Toda la oposición, en un hecho inédito, formalizará el recurso de inconstitucionalidad contra la medida
Báñez califica de "sensata" la no actualización de las pensiones
La ministra reitera que el recorte a las prestaciones es fundamental para poder garantizar el abono de las pagas y el cumpliento del objetivo de déficit
EUROPA PRESS, Madrid, 13/12/2012
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este jueves que las decisiones sobre pensiones que ha adoptado el Gobierno, es decir, la no actualización de las pensiones conforme al IPC de noviembre tal y como proponía la anterior legislación, son "sensatas" y que "no se pueden evitar ni aplazar". A su juicio estas medidas de recorte son fundamentales para poder garantizar el pago de las pensiones y el cumpliento del objetivo de déficit.
La titular de Empleo y Seguridad Social ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en el Pleno del Congreso en defensa de la convalidación del decreto ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social.
"Podemos pensar sólo en las necesidades de hoy, pero debemos pensar en las de hoy y en las de mañana y anticiparnos a ellas con responsabilidad", ha dicho Báñez, reclamando "responsabilidad" a la oposición porque "la prioridad es sacar a España de la crisis". Además, ha mandado un mensaje de "tranquilidad responsable" a los pensionistas porque sus nóminas "están garantizadas ahora y en el futuro".
"Tomamos estas medidas con el convencimiento de que estas reformas son los empleos y las garantías de nuestras pensiones de mañana. Estas medidas son el camino correcto para salir de la crisis fortalecidos. Les aseguro que en la revalorización de las pensiones hubiéramos querido llegar más lejos, pero hemos llegado tan lejos como nos ha sido posible. Son decisiones difíciles pero ponderadas y destinadas hasta el último día a hacer frente a nuestros compromisos del pago puntual de las pensiones y al cumplimiento de los objetivo de déficit como país", ha apostillado.
Toda la oposición presentará un único recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de suspender la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC.
Europa Press, 13 de diciembre de 2012
El Real Decreto-ley sobre pensiones en el que se incluye la suspensión de la paga compensatoria a los pensionistas por la subida del IPC de este año será convalidado previsiblemente este jueves en el Pleno del Congreso con el único apoyo del PP, tras conocerse que toda la oposición recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional.
La norma, que contempla además la modificación de la ley reguladora del Fondo de Reserva de las pensiones para disponer de más recursos para pagar las pensiones, ha sido muy criticada desde todos los Grupos Parlamentarios y desde los sindicatos, que también están intentando impugnarla ante el Tribunal Constitucional por medio de la Defensora del Pueblo.
CC.OO. y UGT, que han mantenido en los últimos días reuniones con las formaciones políticas para que "planten cara" a este decreto, consideran "injusta, inútil y perjudicial para la economía", además de "inconstitucional", la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones este año en función del IPC.
Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una de las decisiones más "dolorosas" que ha tenido que tomar en aras a seguir reduciendo el déficit público, todos los grupos de la oposición han cerrado un acuerdo para recurrir juntos el decreto ante el TC.
Según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, finalmente se presentará un único recurso, encabezado por el PSOE y al que se sumarán diputados de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV, UPyD y partidos del Grupo Mixto.
Interponer un recurso de inconstitucionalidad desde el Parlamento requiere la firma de un mínimo de 50 diputados por lo que habitualmente sólo el primer grupo de la oposición, en este caso el PSOE, tiene capacidad suficiente para ello.
La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, confirmó el martes el recurso del PSOE al considerar que el decreto ley es "ilegal e inconstitucional" porque conlleva una aplicación retroactiva de las leyes, lo cual "está prohibido por la Constitución".
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