Cómo no hay mucho margen, las especulaciones sobre los recortes son poco variadas

¿De dónde salen 616 millones de euros?

Los expertos apuntan hacia la rebaja de sueldos públicos, la subida de impuestos y la reorganización de servicios

Foto: Nuestro actual Consejero de Economía (ahora desaparecido) saluda a Montoro,

19.05.12 - D. DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

616 millones. Es el recorte que el nuevo Gobierno de Asturias deberá introducir en sus cuentas para reconducir su cifra de déficit que cerró 2011 en el 3,64%, pero que este año deberá situarse en el 1,5% del PIB. Son alrededor de cien millones menos de lo que costó la ampliación del puerto de El Musel, pero 116 millones más de los que en marzo había proyectado el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy en base a calcular esa minoración del déficit en un 2,14% sobre un PIB fijado en 22.704 millones.

Todo un reto para el nuevo Ejecutivo de Javier Fernández que deberá realizar un importante esfuerzo para contener el gasto y que, según los expertos consultados, llevará irremediablemente a introducir ajustes en sanidad y educación. Además de obligar a poner en marcha una importante reestructuración del sector público que podría seguir la senda que marque la reforma «dura y dolorosa» que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se quiere meter la tijera en lo que consideran una «sobredimensionada» plantilla de empleados públicos que en 2011 superaron los 2,7 millones de personas. Aunque el grueso del ajuste que necesita realizar Asturias vendrá por la vía del gasto, también será necesario incrementar los ingresos, por lo que podría ser necesario tocar algunos tributos. Medidas por el lado de los gastos y de los ingresos, que, al menos sobre el papel, comparten buena parte de las comunidades autónomas

Las únicas que, de momento, no se conocen son las de Asturias ya que el plan de reequilibrio que presentó el actual Ejecutivo en funciones fue el único que no pasó el corte del Ministerio de Hacienda. No obstante, ante la inminente conformación de un nuevo Gobierno, hay quien se atreve a aventurar que el Principado no tardará mucho en decantarse por el modelo andaluz apostando por una nueva rebaja del salario de los empleados públicos de hasta el 5% que contribuya a hacer más llevadero el ajuste.

Teniendo en cuenta que en el Principado existen algo más de 61.000 empleados de la función pública, el recorte podría reportar a las arcas del Principado en torno a 67 millones, si consideramos unos ingresos medios de 22.000 euros anuales por cada funcionario. De ser así, el 10% de la compleja ecuación para obtener 616 millones estaría hecha. Pero el grueso del ajuste, apuestan los expertos, deberá venir por la vía de la reorganización de servicios públicos. Podría plantearse la fusión de algunos centros de salud y la reorganización de áreas sanitarias, aunque esta opción no sería inmediata y podría tardar entre uno y dos años en consolidarse. Lo mismo ocurriría con la educación. De ahí que la reducción de interinos y la paralización de sustituciones en hospitales, ambulatorios y centros educativos que ya ha empezado a ponerse en marcha parezca la opción más factible ante la necesidad de ganar tiempo. Los expertos no descartan, tampoco, que el nuevo Ejecutivo apueste por dar un nuevo tijeretazo a la carrera profesional. Hay que recordar que el último llegó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010.

Freno inversor

El ajuste afectará prácticamente a todas las políticas. Desde el empleo público hasta las inversiones en obras. Por eso, la suspensión de cualquier obra que no sea de emergencia y el recorte de todo tipo de partidas, desde el número de empresas públicas hasta los gastos de protocolo o subvenciones, está más que servido. Lo fundamental, coinciden los economistas, es que los recortes que se pongan en marcha no conlleven cambios en la prestación de los servicios. «Hay margen para hacerlo», asegura el presidente del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente.

La caída de ingresos y la merma de las transferencias del Gobierno central a las autonomías podrían obligar al nuevo Ejecutivo de Fernández a retocar la escala autonómica del IRPF, que podría ir más allá de elevar los tramos que afectan a las rentas más altas. Más impopular, sobre todo por el efecto que tendría en el transporte, sería una subida del céntimo sanitario, que algunos economistas barajan como opción, o incrementar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.