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Los sindicatos auguran tensión social si el Gobierno no rectifica

Los líderes sindicales reclaman que se "ahorre el espectáculo" con los servicios mínimos cada vez que se convoca una huelga y advierten de que estos no pueden utilizarse como "maniobra" para la "obstrucción" del derecho "fundamental" de la huelga.

nuevatribuna.es

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han pedido este miércoles en Santander a las distintas administraciones que sean "receptivas" a las propuestas de servicios mínimos, y han advertido al Gobierno central de que "tiene la oportunidad de evitar un conflicto" con la fijación de los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo contra la reforma laboral.

En estos momentos, se están negociando los relacionados con los transportes, para los que las centrales sindicales han ofrecido la propuesta "razonable y razona" del 30% que se acordó "in extremis" en 2010, tras recordar que la jurisprudencia posterior ha dictaminado que en otras huelgas se impusieron unos servicios mínimos "abusivos".

En rueda de prensa, Toxo ha reclamado que se "ahorre el espectáculo" con los servicios mínimos cada vez que se convoca una huelga, y Méndez ha advertido de que estos no pueden utilizarse como "maniobra" para la "obstrucción" del derecho "fundamental" de la huelga.

"El derecho del trabajador no debe ser objetivo prioritario sobre el derecho de huelga", ha defendido Méndez, quien ha incidido en que "hay 366 días -contando este año que es bisiesto- para proteger el derecho a trabajo".

Además, antes de un encuentro con delegados sindicales en Santander, el dirigente de UGT ha mostrado su "preocupación" por que el ministro de Interior, Jorge Fernández, "convierta" en su "mente" el ejercicio de un derecho fundamental y democrático "en un conflicto de orden público", por sus alusiones a los incidentes violentos.

Méndez ha incidido en que le preocupa que un político, "cuando oye hablar de huelga, en lugar de ver derechos constitucionales o democráticos, en su mente lo convierta en un conflicto de orden público". "Y si es un ministro de Interior, es para preocuparse", ha apuntado a preguntas de los medios el secretario general de UGT.

"No se puede arruinar sin que tenga coste alguno tres décadas de diálogo social en España de un plumazo", ha sentenciado por su parte el responsable de Comisiones Obreras, quien augura "tensión social" y un "conflicto prolongado en el tiempo" si el Gobierno no rectifica tras la huelga".

En este sentido, Toxo ha sugerido al presidente Mariano Rajoy "que eche un vistazo a su trayectoria", recordando que fue vicepresidente de un Gobierno, el de José María Aznar, que cambió a varios ministros y corrigió medidas tras el decreto que llevó a la reforma laboral. Asimismo, le ha pedido que "rectifique" y "reconduzca" la situación a un "escenario de negociación" en una mesa con los agentes sociales.

Cándido Méndez ve una "correlación directa", "evidente", entre la destrucción de empleo y la reforma laboral, que, según ha añadido Fernández Toxo, ha sido "impuesta", en el marco de la "velocidad de crucero" de otras reformas que "impregnan" la "voluntad política" del Gobierno de Rajoy.

Una reforma que ya ha "penetrado" en el tejido laboral español, según ha apuntado Méndez, quien ha afirmado que se está encontrando un "clima de receptividad" en sus encuentros para explicar el alcance de una reforma en cuyo "epicentro" no está "fomentar la contratación", sino "incentivar aún más el despido".

En la misma línea, Fernández Toxo está comprobando que se ha pasado de un "rechazo mayoritario" a la reforma, a una "voluntad de modificación" en la respuesta a la "agresión a los derechos laborales más intensa practicada por un Gobierno en democracia".

El líder de CCOO ha criticado además que "por primera vez" el Gobierno ha "irrumpido, como un elefante en una chatarrería, en los derechos laborales de los empleados públicos", al abrir la puerta, como "única alternativa", sin plantearse otras como EREs o reducciones de jornada, a los despidos del personal laboral de la Administración (750.000 en toda España).