Por la decisión final de incorporarse a un procedimiento conjunto en vez de habilitar uno propio, como inicialmente se había dicho
El Sespa, que incumplirá el plazo comprometido, espera un acuerdo entre el Ministerio y la Seguridad Social para ingresar el dinero a los jubilados
El Principado devolverá 300.000 euros del copago de fármacos a 50.000 pensionistas
Sólo los jubilados con discapacidad que cobraban una prestación de la LISMI están exentos de pagar sus fármacos
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) deberá devolver a unos 50.000 pensionistas de la región alrededor de 300.000 euros que pagaron de más por sus medicamentos. Ésta es la cuantía acumulada en los dos primeros meses (julio y agosto) de aplicación de la norma que establece el copago de los fármacos por parte de los jubilados. El Gobierno asturiano no podrá, al menos en estos primeros compases, cumplir su compromiso de efectuar las devoluciones antes de tres meses de efectuado el pago. La norma del Ministerio de Sanidad fijaba un máximo de seis meses para llevar a cabo este reembolso.
El Sespa prevé ingresar el dinero de forma directa en las cuentas corrientes de los jubilados. Fuentes del Ejecutivo regional explicaron que para dar este paso es necesario que cristalice un acuerdo de ámbito nacional entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social que permita a este último organismo facilitar al Ministerio los números de cuenta bancaria en los que puede realizar el ingreso.
El Gobierno asturiano había previsto inicialmente habilitar un mecanismo de devolución propio para agilizar los trámites. Sin embargo, finalmente ha decidido incorporarse a un procedimiento conjunto.
El copago de los medicamentos entró en vigor en toda España el pasado 1 de julio. La principal novedad es que, desde entonces, los pensionistas deben abonar un 10 por ciento del coste de sus medicinas, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de su nivel de ingresos.
El problema es que el actual sistema informático de los centros sanitarios y las farmacias no permite determinar cuándo un pensionista ha alcanzado su tope mensual de pago de 8, 18 o 60 euros. Ésta es la razón de que, cuando entró en vigor la nueva normativa, la Consejería de Sanidad del Principado adquiriera dos compromisos: reintegrar el dinero pagado de más en menos de 90 días y poner a punto cuanto antes una aplicación informática que evite el exceso de desembolsos.
Una aclaración que llega muy tarde
Gijón / Oviedo, C. J. / P. Á.
Un error causado por la improvisación, y que el Gobierno asturiano achaca al Ministerio de Sanidad, ha llevado al gijonés José Abad Fernández, de 68 años y afectado por una incapacidad permanente, a realizar una auténtica peregrinación en busca de lo que inicialmente se había anunciado: que los jubilados con discapacidad verían primada su condición de minusválidos y, por consiguiente, recibirían sus medicamentos de forma gratuita.
Ayer, la Consejería de Sanidad aclaró a este periódico que, en realidad, el Ministerio se ha retractado de la primera información que había facilitado y ha determinado que sólo están eximidos de pagar aquellos discapacitados que venían percibiendo una prestación con cargo a la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido). Sin embargo, ayer mismo, en la página web de la Consejería aún figuraba la aseveración de que para los jubilados aquejados de minusvalías «lo que prima es la minusvalía y, por tanto, estarán exentos de aportación».
Esta aclaración llega muy tarde para José Abad. La discapacidad le impide trabajar desde 1996. Un accidente laboral en su trabajo como encofrador le provocó varias limitaciones orgánicas y funcionales que derivaron en la obtención de una prestación por dicha incapacidad. Se le asignó una pensión vitalicia equivalente al cien por ciento de su base reguladora anual.
Pero con la implantación del copago sanitario, el pasado julio, llegó la primera sorpresa: en su farmacia le pidieron que abonara un 10 por ciento de la factura. Esgrimió su certificado de invalidez ante el Sespa, pero «me trataron de muy malas formas y me dijeron que estaba todo correcto», explica.
José admite que tiene capacidad económica para asumir el gasto, pese a lo cual se plantó «por una cuestión de derechos». Desde entonces está en «huelga farmacéutica». No ve viable que muchas personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan afrontar una aportación del 10 por ciento cuando deberían formar parte del grupo de usuarios exentos de aportación.
Discapacitados y enfermos crónicos se han convertido en las grandes víctimas de la reforma sanitaria, sostiene este vecino de Gijón, dispuesto a seguir adelante con «cualquier contencioso» hasta obtener una respuesta favorable.
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