciudadanía”. Además, aseguran que entre recortes salariales directos e indirectos (de pagas y beneficios) perderán entre el 15% y el 20% de su poder adquisitivo. Los sindicatos tachan, además, de “falso el discurso por el que todo el mundo debe apretarse el cinturón” y aseguran que “los culpables de la crisis no solo no se lo ajustan, sino que obtienen mayores beneficios y encima reciben ayudas”, en clara referencia a las entidades bancarias. Los funcionarios, además de enfrentarse al nuevo paquete de recortes, acumulan ya una bajada de salario del 5% en 2010 (que aplicó el Gobierno central) y la congelación salarial en 2011. La Generalitat mantiene que la nueva oleada de recortes de 2012 "en ningún caso" supondrá una rebaja superior al 5% en sus salarios.

Aunque la manifestación general de empleados públicos no empezaba hasta las 17.30, hacia las tres de la tarde un grupo de bomberos ha realizado su propia protesta. Unos 50 bomberos han escenificado un matrimonio entre Artur Mas y el presidente Mariano Rajoy (disfrazados con máscaras, vestidos de novios y con arroz incluido). Además, un camión ha llenado la puerta del Departamento de Interior de espuma contra incendios y han tirado petardos. En el edificio se celebraba una reunión entre representantes sindicales de los bomberos y miembros de la Generalitat para hablar sobre condiciones laborales (organizativas y de recursos materiales). Cuando Jordi Gassió, director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, se ha enterado de la protesta, se ha levantado de la mesa de negociación. Posteriormente, sin embargo, ha dicho que no se han roto las conversaciones, pero ha advertido de que este tipo de iniciativas (en referencia a la espuma) le parecen un "derroche" de medios. Los bomberos se han unido a la protesta del resto de los trabajadores públicos y están también ya a las puertas del Parlament.

Movilizaciones ciudadanas aparte, como las del Movimiento 15-M, la de hoy es la cuarta gran manifestación de empleados públicos que se celebra desde el pasado mes de abril. Fue entonces cuando el Gobierno de Artur Mas anunció la primera oleada de recortes y 20.000 personas colapsaron la plaza de Sant Jaume y aledaños en una concentración en defensa de la sanidad y la escuela públicas que desbordó cualquier previsión. Justo antes de Navidad, una nueva concentración de funcionarios clamó inútilmente contra el recorte de sus condiciones laborales y salariales. Inútilmente porque 48 horas después la Generalitat imponía las medidas en la Mesa General de la Función Pública. Unos días después, el 30 de diciembre, en la tercera protesta de empleados públicos, 12.000 uniformados —policías, bomberos, agentes rurales y funcionarios de prisiones— volvieron a salir a la calle contra la precarización de los servicios públicos.

En el paquete de medidas de austeridad aplicadas al personal de la Administración catalana las hay coyunturales y estructurales. Entre las coyunturales figura la reducción de pagas extras y de productividad, la suspensión de las aportaciones al fondo de acción social —de ayudas para los trabajadores— y al plan de pensiones, y la no convocatoria de nuevas oposiciones. Entre las medidas estructurales figura la retirada del tique de comedor las tardes que los funcionarios trabajan —una medida que ya ha entrado en vigor—, la reducción de días de asuntos propios, cambios en las retribuciones para las trabajadoras que piden la baja en el primer año de vida de sus hijos y la reducción de las ayudas a los sindicatos.