Lo nuestro está en el trámite de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, previo a la formalización del recurso por parte del gobierno central
El Constitucional deja en suspenso el tributo catalán a la banca, similar al de Asturias
El portavoz del Ejecutivo regional acusa al Gobierno de Rajoy de «expropiar a las autonomías» su capacidad normativa en materia fiscal
Foto: Montoro y Sáenz de Santamaría, ayer, durante la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
Nuevas incertidumbres sobre el impuesto a la banca. El Tribunal Constitucional dejó ayer en suspenso el tributo catalán a los depósitos, similar al que el Gobierno del Principado aprobó en la última semana del pasado año y que ha incluido en los Presupuestos de 2013 con una estimación de ingresos de 30 millones de euros. El Ejecutivo regional, a la espera de conocer el dictamen encargado por el Consejo de Ministros al Consejo de Estado sobre la medida, «está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para defender una tasa» que salió adelante mediante la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento asturiano. El gabinete de Javier Fernández acusó al de Mariano Rajoy de «expropiar a las autonomías» la capacidad normativa propia que tienen para decidir sobre determinados impuestos.
El Constitucional notificó ayer la providencia que admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y que conlleva automáticamente la suspensión temporal del cobro del nuevo tributo a las entidades bancarias. La Generalitat catalana dispone ahora de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime oportunas. La comunicación del tribunal al Gobierno que preside Artur Mas no altera la estrategia del Ejecutivo asturiano, que está a la espera del dictamen encargado por Rajoy al Consejo de Estado sobre un recurso idéntico contra el impuesto a los depósitos bancarios, que entró en vigor en Asturias el pasado 30 de diciembre. «El impuesto de Asturias es legal y constitucional. La defensa de esa constitucionalidad ocupa la labor de nuestros servicios jurídicos», afirmó ayer el portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez.
El Gobierno regional fundamenta la creación del nuevo impuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional que dio validez al tributo sobre los depósitos bancarios promovido por la Junta de Extremadura en 2002. Aquella decisión del Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) fue recurrida por el Consejo de Ministros que presidía entonces José María Aznar (PP). La sentencia del Constitucional dando validez al tributo autonómico en contra de las tesis del Gobierno central llegó diez años después, en noviembre de 2012. De inmediato, Izquierda Unida de Asturias instó al Gobierno regional a incorporar esa nueva figura fiscal, el impuesto sobre los depósitos bancarios, que deben pagar las entidades financieras y no los clientes, en los Presupuestos regionales de 2013. Esta demanda se convirtió en una de las piezas clave de la negociación presupuestaria, en la que el PSOE necesitaba el apoyo de la coalición y también el de UPyD para sacar adelante su proyecto de cuentas y superar la situación de prórroga presupuestaria en la que permaneció la Administración asturiana durante 2012. Finalmente, PSOE e IU acordaron la incorporación a las cuentas de este ejercicio de un ingreso de 30 millones de euros por el impuesto a la banca en un Presupuesto necesitado de vías de financiación extras, ante las limitaciones de endeudamiento impuestas por Madrid para cumplir el techo del déficit del 0,7 por ciento.
Los servicios jurídicos del Principado niegan la mayor de que el tributo asturiano colisione con el estatal, uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno central y por su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar el recurso contra el tributo del Principado. El impuesto asturiano se acomodó al puesto en marcha por Extremadura y, por lo tanto, no altera la unidad de mercado ni la libre circulación de capitales, tal como reconoció el Constitucional en su sentencia de noviembre pasado.
Los informes jurídicos que obran en poder del Gobierno asturiano también tienen dudas sobre el impuesto de gravamen cero incluido por el Gobierno central en la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, después de que varias autonomías, entre ellas Cataluña y Asturias, anunciasen su intención de crear nuevos impuestos para gravar a los bancos. El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, achacó ayer al Ejecutivo de Rajoy la intención de «expropiar a las comunidades autónomas una competencia propia, creando un impuesto no para recaudar, sino para bloquear las competencias de las comunidades autónomas».
Los servicios jurídicos también creen que habría base para reclamar una compensación económica en el caso de que el Tribunal Constitucional dé validez a la creación del impuesto estatal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya se ha mostrado contrario a indemnizar a Asturias por ese impuesto. «De no ser compensada, Asturias sufriría una situación de desigualdad» respecto a otras autonomías que tienen reconocido ese derecho como Extremadura, Andalucía y Canarias.
El Constitucional suspende el tributo bancario de Cataluña
El Principado prepara ya su defensa; Javier Fernández dice que el Gobierno «no se atreve a que los bancos paguen impuestos, prefiere que lo haga el ciudadano»
17.01.13 - J. A. GARCÍA / A. SUÁREZ / I. GÓMEZ | OVIEDO / NAVIA, en El Comercio.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso planteado por el Gobierno central y ha suspendido la aplicación del impuesto a depósitos bancarios aprobado el pasado noviembre por la Generalitat, que estimaba recaudar cada año 500 millones de euros con este gravamen. El Ejecutivo catalán tiene ahora 15 días para presentar alegaciones a una decisión que puede acarrear también consecuencias para Asturias.
El Principado aprobó la aplicación de un tributo similar a las entidades financieras que entró en vigor el pasado 29 de diciembre, tres días antes de que lo hiciera el impuesto estatal a tipo cero. Ante este desafío, el Gobierno de Rajoy adoptó la misma estrategia que con el tributo catalán y anunció la pasada semana la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no se ha formalizado, a expensas de conocer el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Después de hacerse pública ayer la resolución sobre el gravamen catalán, pocos dudan de que el impuesto asturiano podría seguir el mismo camino.
No obstante, cabe precisar que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo central para reprobar sendos gravámenes fueron diferentes, no tanto en el fondo sino en la forma. Desde el Gobierno central sostienen que la actuación de la Generalitat fue ilegal porque el impuesto fue aprobado por decreto y por un Gabinete en funciones. En el caso de Asturias, los motivos fueron otros. Según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, una comunidad no tiene capacidad para aprobar en la ley de presupuestos un nuevo tributo. Tesis esta, por cierto, rebatida desde el Principado. Así lo creen los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que trabajan ya en un informe donde exponen las razones de Asturias para defender su tributo ante la oposición del Gobierno central.
El Principado, por boca de su portavoz, Guillermo Martínez, avanzó ayer algunos de sus argumentos. El primero, la legalidad de un impuesto «avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional». El segundo, su inclusión en el presupuesto regional para 2013, lo que lo convierte no en un gravamen defendido únicamente por el Gobierno sino por la Junta General como institución. El Ejecutivo recuerda, además, que entró en vigor a finales de 2012, antes que el tributo estatal, que lo hizo el pasado 1 de enero.
Al conflicto se refirió el presidente regional, Javier Fernández. Antes de participar en una reunión con dirigentes locales del partido en Navia, tildó la actuación del Gobierno central de «fraude de ley, extorsión a la capacidad de las comunidades para imponer tributos y deslealtad institucional flagrante». El Ejecutivo actúa así, dijo, «sencillamente porque no se atreve a que los bancos paguen impuestos y prefiere que lo hagan los ciudadanos».
La Generalitat aprobó su tasa por decreto; Asturias, con una ley
Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
El Gobierno asturiano siempre ha puesto énfasis en una diferencia, a su juicio, más que significativa entre el tributo a la banca puesto en marcha en el Principado y el promovido por la Generalitat catalana. El Gobierno autonómico de Artur Más aprobó su tasa a través de un decreto, un procedimiento considerado menos garantista, ya que es asumido en solitario por el Ejecutivo. En Asturias, el impuesto sobre los depósitos bancarios se incorporó al debate de la ley de Presupuestos y salió adelante con los votos a favor de los grupos parlamentarios del PSOE, IU y UPyD. Es decir, el tributo del Principado ha contado con el visto bueno de la mayoría absoluta del Parlamento regional, 23 diputados. Foro y PP se opusieron.
VER DOS NOTICIAS ANTERIORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS DE HACE 3 DIAS:
0 comentarios