Una reflexión muy interesante

Pactos asimétricos: El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y la política sindical

Artículo de Albert Recio, Consejo Científico de ATTAC España, publicado en “Mientras Tanto” electrónico

I
El anuncio de un nuevo acuerdo entre patronal y sindicatos mayoritarios se presenta como el preludio de una nueva reforma laboral. Para CC.OO. y UGT se plantea sobre todo como un medio para evitar una reforma radical de la legislación laboral. De mostrar que también a la patronal le conviene más una negociación realista que optar por una política unilateral de desmantelamiento de derechos. Que ellos, CC.OO. y UGT, son interlocutores serios que defienden derechos pero que también conocen los condicionantes de la economía y los problemas de la otra parte y están dispuestos a asumir la cuota de sacrificios necesaria.
El principal elemento positivo del pacto es el reconocimiento de que hay que mantener una negociación articulada, a escala nacional, autonómica o provincial y que los ajustes de cada empresa deben aplicarse mediante un procedimiento consensuado y con presencia sindical. Se trata de evitar una reforma que limitara la negociación al nivel de empresa y, por consiguiente, desmantelara gran parte de derechos laborales obtenidos en la negociación colectiva (por encima de la ley), ampliara al máximo las desigualdades salariales y creara espacios laborales sin ningún tipo de cobertura sindical. Si realmente se consigue mantener una negociación colectiva articulada y capaz de garantizar derechos comunes a amplios colectivos laborales, el acuerdo permitiría elevar una línea de defensa frente a los embates de la reforma laboral. Pondré un ejemplo que sirve para entender la importancia de la negociación colectiva sectorial: en diversos sectores de servicios (hostelería, limpieza, servicios sociales…) existen pactos estatales que incluyen la cláusula de subrogación. Se trata de una norma pensada para sectores en los que es frecuente que la empresa que gestiona el servicio cambie cada cierto tiempo (lo que suele suceder cuando las administraciones sacan a subasta un determinado servicio). Su aplicación obliga a la nueva empresa concesionaria a absorber en las mismas condiciones a los empleados de la antigua, lo que garantiza su estabilidad laboral. Esta es una de las muchas medidas que desaparecerían con una negociación limitada a la empresa.
Pero esta salvaguarda de derechos esenciales se ha conseguido a costa de incluir un buen paquete de las exigencias de la patronal: aceptación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, introducción de cláusulas forzosas de flexibilidad temporal, funcional y salarial, mayor facilidad a las medidas de descuelgue. Sobre el papel, el acuerdo introduce mecanismos de cautela y negociación para la aplicación de estas medidas, pero la débil implantación sindical en muchas pequeñas y medianas empresas y la ausencia de limitaciones claras a la aplicación de estas políticas hace temer que el acuerdo facilite una mayor dispersión de condiciones de trabajo, una mayor discrecionalidad laboral y, en suma, un aumento de las desigualdades.
II
Cualquier acuerdo es siempre discutible. Los líderes sindicales pueden argumentar que su opción es el resultado de una lectura atenta de la correlación real de fuerzas, que han sacrificado piezas en aras a un objetivo superior, que realmente hay avances en algunos campos… Y es cierto que muchas veces les llegan críticas de gente que nunca está en la pelea y el trabajo cotidiano, que no parten de una evaluación realista de lo que se puede hacer. Pero creo que el actual acuerdo incluye demasiadas cosas discutibles que merecen cuando menos una seria reflexión sindical.
La primera cuestión discutible es el análisis económico que sustenta el documento y que justifica sobre todo la aceptación de una nueva caída de los salarios reales. Una justificación que contradice anteriores documentos sindicales en los que se consideraba, adecuadamente, que un aumento salarial constituía un buen elemento para dinamizar la demanda y evitar más destrucción de empleo. El análisis que introduce el documento es una mera plasmación de la lógica de la deflación competitiva. Se basa en suma en fiar el relanzamiento económico en el aumento de las exportaciones basándose en la moderación de salarios. Es la política que llevan años predicando muchos economistas liberales. Es una política que deprime la economía global y no garantiza buenos resultados. El éxito exportador de un país descansa en la derrota de otros (la competencia comercial tiene más de guerra o de competición deportiva con unos pocos ganadores que de desarrollo económico armónico). Pero si todos aplican la misma política de potenciar las exportaciones (sea bajando salarios o devaluando) el resultado final puede ser una caída de la demanda global y un empeoramiento para todos. En el caso español, la reducción de salarios no parece que sea una gran medida para potenciar las exportaciones debido al tipo de especialización productiva de las empresas españolas y al hecho de que nuestra moneda sea el euro. De hecho, el documento aboga por una reducción también de las rentas del capital con objeto de moderar los precios, pero no introduce ninguna medida explícita para traducirla en la práctica. A ello me refiero cuando hablo de asimetría: los acuerdos sociales en la práctica sólo atan realmente a los asalariados, mientras que el poder empresarial queda intacto. No hay ninguna garantía de que el aumento de beneficios que garantiza la moderación salarial se traduzca en empleo, en inversiones, ni en caída de precios. Es, en suma, un sacrificio donde sólo se espera buena voluntad de la contraparte.
Una segunda cuestión preocupante es el aumento de las desigualdades que puede propiciar la política que se deriva de estos acuerdos. En una economía y un mercado laboral ya de por sí caracterizado por un nivel indecente de desigualdades. En parte reflejo de toda nuestra historia pasada y de la propia incapacidad de nuestro modelo de negociación colectiva para reducirlas. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento de las mismas mediante políticas empresariales de externalización (que permiten aplicar convenios colectivos de nivel inferior) y de incentivación personal, y sacando de convenio a los niveles superiores de la jerarquía laboral. Un acuerdo de sacrificios solidarios creíble debería incluir indefectiblemente mecanismos de reducción de las desigualdades, protegiendo y elevando la posición social de los peor situados, y limitando las rentas de los más favorecidos o privilegiados. Debería acotar las rentas de quienes están fuera de convenio, cuando no limitar la propagación de esta figura. Nada de ello hay en el acuerdo, especialmente en lo que se refiere a política de rentas. Por un lado porque los privilegios fuera de convenio, la no acotación de las rentas superiores, forma parte de las prerrogativas capitalistas que los sindicatos han dejado de impugnar en serio. De otra, porque hace tiempo que el sindicalismo español (el mayoritario y también el radical que limita su campo de acción a la lucha en unas pocas grandes empresas) ha dejado de reflexionar y plantear una verdadera lucha en pro de la reducción de las desigualdades salariales. Y en un contexto en el que se congela el salario mínimo y se exigen sacrificios, esta ausencia de planteamiento es simplemente una omisión inaceptable.
En tercer lugar, el acuerdo sacraliza la flexibilidad, como un mero ajuste a las necesidades o imperativos de la empresa. Es cierto que la vida real, fuera y dentro del trabajo mercantil, nos exige mucha capacidad de adaptación. Y que los ajustes de las empresas no obedecen solo a una obcecada búsqueda del beneficio o a un mero capricho patronal. Pero es también cierto que la flexibilidad tiene serios impactos negativos sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sobre personas individuales. Y que en la prosecución de una “economía flexible” hay mucho de injusticia, despilfarro e ineficiencia social. La asunción acrítica de la flexibilidad por parte sindical es endémica y con ello lo único que se ha conseguido es dejar de discutirle al capital su hegemonía social. Por no perder de vista el impacto negativo de la proliferación del empleo a tiempo parcial, a menudo una forma de camuflar el subempleo y de perpetuar las desigualdades de género. Tampoco en este acuerdo se vislumbra ninguna novedad sustancial, más bien la apertura de nuevas prerrogativas patronales. Por poner un ejemplo, cualquier política de fijación de salarios en función de resultados sólo tiene posibilidades de seriedad si los representantes de los trabajadores tienen acceso y control de los mecanismos de evaluación contable de las empresas. En suma, si consiguen avanzar en el control de la misma, en fijar los criterios de evaluación y de revisión salarial.
III
Más allá de los resultados tangibles, de las concesiones más o menos acertadas, hay una cuestión de fondo que atraviesa la debilidad social que padece el movimiento sindical, al menos en Europa (y que se expresa con crudeza en muchas encuestas de opinión). Para mí el hecho relevante es que los sindicatos llevan tiempo instalados en la política de “evitar lo peor”, de la que este acuerdo (y otros mucho peores firmados en otros países, como el reciente caso de la UGT portuguesa) es un ejemplo. Es posible que realmente muchos de estos acuerdos hayan servido para ese objetivo. Pero es dudoso que con ello consigan desarrollar una elevada penetración social. Ningún movimiento social se desarrolla bajo esta clave meramente defensiva, conformista, de que nada puede hacerse excepto evitar mayores males. Una aceptación que, directa o indirectamente, es percibida por la sociedad como la inexistencia de alternativas a la lógica del poder capitalista.
Un movimiento social vivo exige objetivos alternativos, propuestas que impacten en el discurso cultural del oponente, que generen debate y hegemonía social. Exige crear cohesión y valores en el propio grupo. Nada de esto se encuentra en la ausencia de discusión de fondo de las lógicas de acumulación del capital. A diferencia de lo que hace siempre la patronal, planteando sus propias demandas o apoyándose en las opiniones de los think tanks que ella misma financia. Es cierto que en algunos casos la acción sindical evita lo peor. Pero también que ha sido incapaz de desarrollar políticas que moderen, alteren, reduzcan el cúmulo de desigualdades, de desastres sociales y de irracionalidad generados por el capitalismo neoliberal. Tampoco se ha preocupado mucho de contar con fuentes de opinión alternativa que den argumentos a favor de demandas de mayor calado. En un momento en que la crisis muestra la incapacidad del modelo para desarrollar respuestas satisfactorias a las necesidades sociales mayoritarias, limitarse a la política del “evitar lo peor”, como se hace en el pacto comentado, sólo sirve para reforzar la sensación de desamparo en la que vive una inmensa mayoría de población trabajadora. La adaptación acrítica a lo real forma parte de la política de sumisión social. Y lo que el momento exige es amplitud de miras transformadoras.