Se avecina una nueva guerra jurídica
Sanidad no permitirá que los médicos que ocupan jefaturas abran consultas privadas
La Consejería prepara una ley que limita el alcance de la sentencia que declaró inconstitucional la obligatoriedad de la dedicación exclusiva
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España
La Consejería de Sanidad no autorizará que los médicos que ocupan jefaturas intermedias en la sanidad pública asturiana puedan incorporarse al sector privado. El Gobierno asturiano está preparando una ley que regulará la renuncia de los facultativos a la dedicación exclusiva. La finalidad de la futura norma consiste en dar cumplimiento a la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual quedó anulada la ley autonómica que imponía la exclusividad a los médicos de la red pública.
Según indicaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la Consejería de Sanidad, el departamento que dirige Faustino Blanco sostiene que la citada resolución del Constitucional no es aplicable a la totalidad de la plantilla médica del Servicio de Salud del Principado (Sespa), sino que admite excepciones que la futura ley tratará de sustentar jurídicamente. Y esas excepciones se concretan en los facultativos que desempeñan jefaturas de servicio y de sección, así como en los directores de las unidades y áreas de gestión clínica, cargos para los que las autoridades sanitarias de la región consideran imprescindible un grado de especial compromiso con el sistema sanitario.
Esa regulación en la que trabaja Sanidad, que próximamente será remitida para su debate a la Junta General del Principado, precisará «en qué supuestos cabe la renuncia a la exclusividad y en cuáles no, y cómo ha de ser la vinculación profesional de los facultativos con la empresa», señala la Consejería. Sanidad añade que la norma básica estatal actualmente vigente «contempla la renuncia como un acto voluntario del facultativo, pero no libérrimo, sino condicionado a las condiciones que pueda fijar la Administración autonómica en su aplicación y desarrollo».
Con la citada sentencia del Tribunal Constitucional, Asturias dejó de ser, el pasado mes de noviembre, la única comunidad autónoma en la que la Administración sanitaria imponía la dedicación exclusiva a los médicos de la red pública. Tal como adelantó este periódico días atrás, la Consejería de Sanidad está ya tramitando las primeras solicitudes de facultativos que piden compaginar la actividad pública con el ejercicio en su consulta privada.
Los médicos que renuncien a la exclusividad dejarán de percibir el plus salarial que lleva consigo: 789,57 euros mensuales, o sea, 11.054 euros anuales.
La norma que prepara la Consejería se opone a la tesis que sostiene el Colegio de Médicos de Asturias, impulsor del recurso que dio lugar a la sentencia del Constitucional. Según la corporación médica, la resolución judicial no sólo ha de ser aplicada a los médicos de base, sino también a aquellos que desempeñan cargos intermedios. No sería extraño, por consiguiente, que la exclusividad de los facultativos volviera a los tribunales de justicia.
Antes de que se dictara la significativa sentencia del Tribunal Constitucional, eran unos 150 los médicos de la sanidad pública asturiana -sobre una plantilla total de unos 3.200 profesionales- los que también trabajaban en el sector privado. Se trata de facultativos que ya formaban parte de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) cuando el 1 de enero de 2003 entró en vigor la ley regional que prohibía compaginar ambos regímenes.
En aquel momento se les otorgó un plazo de dos meses para reconsiderar su posición, y ellos optaron por mantener su actividad privada. A los que ingresaron en el Sespa con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ya no se les dio la opción de elegir.
Las claves
El 1 de enero de 2003 entró en vigor una ley autonómica que impedía a los médicos de la sanidad pública ejercer también en el sector privado. El Principado era la única comunidad autónoma de todo el país en la que existía esta incompatibilidad.
Ese mismo año el Colegio de Médicos de Asturias instó al Gobierno central, presidido por Aznar, a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional.
La sentencia se hizo esperar más de nueve años. Fechada el pasado mes de noviembre, determinó que la ley asturiana era contraria a la Carta Magna.
En las últimas semanas un grupo de facultativos de la red pública han solicitado la renuncia a la dedicación exclusiva con el fin de poder abrir una consulta privada.
La Consejería de Sanidad ha anunciado que prepara una ley que impedirá desarrollar actividad privada a los médicos que desempeñan jefaturas de servicio y de sección, y direcciones de áreas de gestión clínica.
El SIMPA anuncia que llevará a los tribunales cualquier aplicación restrictiva de la capacidad de compaginar la medicina pública y la privada.
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