Esa cruda realidad que, dicho sea de paso, siempre supera a la ficción, ¡¡que nunca estuvo ni en el programa ni en las declaraciones de los dirigentes del PP!!
Lo que decía el PP sobre el copago
Lasquetty pretende ahorrar 83 millones con el euro por receta
El consejero de la Comunidad de Madrid niega que el copago farmacéutico y la privatización de servicios en seis hospitales supongan el fin de la sanidad pública
PÚBLICO/AGENCIAS, Madrid, 01/11/2012.
El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha asegurado hoy que la implantación del euro por receta y la privatización de los servicios sanitarios de seis hospitales no supondrán el fin de la sanidad pública madrileña. Eso, a pesar de reconocer también que el presupuesto de este año se ha reducido 7% con respecto al año anterior, hasta quedarse en 7.108 millones. No obstante, esa cantidad, ha añadido, representa el 49% del presupuesto de la comunidad, por lo que "la sanidad seguirá siendo la mayor prioridad del Gobierno regional", ha prometido.
En rueda de prensa, Lasquetty ha detallado estas medidas aprobadas ayer por el Gobierno de la comunidad, así como la cuantía de ahorro que los nuevos tijeretazos supondrán para la economía madrileña. Así, según sus cálculos, el nuevo copago farmacéutico del euro por receta supondrá un ahorro de 83 millones de euros; a los que se sumarán, según el consejero, otros 150 millones una vez se haya materializado la nueva central de compras, que permite adquirir un mayor volumen de productos sanitarios a precios más bajos, informa Efe.
A pesar de las críticas recibidas, tanto por parte de la oposición, como -desde hace tiempo- por parte de los usuarios de la sanidad, Lasquetty ha defendido el euro por receta, una medida iniciada en Catalunya y contra la que la propia Esperanza Aguirre arremetió en un principio. Imitando al nuevo presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, Lasquetty ha argumentado no que se trata de una medida "recaudatoria", sino "orientada a racionalizar y disminuir el gasto farmacéutico".
El titular de Sanidad ha insistido en que el objetivo del cobro de un euro por receta es "ajustar el consumo de medicamentos a las necesidades reales de la población". En esta línea, Lasquetty ha explicado que en julio la región se situaba un 15% por encima de la media europea en gasto de medicamentos. "Y no estamos más enfermos que los europeos", ha apostillado. Además, ha subrayado que desde que se implantó esta medida en Catalunya, el gasto farmacéutico ha caído un 27% entre junio y septiembre, mientras que en Madrid sólo se ha reducido en un 18%.
Por otro lado, Lasquetty ha insistido que el coste máximo para los ciudadanos será de seis euros al mes (72 euros al año por usuario), con lo que se impone "un umbral de protección a pacientes crónicos o polimedicados". Además, no se cobrará el euro cuando el precio del fármaco sea inferior a 1,67 euros y de la medida quedarán exentos los mismos grupos de personas que no tienen que hacer aportación al pago de medicamentos: parados de larga duración que no perciban subsidio, los perceptores de pensiones no contributivas y de rentas de integración social, los afectados de síndrome tóxico, los discapacitados y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Asimismo, Lasquetty también ha tranquilizado a los profesionales farmacéuticos, ya que ha asegurado que este sistema de pago no supondrá ningún coste añadido para ellos porque se incorpora dentro de la receta electrónica que estaba ya previsto que entre en vigor a principios del año que viene. Igualmente, ha garantizado a los farmacéuticos el pago de las recetas "en tiempo y forma, al igual que este año".
Con el beneplácito de Ana Mato
Lasquetty ha indicado también que el Ministerio de Sanidad -dirigido por Ana Mato- manifiesta su respeto a una decisión de la Comunidad ejercida en el marco de sus competencias para hacer frente a la crisis. "Ellos hacen reformas y nosotros también", ha recalcado el consejero de Sanidad para recordar que no se interpuso ningún recurso contra Catalunya ni se pidió la suspensión cautelar de esta medida cuando se aplicó, informa Europa Press.
Por otro lado, Lasquetty ha avanzado los detalles de otras medidas acordadas ayer que hacen referencia a la gestión hospitalaria. El titular de Sanidad ha prometido que se sacará a concurso la prestación de la asistencia sanitaria especializada para los seis hospitales que externalizarán servicios (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) y ha destacado que la Consejería quiere que sean los propios profesionales sanitarios los que gestionen directamente el 10% de los centros de salud.
El consejero madrileño también ha resaltado la transformación del Hospital de La Princesa en un centro hospitalario especializado en la atención de personas mayores de 75 años, una medida que no ha gustado a sus trabajadores. Una treintena de sanitarios de dicho centro han accedido al hall de la Consejería de Sanidad -donde se ha celebrado la rueda de prensa- para manifestarse y mostrar su desacuerdo con la citada conversión.
González dibuja un nuevo mapa sanitario
No quedará ningún hospital de gestión puramente pública
Uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas
Se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región
Elena G. Sevillano, Madrid, en El País
Un anuncio tan llamativo y tan mediático como el euro por receta es capaz de dejar en segundo plano casi cualquier otra cosa. Sin embargo, y pese a la trascendencia de obligar a pagar, sin diferenciación de renta, un euro por cada medicamento que se compre en la farmacia, lo que el Gobierno de Ignacio González contó ayer en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos es una auténtica revolución en el panorama sanitario de la región. El PP madrileño nunca ha ocultado su preferencia por avanzar hacia la gestión privada de la sanidad, pero lo revelado ayer por González es un acelerón como no se había visto en los nueve años de Esperanza Aguirre en el cargo. Primera conclusión: ya no va a quedar ni un solo hospital de gestión enteramente pública.
En realidad, las decisiones del presidente no hacen sino culminar, de golpe, el camino emprendido por la presidenta, que cuando llegó a Madrid encontró una veintena de hospitales tradicionales, gestionados directamente por la Administración, que contrataba a médicos y enfermeros, pero también a celadores y administrativos. En sus nueve años en el cargo abrió diez hospitales nuevos: ninguno construido por el Gobierno regional. Siete son propiedad de las empresas constructoras que los levantaron, que gestionan todo lo no sanitario y cobran un canon por ello. El personal sanitario sigue siendo cosa de la Administración. Hasta ahora. Seis de esos siete centros (el Puerta de Hierro se ha quedado fuera) pasarán a ser enteramente privados.
El cambio —se entiende que dejarán de ser empresa pública; la Consejería de Sanidad rehusó informar ayer y remitió a una comparecencia hoy— afectará a unos 5.500 profesionales, según fuentes sindicales, que añaden que la intención del Gobierno regional es ofrecerles pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. Toda una oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias: entre los seis hospitales suman unas 1.250 camas. Solo la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente 300 millones de euros (307 en 2011) para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.
El panorama, por tanto, queda así: a los tres centros que ya nacieron siendo de gestión privada (Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón) se suman otros seis. Casi uno de cada tres hospitales madrileños estarán en breve en manos de empresas. Los que mantienen su carácter eminentemente público también se verán afectados por la nueva ola privatizadora que ha llegado de la mano de los presupuestos: todos los hospitales tradicionales externalizan lo que no es sanitario: lavandería, restauración, mantenimiento... En realidad, el lúgubre futuro laboral de los 1.500 trabajadores interinos de estas categorías ya se conoció en junio pasado, cuando la Comunidad los declaró como “oficios a extinguir” dentro del ajuste de 1.000 millones de euros que tuvo que hacer a sus presupuestos de 2011.
Pese a todas estas novedades, que significan que la Administración se retira cada vez más de la gestión directa del servicio y prefiere pagar a un privado para que lo preste, el cambio decisivo se ha producido en la atención primaria: en los centros de salud. Por primera vez, Madrid va a externalizar el 10% de los más de 400 ambulatorios de la región. Ignacio González puso ayer como ejemplo las EBA (entidad de base asociativa) catalanas, en las que una cooperativa de médicos gestiona el presupuesto anual del centro. Pero es solo un ejemplo. Lo cierto es que el Servicio Catalán de Salud sacó a concurso el 20% de sus casi 400 ambulatorios y solo en 12 casos ganaron su gestión las EBA. El resto las llevan consorcios, fundaciones, etc.
Ninguno está en manos de empresas, pero podrían haberlo estado de haberse presentado al concurso. Ya en 2008, en una jornada en el hotel Ritz titulada “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, el entonces consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, contestó a preguntas de los empresarios sobre la gestión de los centros de salud, una bicoca para ellos puesto que son la puerta de entrada al sistema. Una de las ponencias era: “La atención primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?”. Ayer, cuatro años después, se supo que sí. Valencia tomó esa decisión hace años, cuando tuvo que rescatar sus hospitales de gestión privada: les aumentó el canon e incluyó la primaria.
Puede que en muchos casos los ciudadanos no asistan directamente al alboroto sanitario que se avecina, pero sí lo harán los pacientes de dos grandes hospitales de la capital: el Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas (VIH-sida) y tropicales, y La Princesa, un centro general con cerca de 40 especialidades. El primero se convierte en centro de media y larga estancia; el segundo se especializará en geriatría. Sus miles de pacientes tendrán que cambiar de hospital.
Por el contrario, en Cataluña, mientras estén en campaña electoral…
El PP catalán ’respeta’ que Madrid cobre un euro por receta pero exige a Mas que lo suprima
El Mundo.
El PP catalán ha acogido con discordancia la noticia de que la Comunidad de Madrid implantará el pago de un euro por receta médica para, de esta manera, seguir el camino de Cataluña, comunidad donde el impuesto lleva funcionando desde el pasado 23 de junio con el propósito de recaudar 50 millones de euros para reducir el déficit que acumula la sanidad pública.
La presidenta y candidata del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado este jueves que su formación “respeta” que Madrid empiece a cobrar a los ciudadanos un euro por receta, pero exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que suprima el impuesto en Cataluña.
La líder de los ‘’populares’’ ha hecho estas declaraciones a los periodistas en un acto preelectoral del PP catalán celebrado en un puesto de castañas situado junto al mercado de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
A pesar de que la Comunidad de Madrid haya tomado la decisión de implantar la medida del euro por receta, el PP catalán sigue pidiendo al Govern que suprima la medida del euro por receta “porque en Cataluña se puede racionalizar el gasto y porque es preferible que retiren muchas subvenciones dirigidas a determinadas instituciones a que hagan pagar doblemente” a los ciudadanos por las prescripciones médicas.
La candidata del PP a las elecciones catalanas del 25 de noviembre ha defendido que “cada comunidad toma sus decisiones” y ha insistido en que la Generalitat “tiene margen para reducir el gasto, pero le interesa más dar subvenciones a determinados medios y fijar que los ciudadanos paguen el doble por las recetas”.
Cuestionada sobre si el impuesto podría extenderse a otras regiones gobernadas por el PP, Sánchez-Camacho ha manifestado que “eso depende de cada comunidad autónoma, porque en Madrid se han tomado otras medidas para reducir el gasto público en otros ámbitos, tal y como ha pasado en las Baleares, donde se han suprimido todas las empresas públicas”. Por el contrario, ha remachado, “eso no se ha hecho en Cataluña, donde a Mas le interesa más subvencionar entidades y embajadas”.
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