La contrarreforma: Lo más regresivo de la política sanitaria del ministerio entra en vigor hoy

"¿Valen menos los sin papeles en un contexto de crisis económica?"

Los inmigrantes irregulares y el personal sanitario público desconocen cómo se va a implantar el decreto aprobado por el Gobierno que niega el derecho a la sanidad a este colectivo

MARÍA GONZÁLEZ, Madrid, en Público

"¿Qué tenemos qué hacer a partir de ahora?". Esa es la pregunta que se plantean los profesionales sanitarios públicos ante el decreto que entra en vigor este sábado que niega la atención sanitaria a los inmigrantes que no tengan permiso de residencia en España. Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), organización que ha promovido la objeción de conciencia, asegura que "no hay instrucciones" sobre qué hay que hacer con los pacientes, "no sabemos qué va a pasar con los crónicos, con aquellos que tienen cáncer, con los que están ingresados", declara. Nuevos interrogantes se suman a este y el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González Franco, se cuestiona qué va a pasar con estas personas, "¿valen menos en un contexto de crisis económica?", se pregunta.

Los inmigrantes sin papeles tendrán vetado su derecho a la atención sanitaria pública y sólo podrán acceder a ello en caso de urgencia, maternidad y de ser menor de edad. Sanidad ha asegurado que no dejará sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, pero matiza que la atención será financiada por el país de origen si hay convenio de colaboración, en el caso de que no exista, será atendido sólo en el caso de que el médico determine que se trata de un riesgo vital.

Este decreto ha generado una incertidumbre tanto a los inmigrantes irregulares como a los profesionales sanitarios, pues desconocen cómo va a funcionar el sistema a partir de hoy. Josep Basora cree que "seguramente se darán situaciones más o menos agobiantes si esto no se arregla". Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a este colectivo, por lo que sin ella se quedan fuera del sistema. El presidente del Semfyc hace un llamamiento no sólo a los médicos, sino también al personal administrativo, enfermeros y otros profesionales del entorno sanitario para que no nieguen la atención a estas personas, pues "sin un seguimiento, ni pruebas la atención que ofrecemos (los médicos) es muy precaria", asegura.

"Nosotros somos profesionales sanitarios y no entendemos mucho de política, somos médicos y médicos de familia, entendemos a los pacientes, a los que vemos en nuestras consultas", asegura el presidente del Semfyc. "El médico debe organizarse para atender a estas personas sin perjudicar a las otras", subraya.

Objeción de conciencia por parte del personal sanitario

El Semfyc, en un primer momento, envió una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que transmitían su disconformidad con el decreto. Josep Basora recuerda que la relación con este ministerio es "muy estrecha" pues mantienen convenios de colaboración para formar a profesionales. Sin embargo, no recibieron respuesta a esta llamada de atención.

Por ello, decidieron ir más allá y crearon un formulario en el que los médicos que quisieran declararse objetores al decreto podrían inscribirse en su web. Más de 1.800 médicos han firmado esta solicitud y se unen a la protesta contra esta medida que no respeta el código deontológico y el juramento hipocrático de los médicos.

"Lo que no es defendible es la insumisión, pero la objeción de conciencia está contemplada en la jurisdicción", asegura Basora, "el médico objetor está diciendo que va a atender al paciente, tanto si la ley lo prevé, como si no".

Un modelo de aseguramiento para los inmigrantes sin papeles

Médicos del Mundo apoya la campaña de objeción de conciencia que lideró el Semfyc y está "muy en contra de este decreto", pues asegura que "rompe el modelo de atención sanitaria universal que transforma en un modelo de aseguramiento que segrega a los inmigrantes irregulares", asegura su presidente Álvaro González Franco.

"Desde las perspectiva de salud pública, es hasta irresponsable", asegura, "las enfermedades contagiosas no entienden de papeles administrativos".

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha ofertado a todos los inmigrantes sin papeles, incluidos los europeos, pagar por esta atención sanitaria, una propuesta que González Franco califica como "injusta". Asegura, también, que "no va a ser una medida eficiente" como ya han publicado "expertos en salud pública" y explica que "lo que se reduce en atención primaria, se suma al coste por urgencias y especializaciones".

Este decreto puede provocar un colapso en urgencias en perjuicio de todos los ciudadanos, así como los pacientes que no sean diagnosticados en atención primaria acudirán con una enfermedad más avanzada que tendrá que derivarse a un especialista, una atención más cara que la primaria. "Es una medida irracional", critica Basora, "mucha gente piensa que es una medida absurda". "Lo primero es prevenir, luego curar y finalmente paliar", asegura este médico.

Un Real Decreto basado en aspectos "que no son ciertos"

El presidente de Médicos del Mundo asegura que hay falsos mitos sobre los que se apoya este decreto, el primero es que se cree que este colectivo "sobreutiliza el sistema sanitario", una idea falsa ya que "es gente joven y sana que viene a buscar trabajo, no es turismo sanitario". González Franco también señala que no es cierto que "la sanidad pública se sostiene por las cuotas de la seguridad social" y añade que el sistema público se paga a través de "nuestros impuestos" y añade que "tengamos o no tengamos trabajo" estamos contribuyendo.

El perfil del inmigrante sin papeles no es "aquella persona que acaba de llegar en patera", señala, "hay personas que llevan más de 10 años trabajando en España y que con la crisis se han quedado sin trabajo, por lo que no han podido renovar sus papeles".

Más comunidades se suman a la objeción de conciencia

Las comunidades autónomas que han plantado cara al Gobierno de Rajoy son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Navarra, Euskadi, Catalunya y Galicia.

Estas autonomías hablan de desobediencia, no de insumisión, y justifican este comportamiento porque las competencias en materia de salud están transferidas, por lo que pueden aplicarlas a su conveniencia. Por lo tanto, estas comunidades, entre las que hay gobiernos del PP y PSOE, mantendrán la atención primaria a inmigrantes en situación irregular.

153.469 inmigrantes afectados por el decreto del Gobierno

En España, el número de extranjeros residentes asciende a de 5.711.040, según el Instituto Nacional de Estadística, de los cuales poseen el permiso de residencia 5.251.094, según los registros del Ministerio de Empleo.

Son 459.946 personas las que carecen de papeles en España, de los cuales 306.477 proceden de países de la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse. De esta forma, tan sólo 153.469 ciudadanos son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que les afectará el decreto que aprobó el Gobierno en el que se les niega la atención sanitaria por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social. Hasta ahora, estas personas tenían el mismo derecho que los españoles a este tipo de asistencia sólo por estar empadronados.

“Somos personas desechables”

Colectivos de inmigrantes anuncian movilizaciones contra su exclusión del sistema sanitario

Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose donde no se aplique la norma

Pilar Álvarez, Madrid, en El País.

“¿Qué piensan los inmigrantes? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo logro la capacidad de lograr un trabajo, de no enfermarme?”. De forma pausada, frente a las cámaras congregadas en una rueda de prensa en un local del norte de Madrid, Víctor Sáez ha explicado este viernes las inquietudes que pasan por la cabeza de sus compatriotas chilenos y de otros miles de inmigrantes que, en apenas 24 horas, perderán su derecho a la sanidad universal y gratuita con el Real Decreto 16/2012 que entra en vigor en septiembre.

“Hemos pasado de ser personas a personas desechables”, prosigue Sáez, chileno y portavoz de la asociación Violeta Parra. “Se logró lo que quería económicamente de nosotros y al que no sirve, se le expulsa, se le quitan derechos”. Cinco colectivos de inmigrantes han anunciado este viernes movilizaciones y protestas en las próximas semanas para pedir la derogación del decreto que les excluye del sistema sanitario. “Hay una situación de temor muy grande”.

“Hoy somos nosotros, puede que en algún momento vuelvan a ser los gitanos, puede que después los andaluces”, ha añadido el portavoz de Violeta Parra. Planean concentraciones, acampadas y acciones legales con las que pretenden llegar hasta organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Se movilizan contra una medida que consideran “inmoral, injusta y lesiva a la vida”. “Veremos morir a gente en las puertas de los hospitales”, ha dicho Sáez. Según sus estimaciones, más de 700.000 personas se quedarán sin tarjeta sanitaria en España y otros 150.0000 son susceptibles de perder el empleo y la cobertura sanitaria en el corto plazo. Este periódico estima en 150.000 el número de afectados al cruzar datos entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros.

Los portavoces de los colectivos inmigrantes han agradecido “la actitud valiente de los médicos” que han manifestado su intención de objetar y la postura de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía o Asturias, que han anunciado que no aplicarán la ley. Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose a esas regiones. “Si un inmigrante ve trabajo en Andalucía o Cataluña se lo va a pensar seriamente porque tendrá cubierta la salud”.

Alla Didkovska, de la asociación Cumbre Eslava, está preocupada por un caso concreto. Olga Boka, rusa, de 55 años, está ingresada en el hospital madrileño de la Paz con un cáncer de útero. “Lleva tres años en España y no tiene documentación”, ha explicado. Ha sufrido dos operaciones. “No sabemos qué va a pasar con ella a partir del 1 de septiembre, no tiene medios económicos para pagar la cantidad que exige el Gobierno”. Allí, en La Paz, el 13 de septiembre, distintos colectivos de inmigrantes, ong y personal sanitario se concentrarán de 10.00 a 22.00 como protesta.

“A las perronas se nos condena porque no tenemos trabajo”. Andrés Robles, peruano y miembro de la asociación Integrando, ha recordado que muchos inmigrantes van a revivir en España lo que ya sufrieron en sus países cuando se perdió “de a poco” el derecho a la sanidad. “Allí si no tenemos dinero, no nos curamos, así de simple”. “Nos sentimos vulnerados al volver a vivir esta situación”, ha añadido Gilberto Torres, colombiano y miembro de Ferine (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España). “Esto no estaba previsto por ningún español y por ningún inmigrante conociendo la historia y la política social de este país”.

Movilizaciones

Plataformas de inmigrantes y ONG han convocado este viernes una concentración en Bilbao y mañana manifestaciones en distintas ciudades, como Burgos, Lanzarote, Las Palmas y Valencia. La de Madrid parte a las 12.00 del hospital Gregorio Marañón. Para el 13 septiembre convocan una concentración a las afueras del hospital de La Paz, con inmigrantes y personal sanitario de los hospitales de Madrid, de 10.00 a 22.00.