Para leer despacio, sobre todo, lo publicado en el BOE de hoy

Los usuarios temen que el copago en fármacos llegue a otros productos

La reforma, que el BOE publica hoy, puede aumentar la renta de los jubilados que pagarían por los medicamentos hasta los 22.000 euros

24.04.12 - DANIEL ROLDÁN | MADRID, en El Comercio.

VER LA PUBLICACION DEL REAL DECRETO EN EL BOE

Los consejeros de las comunidades autónomas, profesores, alumnos o padres pueden leer, desde hace dos días, los cambios que el Consejo de Ministros introdujo el viernes en materia educativa, como la subida de tasas, el aumento de alumnos en Primaria y Secundaria o la eliminación de titulaciones. Unas medidas destinadas, según el Gobierno, a ahorrar unos 3.000 millones este año. Empero, las medidas que pactaron los consejeros de Sanidad con la ministra Ana Mato para reducir el gasto en 7.000 millones no verán la luz pública hasta hoy. Una tardanza que desde el ministerio se achaca a «problemas técnicos», aunque desde los partidos políticos y diferentes organizaciones se atribuye a que la publicación del real decreto esconderá alguna sorpresa.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública puso ayer su atención en la cartera común suplementaria. A falta de leer la letra pequeña de la normativa, aseguró que sacar de las prestaciones públicas el transporte sanitario, las prótesis, las sillas de ruedas, los collarines, el calzado ortopédico o las muletas, «además de una nueva discriminación y una barrera para la atención de salud que afectará a sectores con poca capacidad adquisitiva», tiene como objetivo iniciar un progresivo recorte del Servicio Nacional de Salud (SNS) que acabará con el «carácter universal» del sistema. No obstante, Sanidad baraja la posibilidad de reembolsar parte de este ’alquiler’ si se devuelve en buenas condiciones y colocar un límite de gasto y casos especiales para enfermos más vulnerables.

Esta federación consideró que los acuerdos alcanzados solo son un «globo sonda» para medir la respuesta social antes de «embarcarse en recortes que cambien la naturaleza del sistema». En ese mismo sentido, también criticó el llamado turismo sanitario, que considera que «apenas tendrá repercusión económica y esta dirigido esencialmente a sacar del derecho a la atención a las personas inmigrantes». Por su parte, la Federación estatal de SOS Racismo indicó que esta medida puede perjudicar a medio millón de personas que se encuentran de forma ilegal en nuestro país y que al estar empadronadas eran atendidas en el SNS como un español más.

Esta ONG consideró esta medida como «inconstitucional» y se remitió a una sentencia que el alto tribunal dictó en 2007. «La crisis económica, a pesar de su crudeza, no puede ser excusa para vaciar de derechos a las personas inmigrantes, con lo que ello conlleva de fractura en los principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos fundamentales, como el del acceso a la sanidad», señaló la plataforma en un comunicado.

Pensionistas

Desde el PSOE, su portavoz de Inmigración, Esperanza Esteve, calificó la medida de «mezquindad» mientras que el cambio de la ley de extranjería es aplaudido desde el PP porque se ajusta a la realidad. Otra de las modificaciones que se barajan es subir el límite económico de la gran mayoría de los jubilados, usuarios de ocho de cada diez recetas que se dispensan en las farmacias. La ministra de Sanidad explicó que los perceptores de pensiones no contributivas y los parados de larga duración no pagarían nada por los medicamentos. En cambio, aquellos que percibían hasta 18.000 euros pagarían el 10% de los medicamentos hasta un máximo de 8 euros al mes.

Este límite es probable que se suba hasta los 22.000 euros, la cantidad mínima fijada por el Ejecutivo para hacer la declaración. Los pensionistas que ganen más de esta cifra continuarán pagando un máximo de 18 euros al mes por sus medicamentos.

Por otra parte, la central de compras recibió las críticas de algunas comunidades (Andalucía) y de Gaspar Llamazares. El diputado de IU echó la culpa del elevado gasta farmacéutica a las empresas del sector. «Los principales factores de incremento del gasto son las compañías farmacéuticas y la debilidad de la administración, que ha permitido que esas compañías tengan una acción agresiva dentro del propio sistema sanitario.

En definitiva, eso es lo que explica que nuestro gasto en farmacéutica sea un tercio superior al marco de la Unión Europea», explicó Llamazares, quien dio su particular receta para refinanciar la sanidad: los impuestos generales.