Reforma laboral camino de la Huelga General del 29-M.
Méndez cree que la presión obligará al Gobierno a rectificar
El líder de UGT dice que la huelga no es un pulso de los sindicatos, sino un "envite" de toda la sociedad
Foto: La masiva manifestación de Sevilla ayer…
EP / MADRID
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado este lunes que aunque la huelga general del 29 de marzo se pretenda presentar "como un pulso entre los sindicatos y el Gobierno", se trata de un "envite del conjunto de la sociedad española" para que se dé marcha atrás una reforma laboral cuyas medidas, ha advertido, no desaparecerán cuando acabe la crisis.
Méndez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que los sindicatos brindan a la sociedad española, de la que ellos forman parte, un cauce democrático para expresar su rechazo a una reforma laboral "con la que todo el mundo pierde": los jóvenes, los trabajadores de mayor edad, los temporales, los indefinidos, los parados, etc.
El líder de UGT ha asegurado que ha sido el Gobierno "quien ha provocado" el momento en el que se ha convocado la huelga y ha pedido al Ejecutivo que abandone el doble lenguaje que está manteniendo. "No se puede decir que esta reforma da oportunidades para crear empleo y luego se presenta un cuadro macroeconómico a Bruselas donde el propio Gobierno te reconoce que se van a destruir este año entre 630.000 y 650.000 empleos. Eso tiene que ver con la recesión, pero también con una reforma laboral que facilita el despido", ha añadido.
Méndez ha recordado que mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía que la reforma laboral era "justa, necesaria y equilibrada", el ministro de Economía, Luis de Guindos, confesaba que era "extremadamente agresiva". "Pretenden convertirse en los discípulos más aventajados con este ajuste", se ha lamentado.
El dirigente sindical ha dejado claro además que las reuniones que mantienen con el Gobierno sobre la reforma laboral son de carácter técnico, por lo que no se trata de una verdadera negociación. "Todos los canales que nos brinden los vamos a aprovechar, pero siendo conscientes de que esto no resuelve el problema y que lo que se necesita es una verdadera negociación para no llevar adelante este desafuero", ha dicho.
Méndez cree que, en base a la experiencia, el Gobierno del PP acabará por echarse atrás, pues ya lo hizo en 2002, cuando se rectificó la reforma aprobada por José María Aznar. Además, ha subrayado que el Gobierno de Rajoy es el de las modificaciones y los cambios, ya que ha modificado "de manera vertiginosa" sus promesas electorales.
"Este Gobierno termina haciendo al final lo contrario de lo que dice, y por el rechazo social a estas medidas, al final tendrá que modificarlo como ya pasó en 2002, cuando una hubo crisis de gobierno y una modificación profunda de lo aprobado", ha explicado.
Méndez ve lógico que exista algo de miedo entre los trabajadores por secundar la huelga en unas circunstancias económicas como las actuales, pero ha recordado que esta reforma significa un "antes y un después" y que tras ese después no hay marcha atrás. "Para defender el futuro hay que superar ese miedo puntual de ese día", ha añadido.
Toxo quiere negociar
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado este lunes que sólo se replantaría la convocatoria de huelga general para el 29 de marzo si el Gobierno accede a negociar la reforma laboral, y le ha recordado que se puede aprovechar este mes para ello y evitar así "una escalada del conflicto".
"Tenemos una oportunidad este mes para hacer una negociación. Yo le ofrezco el Gobierno que en diez días nos pongamos de acuerdo sobre cuestiones clave (...) No me voy a situar mentalmente en segundas o terceras huelgas. Prefiero presuponer que el Gobierno va a atender la llamada que estamos haciendo para que abra una mesa de negociación. Así no tendremos por qué plantearnos que pasará después del día 29 y acaso podríamos replantearnos lo del día 29", ha dicho.
Toxo, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha asegurado que no le preocupa el futuro de los sindicatos, sino el de las relaciones laborales en España, y ha insistido en que el país podría "ahorrarse muchos disgustos" si se reconducen las cosas "al punto del que nunca debieron haber salido: a una mesa negociación".
Respecto a las críticas que han recibido los sindicatos haber convocado una huelga general al Gobierno del PP sin haber esperado a que pasaran los 100 días de gracia, Toxo ha respondido que Mariano Rajoy tampoco le ha dado a la ciudadanía ni 100 días antes de poner en escena la reforma laboral "más lesiva de la democracia". "El señor Rajoy es el que ha marcado la agenda", ha precisado el dirigente sindical.
Toxo ha recordado a Rajoy que lo de excusarse en "la herencia" que ha recibido del PSOE para seguir haciendo políticas de ajuste sólo "le puede durar un tiempo", pues "ya está empezando a contabilizar sus propios parados" y hay 16.000 millones de euros en recorte de gasto que "ya no forman parte de la herencia".
El dirigente sindical ha acusado al Gobierno de "estar utilizando de rehenes a los 5 millones de personas en desempleo para agitarlos contra el resto de la sociedad y para vaciar los derechos laborales" y ha pedido respeto tanto a los que decidan secundar la huelga como a los que acudan ese día al trabajo.
"El derecho de huelga es un derecho democrático, que hay que abordar con absoluta normalidad. La gente ha de saber que puede ir libremente a la huelga, evitando coacciones, sean del tipo que sean", ha señalado.
Sobre las críticas que han recibido los sindicatos por hacer coincidir las manifestaciones de ayer con el aniversario de los atentados del 11-M, Toxo ha lamentado que desde el Gobierno central "se esté intentando manipular sentimientos una fecha tan señalada".
El dirigente sindical ha subrayado que el Ejecutivo central no tenía programado ayer ningún acto de homenaje a las víctimas. "No molestaba la fecha, sino las manifestaciones y los objetivos. No hemos mezclado esto en absoluto, quien lo hizo fue el PP a través del ministro de Justicia y luego del ministro del Interior, lo cual me parece lamentable. Da la sensación de que el PP tiene una relación tormentosa con esta fecha y lo que no acepto es que ni el PP ni nadie tenga el monopolio del dolor en España", ha avisado.
Aunque el gobierno no lo vaya a reconocer dudan de la constitucionalidad de varias de las medidas contempladas…
Empleo incumple los plazos de la reforma para reglamentar los despidos colectivos
El Gobierno debía tener publicado ayer un decreto sobre el procedimiento a seguir en los ERE
Empleo explica que demorará los dos decretos hasta después de la tramitación parlamentaria
Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.
Un mes después de aprobada la reforma laboral, el Gobierno debía tener listo y publicado un decreto que regulara los procedimientos a seguir en los despidos colectivos. También la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) tenía que contar con otro decreto al que atenerse en su nuevo papel de árbitro final en los conflictos laborales sobre incumplimientos de convenios. El plazo se cumplía ayer y el BOE no ha publicado ninguno de los dos decretos.
Dice la reforma laboral que cuando una empresa encadene tres trimestres de caídas de ingresos podrá abrir un expediente de regulación de empleo y despedir una parte sustancial de su plantilla, reducir temporalmente la jornada y el sueldo de los trabajadores o mandarles al paro durante un tiempo limitado. Lo que no aclara la reforma es cómo se tiene que acreditar esa bajada en la facturación. De hecho, del Estatuto de los Trabajadores ha desaparecido la frase “la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados […]” y se ha sustituido por “se entenderá que la disminución de ingresos es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”.
¿Qué supone este cambio? ¿Servirá que el departamento de contabilidad elabore un informe? ¿Harán falta las cuentas trimestrales? ¿Tendrán que ir acompañadas de un informe de un auditor externo? ¿Cómo lo acreditará una empresa que solo tiene la obligación de elaborar un balance anual o que no cotiza en Bolsa y no presenta cuentas cada tres meses? ¿Hará falta más documentación?
Todas estas preguntas -“la información a facilitar a los representantes de los trabajadores”, como la define el texto de la reforma- tenía que responderlas el reglamento que debería haberse publicado hoy a más tardar. De momento, no hay respuestas.
La necesidad de este reglamento se acentúa si al cambio en las causas económicas para justificar los despidos procedentes (los que contemplan una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades) se suma la eliminación de la autorización administrativa en las regulaciones de empleo. Hasta ahora, si un ERE llegaba pactado entre el empresario y los trabajadores a la autoridad laboral, ésta tenía la obligación de darle el visto bueno, pero si no había acuerdo tenía la última palabra. Ahora, si no hay pacto, prevalece la decisión del empresario.
El Ministerio de Empleo explica que han decidido retrasar la aprobación de los dos decretos hasta después de la tramitación parlamentaria de la reforma y señala que estas demoras son habituales. Eso fue cierto con la reforma laboral de 2010, cuando el reglamento sobre los ERE se aprobó en junio de 2011, aunque entonces el decreto ley no establecía plazo alguno. De momento, dicen, publicarán esta semana una orden ministerial que aclare la tramitación de los despidos colectivos. No obstante, hay que tener en cuenta que una orden ministerial tiene un rango legal inferior al de un decreto, aprobado en Consejo de Ministros, vía por la que se tramitaron tanto el reglamento de ERE vigente como la reforma laboral.
También tendría que haber visto ya la luz el decreto que regula el nuevo papel de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. La reforma le ha convertido en el juez final –si el conflicto laboral es de ámbito autonómico, entonces asume la tarea un órgano equivalente- cuando una empresa en dificultades intenta incumplir un convenio, no consigue acordar con los representantes de los trabajadores y no hay un arbitraje previsto y pactado previamente en la negociación colectiva.
Ante esta ausencia, hoy podría llegar al caso, hipotético, de que se hubiera dado un enquistamiento en un descuelgue, como se conoce técnicamente a estos procesos, y se hubieran agotado todos los plazos legales (se puede llegar hasta los 22 días). En ese caso, la Comisión consultiva de convenios no tendría un decreto que le dictara su nuevo papel.
No obstante, hay que tener en cuenta que sobre esta medida de la reforma laboral hay muchos expertos que señalan su inconstitucionalidad. En 1981, el Tribunal Constitucional dictó que se ajusta a la ley obligar a sindicatos y empresarios a someterse a un árbitro obligatorio. Basándose en esta sentencia catedráticos de Derecho del Trabajo, abogados, jueces, sindicatos e, incluso, en algunos ámbitos patronales apuntan que esta duda podría solucionarse en la tramitación parlamentaria para ajustarse a la Constitución.
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