En un coro que comienza a ser unánime sólo desafina, de momento, la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias
Los médicos objetarán contra la reforma sanitaria por «indigna y discriminatoria»
Los facultativos del Simpa anuncian que seguirán atendiendo inmigrantes y el Colegio insta a los usuarios a «declararse insumisos al repago»
06.05.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
La reforma sanitaria ideada y aprobada por el Gobierno de Rajoy para ahorrar 7.000 millones de euros y aligerar así el déficit sanitario en España ha despertado aires de insumisión en Asturias. Insumisión médica pero también, ciudadana. Los facultativos del Principado han anunciado su disposición a declararse objetores ante muchas de las medidas incluidas en el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, entre las que se incluyen la negativa de acceso a la sanidad pública a los extranjeros no regularizados (sólo se permitirá que sean atendidos en urgencias), pero también a los jóvenes españoles de más de 26 años que no hayan cotizado, así como a los desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten estar sin recursos.
Los profesionales sanitarios consultados por EL COMERCIO califican esta reforma de «indigna y discriminatoria» y creen que «constituye un atentado a la Ley General de Sanidad». El Sindicato Médico de Asturias (Simpa) ha confirmado que sus asociados, una buena parte de los facultativos que ejercen en la sanidad pública del Principado, seguirán viendo inmigrantes y personas sin recursos «vengan o no por urgencias. Nosotros no vamos a pedir el DNI a nadie. Nuestro código deontológico nos obliga a prestar asistencia sanitaria a todo el que lo necesite, tenga o no papeles», advirtió el secretario general del Simpa, Antonio Matador, que vaticina «un colapso en los servicios de urgencia de los hospitales».
Desde el año 2000, paradójicamente cuando en España gobernaba José María Aznar (PP), los inmigrantes y también los jóvenes de más de 26 años y los desempleados de larga duración podían obtener su tarjeta sanitaria tan sólo con estar empadronados, al margen de su situación legal en el país. Pero a partir del 1 de septiembre próximo se exigirá disponer de los papeles en regla para poder seguir siendo atendido en los centros de salud o para ser derivados a un especialista. Esta decisión dejará fuera del circuito sanitario ordinario a cerca de 500.000 ’sin papeles’ en el conjunto de España. En Asturias los colectivos de inmigrantes consultados desconocen aún la cifra de posibles afectados.
Resistencia activa
Ante este panorama, «que supone dar veinte pasos atrás en la atención sanitaria en España», opina José Fernández, de la ejecutiva asturiana de Médicos del Mundo, son muchos los colectivos médicos partidarios de rebelarse y de objetar. Los primeros en alzar la voz han sido los profesionales del movimiento ’NoGracias’. Desde esta plataforma sanitaria llaman a los médicos a aplicar la objeción de conciencia y piden a la ciudadanía que ejerza una resistencia activa. «Es inmoral negar un derecho básico y generar una sociedad con dos categorías de personas: las que merecen un trato humano y las que no», recoge el primer punto del manifiesto que estos días circula por las redes sociales. El intensivista Carlos Ponte, miembro de este colectivo y responsable también de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (APDSP), considera «injusto discriminar al más discriminado». Duda este facultativo, que trabaja en una de las UVIs del HUCA, que la reforma sanitaria de Rajoy vaya a generar ahorro alguno. «Más bien producirá todo lo contrario, ya que la gente demorará acudir al médico y sólo lo hará cuando el cuadro sea excesivamente grave».
Similar opinión mantienen en Médicos del Mundo, una asociación en permanente en contacto con el mundo de la inmigración. «Es un retroceso que acabará trayendo consecuencias negativas en materia de salud pública», alertó José Fernández, que teme tener que reabrir el consultorio que la oenegé mantuvo hasta que en el año 2000 se garantizó la atención médica a todos los extranjeros.
Devolver competencias
Por su parte, desde el Colegio de Médicos de Asturias, su presidenta argumenta que los profesionales «no estamos para determinar si un paciente es legal o ilegal. Esa es una decisión administrativa. Nosotros estamos para brindar atención sanitaria a todo el que llegue a la consulta». Carmen Rodríguez no se muestra excesivamente beligerante hacia las restricciones que la reforma sanitaria plantea para inmigrantes o españoles sin recursos. «Todos tenemos que aportar para financiar el sistema de salud», opina. Sin embargo, sí carga las tintas contra otros aspectos polémicos del decreto como es la decisión de agudizar y ampliar el copago farmacéutico incluyendo a jubilados y pensionistas, o la obligación de abonar por servicios hasta ahora gratuitos como los traslados no urgentes en ambulancia. «Eso no es copago sino repago», acusa. La presidenta médica insta a los asturianos «a no pagar ni un euro más hasta tanto sean auditadas e inspeccionadas todas las administraciones sanitarias, donde el despilfarro sigue existiendo», se queja. Rodríguez anima «a que todo el mundo se declare insumiso ante el repago», a la vez que se declara partidaria de devolver las competencias sanitarias al Estado.
«A Rajoy no le importa cuántas personas mueran por todo esto»
Fran es venezolano y vive en Gijón desde 2005. A partir de septiembre no tendrá derecho a recibir los fármacos para su VIH. «¡No sé qué hacer, estoy desesperado!», confiesa
06.05.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Fran entró en los locales del Comité Antisida de Asturias en Gijón con lágrimas en los ojos. Fue hace cosa de una semana. No podía creer lo que le habían contado. Alguien le dijo que desde septiembre los inmigrantes sin papeles, como es su caso, quedaban fuera del sistema sanitario. Adiós médico, pero sobre todo, adiós tratamiento contra el VIH, enfermedad contra la que lucha desde hace veinte años. «Estoy desesperado. No sé qué hacer ni a quién acudir. Sin los antirretrovirales me muero seguro», explica este venezolano de 47 años que reside en Gijón desde 2005.
Fran, que prefiere no dar más datos personales por temor a «tener todavía más problemas para encontrar trabajo», llegó a disponer de permiso de residencia. De hecho muestra con orgullo su carné de conducir, su tarjeta sanitaria y su DNI temporal, al que la Policía se apresuró en hachar por una esquina cuando su plazo legal expiró. Fran ha intentado recabar información «pero nadie me habla claro. Ni la trabajadora social ni en la Oficina del Transeúnte», a donde suele acudir a que le den las recetas para retirar su medicación, que cuesta 509,93 euros mensuales.
En Venezuela, Fran trabajaba de taxista. Decidió inmigrar en 2001 después de que en la ciudad en la que residía, Maracaibo, le asaltaran tres veces. La última «con mucha violencia». Pasó por Inglaterra y Berlín y después de muchas idas y vueltas acabó en Gijón, en casa de un amigo. Sin trabajo y ’sin papeles’, Fran vive ahora en el Albergue Covadonga. «Es muy duro encontrarte así, de repente. Yo emigré en busca de una vida mejor y no me quiero dar por vencido», asegura, esperanzado. Este venezolano ha hecho todo tipo de trabajos y fue víctima también de explotación laboral. «Trabajaba de sol a sol por 400 euros al mes y sin contrato. Un abuso que no podía permitir, por respeto a mí mismo». A Fran no le gusta insultar y mantiene un discurso muy educado y contenido a tenor de la situación en la que se encuentra. Sin embargo, no duda en afirmar que «a Rajoy no le importa cuántos mueran con todo esto».
Para la presidenta del Comité Antisida de Asturias, María José Sánchez, la reforma sanitaria no sólo es un cambio del sistema de salud sino «un cambio ideológico con el que se busca acabar con los más débiles». La Red Comunitaria sobre VIH/Sida del Estado Español considera que estamos ante «una vulneración de los derechos humanos» y anuncia protestas.
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