Que en pleno siglo XXI ocurra esto es inverosímil

El cinismo del ministro Ruiz Gallardón

Por Héctor Maravall Gómez-Allende, Abogado

nuevatribuna.es

Siempre me ha sorprendido esa afirmación que algunas personas dicen de que tener un hijo o una hija con discapacidad es una bendición de Dios. Cuando estuve en el Imserso pude conocer con detalle el sufrimiento que muchos tipos de discapacidad, (de los que hasta entonces tenia idea muy somera, como la mayoría de la población), producía en una familia. Sufrimiento, dedicación intensísima, preocupación por el futuro, gastos constantes, renuncias a la vida personal, laboral o social, etc., lo cual no era óbice de que fuera compatible con el amor y el cariño. En definitiva, casi todas las discapacidades graves son dolor para la persona afectada y para sus padres y a menudo todo su entorno familiar.

Por eso resulta de una frivolidad insoportable y de un cinismo terrible las declaraciones de Ruiz Gallardón, ese lobo disfrazado de cordero, sobre la exclusión de la grave malformación del feto como motivo de interrupción del embarazo.

Ruiz Gallardon es un hombre con suerte. Sus hijos viven confortablemente y no tienen problemas de futuro, uno de ellos hemos sabido por la prensa que ha sufrido un percance de delincuencia callejera en Sao Paulo ya tiene un buen puesto de trabajo, que ni podría soñar si tuviera p.e espina bifida.

Yo entendería, aunque no compartiría en absoluto, que el Ministro de Justicia y el PP dijeran que hacen esa reforma legal por razones religiosas, que se lo imponen sus creencias y las de los que los votaron. Y a renglón seguido dijeran que esas mismas convicciones religiosas les llevan a desarrollar una amplia y diversificada política social para ofrecer a las actuales y futuras personas con discapacidad grave y a sus familias todo tipo de recursos sociales y económicos para facilitarles la vida. No compartiría esa política por razones obvias del derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, pero entendería una coherencia religiosa.

Y así tendrían que desarrollar programas de detección y tratamiento precoz de la discapacidad; adaptación del entorno físico del hogar y del transporte; servicios sociales (ayuda a domicilio, rehabilitación, centro de día, adquisición de productos ortoprotesicos…); apoyo para la plena integración escolar con desplazamiento accesible, centros adaptados, profesores y personal de apoyo, itinerarios curriculares especiales, desde la educación infantil hasta la universitaria; tratamiento idóneo en el ámbito de la salud, gratuidad de los medicamentos específicos, apoyo a la investigación medica en el tratamiento y rehabilitación de la discapacidad; adaptación de los transportes públicos, de los medios audiovisuales, de los edificios públicos, incluidos los de ocio, cultura y deporte; impulso publico a la investigación y desarrollo de tecnologías para facilitar la vida cotidiana y el diseño para todos; establecer medidas efectivas y ejecutivas de incorporación a la vida laboral…..

La realidad es justa la contraria. Este gobierno, que no tiene principios morales ni desde luego cumple con los preceptos básicos de la religión católica, desde que ha llegado ha recortado derechos sociales, empezando por la ley de dependencia, el Sistema Nacional de Salud y el sistema educativo. Las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales han restringido al máximo los servicios sociales y en muchos casos han dejado de pagar a Asociaciones de personas con discapacidad o de familiares de personas con discapacidad, obligándoles en unos casos a endeudarse hasta las cejas y en otros a despedir profesionales, cerrar centros o programas. Hemos vuelto a ver, como en los primeros años de la democracia manifestaciones y concentraciones de personas en sillas de ruedas exigiendo derechos sociales.

Y además ni Rajoy ni su gobierno no van a parar en ese camino de recortes sociales, hasta que les paremos nosotros

Que no nos cuenten milongas. Que no jueguen con los sentimientos religiosos. Que no se burlen del dolor de las familias. Y a todo esto no estaría mal que el CERMI (Consejo Español de Representantes de Minusválidos) y las organizaciones de personas con discapacidad o de familiares, dieran su opinión al respecto.

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