No sólo para pagar las multas sino, principalmente, para defender el derecho de manifestación vía judicial
El 15-M diseña la 'caja de resistencia 2.0' para luchar contra las identificaciones masivas
La asamblea del 15-M de Arganzulea comienza a tejer redes con plataformas afines para crear una "herramienta colectiva" para pagar las multas por identificaciones en manifestaciones y "pasar a la ofensiva" contra la represión
Foto: Un manifestante es identificado por la policía durante la "marcha fúnebre" contra los PGE de 2013 en Madrid.
JAIRO VARGAS, Madrid, en Público.es
En total, desde que en la Puerta del Sol nació el movimiento 15-M, hace año y medio, la comisión Legal de Sol, formada por abogados afines al movimiento, ha recurrido 306 procedimientos sancionadores. Multas que normalmente llegan unas semanas después de que una persona sea identificada por la policía en una manifestación no comunicada, de esas que Delegación del Gobierno denomina "ilegales" al no haber sido notificadas previamente.
La estrategia disuasoria que el Gobierno está empleando para reducir el número de protestas o de participantes en las mismas conlleva, en la mayoría de los casos, multas no inferiores a 300 euros, por lo que en este periodo en el que la presión popular y la desobediencia civil han ido en aumento, bien contra desahucios, contra subidas de impuestos o por la privatización de la sanidad (entre otras muchas), manifestantes, activistas o simples transeúntes en el lugar equivocado se enfrentan a un montante cercano a los 100.000 euros, como mínimo, sólo en sanciones administrativas.
Hacia soluciones desde el "procomún"
Ante la imposibilidad para muchos de los sancionados de abonar una multa de la que, en la mayoría de ocasiones, no son merecedores, han surgido iniciativas que tratan de hacer frente al problema de una forma común.
La asamblea popular del 15-M del madrileño distrito de Arganzuela optó por dar una solución colectiva a las multas de algunos de sus miembros. La pasada semana inició una campaña de crowdfounding, recogida de donaciones económicas a través de internet, para pagar las multas de cinco de sus miembros. Kike, Olga, Oscar, Carlos y Jorge fueron identificados y sancionados por acudir a distintos actos de protesta, algo que consideran "una situación injusta y opresiva" ya que "es natural que la gente se oponga y proteste" ante la actual situación de recortes sociales en la que está inmerso España y, en general, el sur de Europa.
Un éxito mayor al esperado
La campaña tuvo "un éxito mucho más grande del que esperábamos", reconoce Álvaro, coordinador de la campaña. En apenas tres días, no sólo recibieron donaciones por valor de 1.639 euros (mínimo marcado), si no que ya han recaudado más de 2.700 euros cuando aún es posible hacer donaciones durante otro mes más.
La idea surgió en esta asamblea de barrio, más que como un medio para pagar las multas, "como un experimento de cara a desarrollar una plataforma descentralizada para paliar la represión que sufrimos los que nos manifestamos pacíficamente", como un medio para pasar de la pasividad a la "ofensiva", explicaba Álvaro.
En vista del gran apoyo que el experimento había cosechado, desde la asamblea popular de Arganzuela decidieron que había llegado el momento de organizarse en una herramienta más amplia "que no se dedique sólo a pagar las multas, sino a recaudar dinero para poder agotar la vía de recurso administrativa y optar por la judicial, para sentar precedentes, crear jurisprudencia" y poco a poco ir ganando la batalle legal contra "los responsables de esa represión" y "denunciar cuando se exceden en sus funciones siguiendo consignas políticas", explica Álvaro.
En este contexto, la asamblea ha comenzado una ronda de contactos con diferentes colectivos y plataformas afines, para logar una herramienta que creen fundamental "para el pro-común" y que "cortocircuite su estrategia represiva" en un escenario donde "es necesario más que nunca".
Aún no se sabe cuándo estará lista esta "caja de resistencia 2.0", "apenas hemos empezado la ronda de contactos y reuniones que será larga, no hay nada definitivo ni mucho menos", dice Álvaro, pero insta a "demás asambleas de barrio y colectivos a replicar esta estrategia, para la que tendrán todo nuestro apoyo", porque "es más fácil colaborar con lo que puedas por internet que asistir a una fiesta, con la que se fuerza al consumo para, simplemente obedecer y pagar la sanción".
Un nuevo eufemismo del PP: Llamar a la opresión concienciación…
El Gobierno multa a los indignados para 'concienciarles'
Cree que las sanciones pecuniarias, de hasta 300 euros, llevarán a las personas multadas a colaborar con las Fuerzas de Seguridad
A.M., Madrid, 11/01/2013, en Público.
El Gobierno ha justificado las multas económicas de hasta 300 euros que impone a participantes en las últimas manifestaciones de indignados en que sirven para "concienciar" a los sancionados en el respeto a las normas.
El Ejecutivo agrega que las sanciones son también un acicate para que los multados pasen a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Así lo refleja el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que preguntó por las sanciones administrativas que se generalizaban contra los manifestantes que protestan contra los políticos y otros estamentos.
"La sanción administrativa a la que se hace referencia -contesta el Gobierno- tiene como objeto concienciar del deber de cumplimiento con la normativa vigente y de colaboración con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
En el mismo documento, el Gobierno asegura que no criminaliza las manifestaciones sino que "cumple y hace cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de manifestación, que no suspende, sino que concurre con el resto de los derechos contenidos en nuestra Norma Fundamental".
"Por lo tanto -añade-, ningún miembro del Gobierno ha estigmatizado o criminalizado reunión o manifestación alguna". Asimismo, defiende que la identificación de manifestantes por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se ciñe estrictamente" a las previsiones recogidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que ampara esas actuaciones cuando sean necesarias para la labor policial.
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