El enfoque de las consecuencias del incremento de la jornada laboral de los trabajadores de la sanidad no sólo hay que verlo en menos interinos y/o eventuales sino, como se aprecia en el siguiente artículo, también en otros ámbitos organizativos al poder incidir en guardias, jornadas especiales etc.

Aumento de la jornada laboral en sanidad: un conflicto en ciernes

No podemos tolerar se trate de castigar aún más a unos profesionales que ya soportado unos recortes salariales muy importantes

Por Carlos Barra, médico del hospital de Móstoles, que junto con otros 242 médicos firman la nota en el País.

La Asamblea de Madrid aprobó el 28 de diciembre de 2011 la ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley 6/2011), cuya disposición adicional primera establecía un aumento en la jornada laboral de los empleados públicos, que pasaba a ser de 37 horas y media semanales en lugar de las 35 anteriormente vigentes; por tanto todos los empleados públicos tenemos que cumplir la nueva jornada y nadie se opone a ello.

La perplejidad, indignación y el germen del conflicto que se avecina surge cuando las Instrucciones para la aplicación de la nueva jornada, dictadas por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) del Servicio Madrileño de Salud, no pretenden que se cumpla la ley y se produzca el incremento de trabajo ordinario fijado, sino que pretende reducir de forma irregular y, a nuestro entender, ilegal, el salario de la inmensa mayoría de médicos hospitalarios madrileños (reducción de 200 euros mensuales que suponen un 5% del salario). Asimismo pretende recortes de derechos en el conjunto de profesionales y trabajadores del sector, y, como colofón, propicia el despido de numerosos contratos eventuales, que eran y siguen siendo necesarios, para poder dar una asistencia de calidad a la ciudadanía.

El desatino jurídico y administrativo que significan esas Instrucciones se ve confirmado, cuando se indica a las respectivas direcciones de los distintos centros asistenciales que las apliquen sin dotarles de ninguna norma escrita que avalen su aplicación, produciéndose así situaciones kafkianas. Cuando pedimos a esos directivos que se nos notifique de manera individual en base a qué precepto legal se nos pretende reducir nuestro salario o vulnerar nuestros derechos, a fecha de hoy no saben respondernos. Si se nos permite un tono coloquial, tenemos la impresión de que se nos quiere robar la cartera, intentando hacer una aplicación de la ley no ajustada a Derecho, de una forma burda y chapucera, intentando confundir jornada laboral ordinaria con actividades al margen de ella (guardias médicas y actividades a ellas asimiladas, jornadas especiales) y tratando de establecer jornadas laborales diarias obligatorias de 9 horas y media o incluso de 12 horas.

En realidad, la DGRH del Servicio Madrileño de Salud pretende vulnerar el espíritu de la ley promulgada, que en el punto referido a la jornada laboral ordinaria de los empleados públicos exige aumentarla en dos horas y media semanales. Nosotros queremos realizar ese aumento de jornada laboral ordinaria que la ley dispone, pero las Instrucciones de la DGRH lo impide a muchos profesionales y a otros les obliga a hacerlo de forma irregular y presuntamente ilegal. Ciertamente la DGRH no pretende que se cumpla lo que la ley exige, sino que pretende una reducción salarial encubierta y presumiblemente ilegal, junto a una reducción muy importante de efectivos que redundará en una disminución de la calidad de la asistencia prestada a la ciudadanía.

El conflicto está servido, la irritación en los hospitales y centros de salud sube de tono día a día, y si no se produce una rectificación desde la Dirección del Servicio Madrileño de Salud, las medidas de presión van a ir en aumento y no se puede descartar pudiesen llevar a una convocatoria de huelga.

Deseamos se imponga la sensatez en nuestros responsables sanitarios y se eviten conflictos que no deseamos. Queremos se aplique la ley de forma transparente, incrementando nuestra jornada laboral ordinaria al igual que ya se está haciendo en el conjunto de la Administración Pública madrileña y con ese mayor tiempo de trabajo mejorar la asistencia a nuestros ciudadanos, objetivo en el que todos debemos coincidir. No podemos tolerar que se trate de castigar aún más a unos profesionales, que ya han demostrado su solidaridad con la sociedad, habiendo soportado ya unos recortes salariales muy importantes.