No todas lo hacen por lo mismo aunque el resultado, en cuanto a la atención universal, si lo sea

Cinco autonomías se rebelan y darán atención universal a inmigrantes

Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco, contra el peaje sanitario

Foto: UN NUEVO HOSPITAL, CERRADO Y TAPIADO POR LA CRISIS. Iba a inaugurarse en 2009 pero ahora, casi terminado, la Consejería de Sanidad ha tapiado las puertas del hospital comarcal de Llíria (Valencia), que ha costado 30 millones.

El País, Madrid.

El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos. Así lo ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en una decisión basada en su política de recorte de gastos para reducir el déficit.

A 15 días de que la red sanitaria pública desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la España autonómica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal —sin detallar cómo lo piensan hacer— y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria.

Al menos cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno central. Por eso han garantizado en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora.

Desde que fue aprobado el veto a la asistencia sanitaria ordinaria a inmigrantes irregulares, el Ministerio de Sanidad ha ido explicando, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión. Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, Sanidad ha ideado un mecanismo que comunicó a primeros de agosto a las comunidades, que serán quienes tengan que ponerlo en marcha. Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas —con un coste de 700 euros al año por persona— para poder disponer de atención en la red pública.

Esos inmigrantes a los que está destinada esta medida no tienen permiso de trabajo en España y, por tanto, sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anuncia que pasará la factura a sus respectivos países de origen.

Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que dirige Boi Ruiz, todavía no tiene decidido cómo se adaptará al decreto aprobado en abril a través del cual se prevé restringir el acceso sanitario a los sin papeles. En un principio, su intención es mantener un servicio universal, según ha reiterado en las últimas semanas, pero debate cómo hacerlo.

La atención en los ambulatorios catalanes estará garantizada a todas las personas independientemente de que tengan o no sus papeles en regla, según asegura una portavoz de la consejería. El problema que debe resolverse es cómo se atenderá a estos pacientes en los servicios hospitalarios. La Generalitat tiene intención de anunciar en la última semana de agosto cómo aplicará el decreto.

Andalucía ya ha anunciado que no tiene intención de aplicar el cobro de cuotas a los sin papeles, porque, en su opinión, rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España y, además, podría desencadenar problemas de salud pública.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado que su departamento está a la espera de ver sobre el papel el desarrollo de esta propuesta del Gobierno para estudiar si es de obligado cumplimiento para las comunidades. Andalucía no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonomía.

El Gobierno vasco pretende aprobar en su reunión extraordinaria del próximo martes o todo lo más en la siguiente, el decreto con el que responderá a la regulación estatal que obliga al copago farmacéutico y que evitará que al menos los colectivos más desfavorecidos tengan que abonar más dinero por sus recetas.

La Consejería de Sanidad y los servicios jurídicos del Gabinete se inclinan por usar a fondo la vía de los servicios y la asistencia social, sobre la que Euskadi tiene plenas competencias. La intención no es que a esos colectivos se les devuelva después el dinero, “sino que no paguen ni un euro en la farmacia”, según fuentes del Ejecutivo autónomo.

Al tiempo, el Gabinete de Patxi López ultima las alegaciones que presentará al Constitucional contra el recurso presentado por el Gobierno central frente a un anterior decreto vasco que eludía sus disposiciones sobre copago y restricciones en dispensación de la tarjeta sanitaria. Euskadi está decidida a seguir prestándoles asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en la actualidad, pero inicialmente no va a aprobar un nuevo decreto para ello. De esta forma pretende evitar, entre otras cuestiones, la posibilidad de un nuevo recurso del Gobierno de Rajoy al Constitucional que paralice la asistencia a los sin papeles.

Sanidad cree que el actual marco legal vasco ya es suficiente para dar soporte a la atención a inmigrantes y otros colectivos que se quedarán sin atención no urgente a partir del 1 de septiembre.