El catedrático emérito de la Universidad Complutense, José Manuel Ribera Casado, critica la intención de privatizar la sanidad madrileña

Sanidad, regreso al pasado

Artículo publicado en El País hace dos días.

Escribo cargado de nostalgia, pero, sobre todo, de desesperación. Desde antes incluso de la Ley General de Sanidad del 1986, presumimos de tener uno de los sistemas sanitarios más envidiados y más equitativos del mundo. A que fuera así contribuyeron muchos factores. Entre otros la confluencia en la España de los 70 de dos circunstancias muy positivas: la creación de una red amplia y dotada de nuevos hospitales públicos y la implantación del sistema MIR. Sobre todo, creo que fue decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos para dotarnos de un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La Ley General de Sanidad no hizo sino oficializar el sistema.

Hoy todo ello se desmorona. Con el pretexto de los recortes se apuntan argumentos que juegan al equívoco por no calificarlos de falaces. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid resulta demostrativo y merece unos comentarios. No me referiré a las formas, carentes del más mínimo respeto al ciudadano, donde el lógico diálogo con las partes interesadas previo a cualquier decisión de un calado como las que se están tomando, se ha sustituido por el ordeno y mando de épocas pretéritas. Tampoco a la inequidad y desprecio al colectivo de más edad que representan medidas como las del euro por receta. Ni siquiera comentaré la aberración de querer cerrar el hospital de La Princesa.

Me centraré en el tema de la privatización, una palabra que parece quemar a nuestra administración. La primera reacción es negar la mayor: no se privatiza, se externaliza. Curioso que todo el mundo lo entienda de otro modo. Lo confirman los profesionales que salen masivamente a la calle o se declaran en huelga, las asociaciones, todos los sindicatos del sector, las sociedades científicas, las firmas de más de 600 jefes de servicio y de cerca de un millón de ciudadanos madrileños, y hasta el propio Colegio de Médicos en una de las más duras declaraciones que se recuerdan. ¿Estaremos todos confundidos? Así lo afirman por activa y por pasiva el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno. Negar la evidencia resulta muy difícil. No hace mucho tiempo el anterior Consejero de Sanidad requería públicamente a las entidades privadas del sector para comentar lo que según la propia convocatoria denominaba “oportunidades de negocio” en el campo de la sanidad madrileña.

Si hay negocio, ¿por qué renunciar a él?... aplíquense los beneficios a mejorar el sistema

Si hay negocio —y lo de “externalizar” la gestión debe serlo, porque en caso contrarío no interesaría a ninguna entidad privada—, ¿por qué renunciar a él?. Aplíquense los beneficios a mejorar el sistema y no al lucro ajeno. Descartada por inmoral —y por delictiva— la hipótesis de querer favorecer a amigos o a determinados grupos empresariales, apenas quedan dos interpretaciones posibles. Confesión palpable de incompetencia manifiesta, o asunción consentida de una peor calidad, bien por reducirse las prestaciones ofrecidas, bien por hacerlo el alcance de las mismas.

Lo de la incompetencia parece que se asume sin ningún rubor. Sólo así se entiende que el Consejero de Sanidad critique las nóminas de los empleados públicos y hable de rigidez en la gestión. A partir de ahí no debería llamarle la atención que estos mismos empleado se rebelen contra sus propuestas. Sus afirmaciones sugieren el deseo de quitarse de encima personas y sueldos y dejar que sean las nuevas empresas gestoras quienes lleven la voz cantante en este terreno. En todo caso los datos nos indican que tanto a nivel hospitalario como en atención primaria el número de profesionales por habitante está bastante por debajo de la media europea. Además, la administración tiene recursos funcionales suficientes para exprimir el rendimiento de sus empleados y modificar en sentido positivo horarios, prestaciones, etc. en la medida en la que lo considere más adecuado para lograr esa mágica eficiencia a la que tanto se invoca. Las grandes diferencias existentes en el propio sistema en cuanto a rendimientos comparados de unos y otros centros pueden ser utilizadas como instrumento.

Renunciar a actuar representa una dejación de funciones, se mire como se mire. Ya es curiosa la referencia a Zapatero de Fernández-Lasqquety. Zapatero nunca ha tenido competencias sobre la sanidad de Madrid, ni fue a él a quien se le ocurrió la peregrina idea de sacar votos llenando la periferia de Madrid de unos hospitales que ahora parecen no hacer falta. Y si la alusión es para decir que “no hizo nada”, esa es la vía escogida por el gobierno regional. Los políticos están para resolver los problemas no para quitárselos de encima.

Si con la “externalización” se pretende resolver un problema de costes y ello va a generar beneficios económicos a terceros, caben muy pocas interpretaciones. Todas malas para el devenir del sistema: reducir personal y sueldos, limitar prestaciones, y/o establecer criterios de exclusión total o parcial en el acceso a la salud para determinados colectivos que, por cierto, siempre suelen ser los más desfavorecidos: pobres, emigrantes o pensionistas.

Un par de comentarios finales. Argumentar con el peso de los votos no es de recibo. No lo es tanto por el hecho de que las decisiones propuestas se oponen a las que aparecían en el programa del partido gobernante, cuanto por el desprecio hacia esos votantes cuando se hace oídos sordos a una protesta que alcanza niveles de clamor. Por último llama la atención el silencio de la Administración central. Un silencio que sólo cabe interpretar como cómplice de quien observa los resultados de un experimento que, previsiblemente, pretende generalizar en todo el estado.