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DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO… (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

Artículo 195.

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

3.  Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 196.

El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

El PSOE estudia recurrir ante el Constitucional el decreto sanitario

Trinidad Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado "en el aire" a los jóvenes mayores de 26 años y mujeres divorciadas que nunca hayan cotizado.

PÚBLICO.ES / AGENCIAS, Madrid, 25/04/2012

El PSOE no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno, al igual que podría hacer la Junta de Andalucía, por entender que es una "agresión" a los derechos constitucionales y que puede vulnerar las competencias de las Comunidades Autónomas.  

La secretaria del Política Social, Trinidad Jiménez ha exigido al Ejecutivo en una rueda de prensa que "responda hoy mismo" sobre si los españoles de 27 años que queden fuera de la unidad familiar y las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social seguirán recibiendo atención sanitaria de forma gratuita.

Las Juventudes Socialistas afirmaron en un comunicado que quedaba restringido "el acceso a la sanidad a quienes tengan más de 26 años y no hayan cotizado" en un comunicado. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad mantienen que estas afirmaciones no son ciertas y en este sentido no se produce "ningún cambio respecto a la situación anterior".

Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado "en el aire" a estas personas al exigir cotizar en este país para ser titular de la tarjeta sanitaria, excluyendo así a los inmigrantes en situación irregular o que no pagan impuestos.

El portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha aseverado que "no hay ética política que justifique dejar sin tratamiento a personas que pueden morir", en alusión a los inmigrantes a los que el 1 de septiembre se les retirará la tarjeta sanitaria.

Por todas estas razones, los socialistas estudian "cuáles son las repercusiones sobre el ordenamiento jurídico español" de este decreto y se mantienen "a la espera" de lo que decida la Junta de Andalucía para decidir si lo recurren ante el Constitucional.