Que no se confunda al ciudadano con mitos...

“A medio plazo, aumentará el gasto”

El presidente de Médicos del Mundo considera que la pérdida de la sanidad universal tendrá efectos en la salud pública

Foto: Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, ante el edificio del HGA en el HUCA (Oviedo).

Elena G. Sevillano, en El País.

El anuncio es contundente, aunque evita el tremendismo. Una serie de médicos y enfermeros levantan la mano derecha muy solemnes y dicen cosas como: “Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera”. Después se les ve de espaldas, con los dedos de la otra mano cruzados: “Juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca”. El éxito de la campaña Derecho a curar de Médicos del Mundo colapsó la web de la organización el día que se lanzó. Imposible ver el vídeo. “Era el mensaje que buscábamos: impactante, claro y sencillo”, afirma Álvaro González, de 41 años, presidente de Médicos del Mundo. Buscaban una manera de explicar de forma sencilla qué significa el hecho de que el Real Decreto Ley 16/2012, que entra en vigor mañana, excluya a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria pública gratuita. “Esa norma contrapone el juramento hipocrático a la reducción de costes basándose en mitos y falsedades”, señala González, médico internista del hospital de Oviedo que lleva colaborando con la organización desde 2003.

Mito número uno: el colectivo inmigrante sobreutiliza los servicios sanitarios. “Es absolutamente falso. El Gobierno está mezclando a los inmigrantes irregulares con los turistas sanitarios. El inmigrante es mayoritariamente sano y joven. Ha venido en busca de mejores condiciones, pero desde luego no por el efecto llamada de un sistema sanitario gratuito”, opina González. Su organización, que lleva más de dos décadas trabajando para facilitar el acceso a la sanidad a todos los colectivos, ha hecho encuestas en las que menos de un 4% menciona la asistencia gratuita entre las cosas que los empujaron a emigrar, señala.

Mito número dos: restringir el acceso a las personas “no aseguradas” ahorrará costes. “Este decreto es peligroso desde el punto de vista de la salud pública”, empieza González: “Las enfermedades contagiosas no entienden de papeles administrativos. España está entre los países de la UE con la mayor tasa de tuberculosis. Es una enfermedad que se cura al 100%, pero el tratamiento es de al menos seis meses. El que no tiene papeles, que lo pague, dice la ministra. La medida no es eficiente, y esa afirmación la podemos avalar con estudios publicados en revistas prestigiosas como The Lancet. Segregar a los pacientes aumenta los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. Las enfermedades se diagnostican más tarde. A medio plazo, esto supone un incremento del gasto”.

La campaña de Médicos del Mundo, organización que emplea a cerca de 350 personas en España y que gestiona 22 millones de euros —dos tercios provienen de financiación pública; los 24 miembros de la junta directiva no cobran—, se lanzó para apoyar la objeción de conciencia del personal sanitario a la exclusión. Se sumaba a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que habilitó en su web un formulario que envía directamente los datos del objetor a la consejería de salud correspondiente. Hasta ahora, más de 1.650 profesionales (la mayoría médicos de familia) se han declarado objetores por esta vía. El real decreto que introduce la figura del “asegurado” o del “beneficiario” como la única que permite acceder gratis al sistema también ha propiciado la creación de páginas web como yosisanidaduniversal.net, donde se pueden descargar modelos de historias clínicas alternativas y formularios con los que derivar a un especialista o pedir una analítica para un paciente que no consta en ninguna base de datos.

González pide que no se confunda al ciudadano. “El propio Gobierno reconoció el año pasado que la factura del turismo sanitario, que viene de países ricos, fue de 900 millones y que no podían cobrarla por la selva burocrática. ¿Y ahora plantean que se lo van a cobrar a países latinoamericanos o africanos?”.

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