En la estrategia de ganar tiempo para ver si todo esto se enfría
El Gobierno aprueba hoy las medidas sobre desahucios sin acuerdo con el PSOE
El umbral de renta para evitar el desalojo se fijará en 19.000 euros
El País, Madrid.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este jueves, vía real decreto ley, las medidas sobre los desahucios. El Ejecutivo dará luz verde a unas medidas que ha negociado durante tres días con el PSOE en busca de un acuerdo, aunque han tropezado en la reforma de la Ley Hipotecaria, con lo que el Gobierno ha decidido seguir adelante con el real decreto. Uno de los puntos en los que hay consenso es en el de fijar el umbral de renta para evitar el desalojo en 19.000 euros.
Entre las medidas se prevé que se incluya aprobar una prórroga de dos años en los desahucios de los colectivos más vulnerables y aumentar el umbral previsto en el código de buenas prácticas de las entidades financieras aprobado este año para que renegocien las hipotecas con los afectados. El Gobierno ha decidido que puedan beneficiarse de ello las familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone en la actualidad unos 1.600 euros mensuales (el IPREM mensual está en 532,51 euros).
También hay intención de aumentar el umbral para evitar los desahucios teniendo en cuenta el valor del precio de las viviendas
Según el actual código de buenas prácticas de las entidades financieras, las familias con todos sus miembros en paro pueden evitar el desahucio si el valor de la vivienda no supera los 200.000 euros. La intención es aumentar progresivamente ese umbral y, en casos concretos, como podría ser el de familias numerosas, incluso duplicarlo, según las fuentes consultadas por Efe.
Esta misma mañana, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha explicado en la Cadena Ser que ha habido avances, "pero todavía no son suficientes, y en algunos no está claro todavía qué va a hacer el Gobierno. No tenemos un texto y, por lo tanto, es muy difícil saber. Los detalles son fundamentales". Valenciano ha señalado que lo que el PSOE quiere es “que la gente no pierda su casa por una dificultad sobrevenida a causa de esta crisis; que pueda renegociar con el banco su hipoteca, su deuda, como hacen los bancos, los Estados y las empresas; que se cambie la ley para que esto que sucede ahora no vuelva a suceder, y que haya un plan de vivienda social para las personas que han perdido su casa”.
Y es que los socialistas abogan por establecer una moratoria para los desalojos que afecte a una parte amplia del colectivo más desfavorecido, mientras el Gobierno apuesta por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se trata de un decreto con las medidas "más perentorias y más urgentes" que den solución al drama de los desahucios.
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha indicado que las medidas para frenar los desahucios no afectarán al alquiler ni se aplicarán con carácter retroactivo. Ha precisado que el Ejecutivo trabaja en medidas que afectarán a primera vivienda y a un colectivo "bien acotado".
El Gobierno y el PSOE tropiezan en la reforma de la Ley Hipotecaria
Los socialistas piden más control de las cláusulas abusivas sobre desahucios
Ambos partidos fijan en 19.000 euros el umbral de renta para evitar el desalojo
Iñigo de Barrón, Madrid, en El País
El sector financiero ha concedido hipotecas por valor de 931.000 millones de euros, según las últimas cifras oficiales. Y los créditos impagados solo han llegado al 3%, es decir, todavía la morosidad no se ha desbordado desde un punto de vista general, aunque cada día que pasa empeora la situación. Pero la brutalidad de los desahucios, que golpea a los más desfavorecidos, ha obligado a revisar la legislación: el Gobierno y el PSOE llevan tres días discutiendo los cambios, pero no se ponen de acuerdo con la profundidad de la reforma de la Ley Hipotecaria. El Ejecutivo aprobará hoy un real decreto con medidas urgentes para paliar el drama social.
Los socialistas admiten que ha habido avances importantes porque el Ejecutivo ha aceptado “muchas” de sus propuestas, tanto sobre las medidas urgentes como sobre la reforma de la Ley Hipotecaria. Pero advierten de que quedan aspectos importantes por cerrar sobre “los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria, así como la tramitación de la reforma de la ley”.
El Gobierno no quiere ir demasiado lejos, después de escuchar al sector financiero que si los cambios son muy radicales se podrían encarecer los créditos y dificultar el acceso a la vivienda. Ambas formaciones, no obstante, sí acordaron ayer fijar el umbral de renta para evitar el desalojo en 19.000 euros, según Europa Press.
En lo que sí está de acuerdo el Ejecutivo es en ser más vigilante y expeditivo con la operativa bancaria en estos préstamos. Los responsables jurídicos de las entidades están atentos a cualquier modificación, mientras el lobby bancario hace su trabajo.
Fuentes bancarias comentan que “si el Gobierno de Zapatero no cambió esta ley cuando pudo es porque fue consciente de que podía tener consecuencias graves”. Sin embargo, las críticas de la UE y los jueces han demostrado que existen claros abusos.
Otro punto de discordia es que el PSOE aboga por establecer una moratoria para los desalojos que afecte a una parte amplia del colectivo más desfavorecido. El Gobierno apuesta por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos.
El PSOE teme que si no se incluye a las unidades familiares que ingresan 1.600 euros mensuales o menos, “puede que no se ayude a los que ahora están afectados por los desalojos y la reforma no valga para nada”, según fuentes socialistas. La cifra de 1.600 euros es tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), la referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros.
El Ejecutivo distingue entre quienes pueden beneficiarse de las ventajas del nuevo código de buenas prácticas y los que puedan acogerse a la moratoria en el pago de la hipoteca.
El PSOE también quiere establecer un plazo superior a los dos años para estas medidas, mientras que La Moncloa apuesta por fijar ese tope. La Asociación Española de Banca (AEB) fue la primera en hacer público que sus entidades paralizan los desahucios por dos años. Fuentes del sector financiero consideran que, en el fondo, establecer dos o tres años de moratoria no es muy relevante porque siempre se puede revisar.
La AEB puso dos años porque entendía que será el tiempo que necesitará la economía para recuperarse y aliviar el problema del paro e, indirectamente, de los desahucios”.
En lo que sí están de acuerdo las dos partes es en limitar los casos de dación en pago, es decir, que con la entrega de la casa se salda la deuda hipotecaria. Cuando suceda esto, debe quedar claro que se perderá la propiedad de la vivienda.
La banca afirma que teme el “efecto sonajero”, es decir, que las modificaciones legales permitan que aquellos cuya hipoteca sea superior al valor actual de la casa, utilicen argucias para entregar las llaves y olvidarse de la deuda. Sin embargo, las asociaciones ciudadanas sostienen que este problema existe por las erróneas tasaciones hechas por la banca. Y es un argumento difícil de rebatir, en muchas ocasiones.
El Gobierno asturiano reserva un parque de viviendas para alojar a familias desahuciadas
El acogimiento será temporal y gratuito, dentro de un plan de medidas urgentes que aprobará hoy el Principado
15.11.12 - A. M. GONZÁLEZ / A. SUÁREZ | GIJÓN, en El Comercio.
El Gobierno del Principado reservará un parque de viviendas para acoger a familias desahuciadas en situación de «extrema necesidad». La medida estará incluida dentro de un plan de acciones para paliar los efectos de los desahucios en Asturias que aprobará hoy el Consejo de Gobierno. El alojamiento de las familias en las viviendas que pondrá a su disposición el Ejecutivo será gratuito y tendrá un carácter temporal, con un plazo que estará fijado previamente por la propia Administración conforme a las condiciones sociales de sus beneficiarios.
El plan también recoge, además de una serie de medidas de carácter normativo que están siendo analizadas por los servicios jurídicos del Principado, la creación, de forma inmediata, de una estructura de asesoramiento personalizado a familias que estén envueltas en un proceso judicial y que puedan perder su casa como consecuencia del impago de la hipoteca. Este servicio que ofrecerá la Administración regional estará atendido por letrados y técnicos de vivienda, que se encargarán de ofrecer toda la información necesaria sobre los derechos que tienen aquellas personas a la hora de enfrentarse a una situación de desalojo.
La batería de medidas que aprobará hoy el Ejecutivo que preside Javier Fernández serán paliativas y tendrán efectos retroactivos, de tal manera que algunas de las familias que ya han sido víctimas de desahucios y que carecen en estos momentos de techo para vivir puedan acceder a alguno de los pisos que reservará el Principado para tal menester, en colaboración con los ayuntamientos. El Principado no está llevando a cabo desahucios en el parque público de viviendas por asuntos de impago.
El debate social sobre los desahucios ha cogido vuelo en las últimas semanas. Prueba de ello son, por ejemplo, las recientes concentraciones de los colectivos contrarios a esta práctica frente a las sedes del PSOE y el Partido Popular en Gijón.
La Junta General del Principado también ha abordado la problemática de la vivienda a través de una iniciativa de Foro en la que planteaba la reforma de la ley hipotecaria para avanzar hacia la dación en pago. La iniciativa fue rechazada con el voto en contra de PSOE y PP y la abstención de UPyD, con el argumento de que se trata de una cuestión sobre la que el Parlamento carece de competencias.
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