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¿Por qué es importante que la Sanidad Pública cubra también a las personas con mayores ingresos?

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

En el RD Ley 16/2012 y en el RD 1192/2012 en los que se vincula el acceso a la atención sanitaria a la condición de asegurado se excluye explícitamente de la atención sanitaria a las personas con rentas superiores a 100.000 euros al año, dándoles la opción de suscribir convenios especiales de atención sanitaria con los que recibirían asistencia mediante el pago de unas cantidades entre 750 y 1560 euros/año según sean mayores o menores de 65 años, por cierto las mismas que se exigen a los inmigrantes irregulares.

El argumentario oficial viene a decir que la medida se basa en el hecho de que se trata de personas con elevados recursos y que no tiene sentido que el conjunto de la ciudadanía les sufrague la sanidad gratuita. Este argumento supone o mala fe o desconocimiento sobre la financiación de la Sanidad Pública que desde el Pacto de Toledo (1995) se basa en los impuestos y no en las cotizaciones a la Seguridad Social, es más a partir de los acuerdos sobre financiación autonómica de 2001 y 2009 los fondos provienen del IRPF y fundamentalmente de los impuestos sobre el consumo (IVA, hidrocarburos, impuestos especiales,…) de manera que estas personas (las que tienen rentas superiores a 100.000 euros/año) que son las que las declaran a Hacienda, ya cotizan mas en el IRPF y mediante el consumo con lo que su aportación al mantenimiento de la Sanidad es mayor que el del resto de la población (y si se pensase que aún así es insuficiente el mecanismo adecuado seria el incrementar el porcentaje de aportación de los tramos superiores de la renta y/o crear tramos nuevos como se ha hecho en Francia).

Siendo esto así, ¿por qué este empeño de dejarlos fuera de la cobertura pública o al menos de dificultar su acceso? En primer lugar, conviene preguntarse quien obtiene beneficios de esta salida de la cobertura pública de las personas con rentas elevadas, obviamente las compañías privadas de aseguramiento y provisión sanitaria  están sumadamente interesadas en este grupo de población porque son personas que significativamente tienen menos problemas de salud y utilizan menos el sistema sanitario, por lo que el supuesto efecto de disminuir la presión sobre la Sanidad Pública es irrelevante y además se les da una coartada para que no paguen los impuestos que van destinados a la sanidad o consigan desgravaciones fiscales de los seguros privados, que es un conocido objetivo de los gobiernos conservadores (CiU lo ha reclamado  reiteradamente), favoreciendo así la desfinanciación de la Sanidad Pública. Por otro lado, los “convenios” que propone el gobierno para mantener su cobertura pública son sospechosamente similares o mas caros que los seguros privados alternativos.

Pero hay otros puntos clave que aconsejan mantener la cobertura de este grupo de población, mencionaré algunos:

1. La legitimidad del sistema sanitario público. Si se excluye al sector con más poder de la sociedad, no solo económico, ¿cómo van a defender el SNS si para ellos ya es “algo” de lo que no pueden obtener beneficios? Recordemos que por ahora  gran parte de los candidatos a ser excluidos por la vía de renta alta acuden a la pública cuando detectan problemas de salud graves, pues saben que, todavía, en el SNS hay magníficos recursos y profesionales que pueden resolverles mejor sus problemas de enfermedad. Algunos han comprobado en sus carnes cómo se comporta la privada cuando el caso es complejo.

2. El principio de equidad. ¿Porqué potenciar la privada si la pública es más equitativa? ¿Acaso el valor de la equidad, para todos ricos y pobres, no es un valor a defender? ¿Queremos una sociedad con más desigualdad o con menos? Sabemos las consecuencias de la desigualdad, más pobreza, más violencia, más injusticias, más rencor, más odio, más enfermedad,... ¿Es eso lo que queremos? La Constitución habla de los derechos de todas las personas, segmentar derechos por grupos económicos y sociales, es avanzar en la línea de eliminarlos.

3. Garantizar la eficiencia. Si tenemos uno de los SNS más eficientes del mundo (relación calidad/precio) ¿a qué viene introducir medidas como ésta que lo que van a conseguir es que deje de serlo por la vía de la inequidad? Nuestro SNS es uno de los más eficientes del mundo, se pueden consultar los informes al respecto de la OCDE, o del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud (OMS-Oficina Regional para Europa). Eficiente,  lo que significa es mayor calidad a un menor precio, así de forma muy sucinta. En los EEUU, el país dedicaba en 2010 un 17,6% del PIB a gastos de salud, mientras en el nuestro esta cifra se situaba en 2009 en el 7,1% (gasto público. Fuente: OCDE). Y  a pesar de ello nuestros índices de salud superan de manera muy significativa a  los de EEUU. Son mucho mejores con menos de la mitad de gasto. ¿Somos o no somos más eficientes? Lo somos sin duda.

4. Asegurar una cobertura de calidad. También sabemos como se las gastan en las compañías privadas de seguros sanitarios, sus pólizas están cargadas de “letra pequeña” (mas aún que la de las preferentes) y de exclusiones y limitaciones de cobertura. Si tienes más de 65 años te dirán que ya veremos si nos interesa aceptarlo como asegurado, si tienes una enfermedad crónica pues ya veremos que valor le ponemos a la prima, si tienes una enfermedad grave ya veremos hasta dónde cubrimos la asistencia, que vale, que si, que te lo pueden cubrir todo, pero  eso es muy caro También sabemos que si alguna vez necesitamos y usamos los servicios asistenciales del SNS que nadie nos pregunta el tamaño de nuestra cuenta corriente, ni ha condicionado la atención de sus profesionales si eres diabético desde hace años, o si un familiar enfermo de lo mismo, o si vives en Cádiz o en Navarra,  y tampoco te han dicho que si al cabo de 6 meses no estas recuperado que no vuelvas. Quizás deberías saber que la segunda causa de ruina en las familias americanas (las de EEUU) son los gastos derivados de enfermedad, y no estamos hablando de familias sin seguro, no, estamos hablando de familias que tenían algún tipo de seguro médico. Es decir familias que pagaban sus cuotas pero en las que un mal día alguien se pone más enfermo de lo que dice la póliza y entonces comienzan los problemas de tipo financiero. Que si tengo que pedir un préstamo, que si me lo van a dar o no, que si lo podré pagar. Y así cada vez mas hasta ser la segunda causa repito, hasta la insolvencia, ruina, quiebra o apretura del cinturón al máximo (adiós a la universidad de mis hijos, al nuevo coche, etc.). La angustia a la que esta sometida la clase media americana esta bien descrita en películas como “John Q” (2001) de Nick Cassavetes, protagonizada por el actor Denzel Washington. Ejemplos como el reflejado en la película abundan a millones en los EEUU. ¿Le gustaría  a alguien encontrarse en parecidas circunstancias? Estoy seguro que no. Y eso que los chicos del Gobierno  del PP admiran, la libertad de elección que existe en EEUU, un gran país en muchos otros aspectos, es solo libertad directamente proporcional al tamaño de nuestra economía. De las rentas bajas no hablamos pues simplemente están excluidos de la atención sanitaria.

Otra consideración. Deberíamos conocer que cuando el beneficio es el motor casi exclusivo de un servicio no son sino las consideraciones ligadas al mismo las que se imponen. Es la cuenta de resultados la que marca la agenda y eso implica una gestión de personal, entre otras, que significa peores remuneraciones, menos personal cualificado fundamentalmente del lado de la enfermería, y lo más grave la selección de patologías que son rentables y el descarte de las que no lo son, habitualmente derivadas de una u otra forma al sector público, si es que existe.

La retirada de las rentas elevadas del sistema sanitario público tiene pues efectos muy negativos sobre el funcionamiento del SNS y responde a una estrategia bastante clara de potenciar los seguros privados y  “descremar” la cobertura de la Sanidad Pública. Es evidente que desde el gobierno del PP se pretende segmentar el actual sistema sanitario creando un nuevo modelo donde las personas de mayores rentas serian atendidas por los seguros privados (muy probablemente subvencionados mediante desgravaciones fiscales), los trabajadores por cuenta ajena tendrían un sistema de seguro público mas deteriorado y de menor calidad que el actual y la asistencia del resto de la población volvería a depender de un modelo de beneficencia de muy baja calidad,  y conviene recordar la frase de Olof Palme de que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio”, porque eso es lo que pretende la actual contrarreforma sanitaria, el deterioro del sistema público para favorecer los negocios privados a costa de la salud de todos.

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