56 de los 78 Ayuntamientos asturianos en la encrucijada
Los alcaldes rechazan los despidos impuestos por Hacienda a los ayuntamientos que va a rescatar
21/03/2012, Susana D. Machargo, Oviedo, en La Voz de Asturias
Despedir funcionarios o compartirlos. Esa parece la disyuntiva si se simplifican al mínimo las medidas que enfrentan al Ministerio de Hacienda por un lado y a los ayuntamientos asturianos por otro. El plan del ministro Cristóbal Montoro para rescatar a los municipios con graves problemas de solvencia exige compensaciones a cambio y esas contrapartidas se han concretado en una batería de medidas publicadas el pasado viernes en el BOE, entre las que se encuentran el despido de personal municipal, la rebaja de sueldos o el recorte en las prestaciones. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera que este plan de viabilidad es una “intromisión” en las competencias de las entidades locales, pese a que entienden que el Gobierno debe de pedir garantías antes de concretar la inyección económica. Las alternativas de la federación pasa porque varios ayuntamientos compartan empleados y servicios, como la recogida de basura, por reducir inversiones y gasto corriente y por ampliar los concursos públicos de suministro de material.
Hace unas semanas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzaba un salvavidas a las maltrechas arcas municipales, al anunciar un programa para garantizar la liquidez de los concejos españoles y el pago a los proveedores. De los 78 ayuntamientos asturianos, 56 se acogieron al plan de Montoro y presentaron la semana pasada la documentación necesaria para cursar la solicitud. Los 22 restantes, en principio, no sufren demoras en los pagos. Los otros 56 acumulan una deuda de 81 millones de euros. Aunque la cifra puede parecer muy elevada es, en realidad, solo una pequeña porción de los 9.584 millones que conforman la deuda de las entidades locales en España.
Tijeretazo municipal
Los ayuntamientos tienen ahora un mes para presentar su plan de viabilidad, cómo piensan reconducir sus finanzas para no seguir generando deuda. En ese plan de ajuste es donde nacen ahora las divergencias. El proyecto publicado por el BOE incluye un formulario oficial con 14 apartados sobre la financiación de los servicios públicos que prestan los concejos. Deben detallar cómo van a sufragar servicios públicos básicos de su competencia, como el abastecimiento de agua, el servicio de alcantarillado, la recogida de basuras o el tratamiento de los residuos sólidos, además de detallar el impacto financiero para los próximos 10 años. Los consistorios también deberán aclarar qué van a hacer con otros servicios que prestan pero que, en teoría, no son de su competencia, ya sean sanitarios, educativos o de prestación social. Un ejemplo pueden ser las escuelas públicas de cero a tres años.
El presidente de la FACC, el alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, cree que el detalle con el que Hacienda ha diseñado el plan de viabilidad supone “una intromisión en las competencias de los ayuntamientos”. De Luis entiende que el Gobierno establezca criterios pero no que baje a la arena de la gestión y les imponga medidas tan concretas. Sobre todo, porque los especialistas en la administración municipal saben que para gobernar una entidad local hay que tener en cuenta la singularidad de los territorios y el devenir del día a día.
Otras opciones
Frente al tijeretazo indiscriminado de Montoro, la federación asturiana de concejos exige que, ante todo, se defienda la calidad de los servicios que se presta a los ciudadanos. Antonio de Luis afirma que los funcionarios son necesarios y rechaza el recorte de las plantillas. Entiende que no se contraten refuerzos, que se supriman algunos contratos temporales o que, en casos extremos, se reduzcan los sueldos, pero no que se despida.
La alternativa es usar la cabeza y las herramientas legales que ya tienen a su alcance. Así habla de coordinar a varios ayuntamientos pero sin estructuras mancomunadas que incrementen gastos y burocracia. La idea de compartir servicios queda clara con el ejemplo de la recogida de basura. Varios municipios se pueden unir para sacar a concurso un único servicio, con las rutas que sean necesarias. De Luis dice que la ley también les permite contratar personal a medias, que pase parte de la semana en un consistorio y parte en otro, o con un reparto de jornada por horas.
El resto de los instrumentos son de sentido común: reducir la inversión al mínimo, ajustar el gasto corriente y conseguir atraer a más proveedores de servicios a los concursos públicos, ahora que los ayuntamientos tienen liquidez, para rebajar los precios.
El formulario oficial publicado por Hacienda establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. El Gobierno central también pide que se especifiquen las “subidas tributarias, la supresión de exenciones y las bonificaciones voluntarias”.
Si todo va como Cristóbal Montoro espera, y pese a la avalancha de solicitudes --5.000 en toda España--, los proveedores con facturas pendientes de ayuntamientos morosos podrán comenzar a cobrar en el mes de mayo. A partir de ese momento, comenzarán a funcionar los mecanismos de control. Los interventores municipales deberán entregar anualmente un informe sobre el grado de cumplimiento y, en caso de desviación, el Estado podrá retener parte de las transferencias.
Ahora solo resta por ver qué harán esos 56 ayuntamientos asturianos que necesitan con urgencia liquidez.
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