Comienza la poda del sector público

El Gobierno regional lleva a la Junta el primer proyecto de reforma de las sociedades y empresas del Principado, que culminará a lo largo del año con otras dos leyes más

Lne.es » Asturias Oviedo, Pablo GALLEGO

 El Principado ha sacado finalmente la tijera para comenzar la poda del sector público autonómico. El Consejo de Gobierno, en su reunión extraordinaria de ayer, acordó llevar ya a la Junta General el primer anteproyecto de ley de reforma del conjunto de fundaciones, organismos y empresas públicas del Principado. Un proceso que se completará, a lo largo del año, con otras dos iniciativas legislativas más. El objetivo, «reforzar la eficacia de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos e impulsar el ahorro», explicó ayer el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, aunque aún es pronto, reconoció, para precisar el montante final de ahorro. Con estos recortes, aseguró el Consejero, no se «sacrificará la calidad de las prestaciones» ni los empleos. «No es el objetivo provocar despidos o ERE en la Administración», aseveró Martínez, «se busca la eficiencia y mantener el empleo estructural».

Será con la llegada del anteproyecto a la Cámara cuando los grupos parlamentarios puedan analizar el proyecto del Gobierno. Ni los llamados «socios prioritarios» del Ejecutivo, IU y UPyD, han tenido acceso al texto, según afirmó ayer el Consejero. Eso sí, una vez el documento comience su tramitación en la Cámara, el Principado estará «abierto a aportaciones constructivas» que mejoren el texto actual, que están seguros de sacar adelante.

El primer afectado por el recorte será el Instituto Asturiano de Estadística. Este organismo, en el que se colocó a la ex consejera de Cultura Encarna Rodríguez tras su salida del Gobierno, desaparecerá «en consonancia con el programa nacional para eliminar duplicidades», explicó Martínez. La consignación presupuestaria del Instituto para 2013, 1,45 millones de euros, «será contabilizada como ahorro», aclaró el Consejero, para cumplir el plan económico-financiero (PEF) remitido al Ministerio de Hacienda.

Las otras tres liquidaciones previstas en el anteproyecto afectan a las empresas Ditasa (que explota el hotel La Rectoral de Taramundi, de la que se hará cargo el Ayuntamiento), GITPA (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias) y Parque de la Prehistoria, al considerar que ya ha cumplido su «objetivo social»: la construcción del Museo de la Prehistoria de Teverga, inaugurado hace ya más de cinco años.

Más complicada, por el contexto económico en el que se desarrollará, parece la venta de las acciones de la empresa pública Sedes, dedicada al sector inmobiliario -que construyó el Niemeyer y realiza ahora la ampliación del Museo de Bellas Artes-, y de la que el Principado posee el 40%, más una participación indirecta del 20% a través de la Sociedad Regional de Promoción. El Gobierno también pondrá a la venta sus acciones en Hoasa, empresa que explota el Hotel de la Reconquista de Oviedo, gestionado por Meliá. El Principado posee el 45,17% de las acciones de esta empresa, más otra participación indirecta del 5,78%, de nuevo a través de la Sociedad Regional de Promoción.

La primera poda al sector público la completan la revisión del objeto social de la empresa Serpa (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias), que acota sus funciones a asuntos relacionados con el medio rural, y dos fusiones: la de Bomberos con el 112, para constituir el nuevo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y la de la Sociedad Regional de Turismo (SRT) con la sociedad Recrea (Gestión de Infraestructuras Turísticas y Culturales).

A pesar de las quejas de la oposición por el, dicen, «sobredimensionado» sector público regional, el consejero de Presidencia insistió ayer en que es «pequeño» en comparación con otras regiones. El ajuste que se iniciará con este anteproyecto de ley se debe, explicó Martínez, a que «la Administración debe adaptarse a una realidad muy diferente a la que se vivía años atrás».

La reforma del sector público reducirá el número de directivos y limitará sus sueldos

El Principado aprueba el primer proyecto de ley, que suprime, fusiona y reorganiza once entes, y sostiene que el impacto sobre el empleo será «el mínimo posible»

El Comercio. 04.01.13 - 00:33 -ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO.

El Ejecutivo recela de la reforma del mapa local y pide poner el foco sobre las diputaciones

El Principado echó a andar ayer la reforma de su sector público con un primer proyecto de ley de reestructuración que afecta a once empresas y que se completará antes de que termine el año con otras dos iniciativas legislativas. Esta primera, que contempla actuaciones como la fusión del 112 y Bomberos o la venta de las acciones que el Ejecutivo tiene en Sedes, tiene ya el visto bueno del Consejo de Gobierno e iniciará en breve su tramitación parlamentaria. El proceso se culminará con una ley que regule la actividad de este conjunto de entes y organismos y que reducirá el número de cargos directivos y limitará sus salarios.

En una reunión extraordinaria, la primera de 2013, el gabinete socialista dio luz verde al primero de esos tres proyectos, en un intento por «reforzar la eficacia de los servicios que se prestan a los asturianos y hacerlo al menor coste posible y sin sacrificar su calidad», en palabras del portavoz, Guillermo Martínez. El Gobierno impulsa esta reordenación «ante las circunstancias de crisis y restricción presupuestaria», pese a que entiende que el sector público regional es «reducido y acomodado a las necesidades de los asturianos».

El proyecto contiene las medidas avanzadas en los últimos meses. Se suprime el Instituto de Estadística, se venden las participaciones en Sedes y Hoasa, se liquidan Ditasa, Gitpa y Parque de la Prehistoria, se revisa el objeto social de la Sociedad de Servicios y se unifican en un solo ente el 112 y Bomberos, por un lado, y la Sociedad Regional de Turismo y Recrea, por otro. El dinero destinado a estos organismos en el presupuesto de 2013 se consignará como ahorro. Aunque el Idepa, principal herramienta de promoción económica, estaba inicialmente incluido en el paquete, su reordenación ya se está llevando a cabo de forma individual al no ser necesario hacerlo por ley.

En un segundo proyecto, previsto para el primer semestre, se fusionarán las fundaciones ligadas a la I+D+i, así como los organismos que conforman el ente autonómico de comunicación. Y para el segundo semestre queda esa ley que reducirá altos cargos, limitará sueldos y también la composición de los consejos de administración.

Martínez eludió cifrar tanto el ahorro que se logrará como el número de puestos de trabajo que se verán afectados. El Ejecutivo asume que habrá pérdida de empleos, básicamente de personal interino, aunque promete trabajar para que el impacto sea «el menor posible». No es el objetivo «ni provocar despidos ni un ERE en la Administración», dijo. El proyecto se remite a la Junta, donde el Gobierno está «abierto a aportaciones constructivas que lo mejoren», especialmente de sus aliados de IU y UPyD.

Por otro lado, el portavoz mostró los recelos del Principado ante la reforma del mapa municipal que prepara el Gobierno central e instó a poner el foco y volcar el ajuste sobre las diputaciones.

Comienza la poda del sector público

El Gobierno regional lleva a la Junta el primer proyecto de reforma de las sociedades y empresas del Principado, que culminará a lo largo del año con otras dos leyes más

Las otras dos leyes del Principado.  Asturias

La Nuena España.  Oviedo, Pablo GALLEGO

El Principado ha sacado finalmente la tijera para comenzar la poda del sector público autonómico. El Consejo de Gobierno, en su reunión extraordinaria de ayer, acordó llevar ya a la Junta General el primer anteproyecto de ley de reforma del conjunto de fundaciones, organismos y empresas públicas del Principado. Un proceso que se completará, a lo largo del año, con otras dos iniciativas legislativas más. El objetivo, «reforzar la eficacia de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos e impulsar el ahorro», explicó ayer el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, aunque aún es pronto, reconoció, para precisar el montante final de ahorro. Con estos recortes, aseguró el Consejero, no se «sacrificará la calidad de las prestaciones» ni los empleos. «No es el objetivo provocar despidos o ERE en la Administración», aseveró Martínez, «se busca la eficiencia y mantener el empleo estructural».

Será con la llegada del anteproyecto a la Cámara cuando los grupos parlamentarios puedan analizar el proyecto del Gobierno. Ni los llamados «socios prioritarios» del Ejecutivo, IU y UPyD, han tenido acceso al texto, según afirmó ayer el Consejero. Eso sí, una vez el documento comience su tramitación en la Cámara, el Principado estará «abierto a aportaciones constructivas» que mejoren el texto actual, que están seguros de sacar adelante.

El primer afectado por el recorte será el Instituto Asturiano de Estadística. Este organismo, en el que se colocó a la ex consejera de Cultura Encarna Rodríguez tras su salida del Gobierno, desaparecerá «en consonancia con el programa nacional para eliminar duplicidades», explicó Martínez. La consignación presupuestaria del Instituto para 2013, 1,45 millones de euros, «será contabilizada como ahorro», aclaró el Consejero, para cumplir el plan económico-financiero (PEF) remitido al Ministerio de Hacienda.

Las otras tres liquidaciones previstas en el anteproyecto afectan a las empresas Ditasa (que explota el hotel La Rectoral de Taramundi, de la que se hará cargo el Ayuntamiento), GITPA (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias) y Parque de la Prehistoria, al considerar que ya ha cumplido su «objetivo social»: la construcción del Museo de la Prehistoria de Teverga, inaugurado hace ya más de cinco años.

Más complicada, por el contexto económico en el que se desarrollará, parece la venta de las acciones de la empresa pública Sedes, dedicada al sector inmobiliario -que construyó el Niemeyer y realiza ahora la ampliación del Museo de Bellas Artes-, y de la que el Principado posee el 40%, más una participación indirecta del 20% a través de la Sociedad Regional de Promoción. El Gobierno también pondrá a la venta sus acciones en Hoasa, empresa que explota el Hotel de la Reconquista de Oviedo, gestionado por Meliá. El Principado posee el 45,17% de las acciones de esta empresa, más otra participación indirecta del 5,78%, de nuevo a través de la Sociedad Regional de Promoción.

La primera poda al sector público la completan la revisión del objeto social de la empresa Serpa (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias), que acota sus funciones a asuntos relacionados con el medio rural, y dos fusiones: la de Bomberos con el 112, para constituir el nuevo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y la de la Sociedad Regional de Turismo (SRT) con la sociedad Recrea (Gestión de Infraestructuras Turísticas y Culturales).

A pesar de las quejas de la oposición por el, dicen, «sobredimensionado» sector público regional, el consejero de Presidencia insistió ayer en que es «pequeño» en comparación con otras regiones. El ajuste que se iniciará con este anteproyecto de ley se debe, explicó Martínez, a que «la Administración debe adaptarse a una realidad muy diferente a la que se vivía años atrás».

Investigación y RTPA

En el primer semestre de este año el Principado presentará la segunda parte de la reforma del sector público. En ella se incluirá la agrupación, en una sola, de todas las sociedades que el Principado dedica a la I+D+i, además de la fusión, también en una, de las tres sociedades que componen la Radiotelevisión del Principado (RTPA).

Un nuevo marco legal

Ya en el segundo semestre de 2013 el Ejecutivo regional elaborará una nueva ley del Sector Público, que regulará la estructura de los diferentes entes y establecerá, entre otros asuntos, la relación de cargos directivos, los límites en su régimen retributivo y el número de miembros en sus diferentes consejos de administración.