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Pensiones: una reforma injusta e injustificada
Por Joan Coscubiela
nuevatribuna.es
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Decreto Ley, van 35 durante la legislatura, por el que vuelve a endurecer el acceso a la jubilación, esta vez la anticipada y parcial. Se trata de una Reforma injusta e injustificada, que penaliza a los mayores de 55 años, a los que el Gobierno lleva acorralando socialmente desde que inicio la legislatura. Y que dificulta aún más el acceso al empleo de los jóvenes.
Es injustificada, porque viene a reformar una Ley, la 27/2011 que aún no había entado en vigor. Y sin esperar a ver sus efectos, el Gobierno la modifica, sin acuerdo social y sin acuerdo político. Con lo que una vez más incumple sus compromisos en el Pacto de Toledo.
España gasta hoy en pensiones cerca del 10% del PIB, casi 3 puntos menos que la media de la UE. Alegar unas previsiones para el 2060 es toda una desfachatez.
Para la sostenibilidad económica de la Seguridad Social la evolución demográfica es importante, pero tienen mucha más importancia factores como la creación de empleo (volumen de cotizantes), la calidad del empleo (niveles salariales y de cotizaciones) y la productividad (innovación y formación).
España tiene una edad legal de jubilación de las más elevadas, 65/67 años, una edad real por encima de la media, 63,8, es el país en que la edad real de jubilación más ha crecido en los últimos años, y el diferencial entre edad legal y edad real es de los más bajos de la UE. O sea que todo el andamiaje argumental de la reforma del PP se construye sobre una falsedad. Aunque con una intensidad menor de la inicialmente prevista, el Gobierno endurece el acceso a la jubilación anticipada. Especialmente doloroso cuando se trata de la forzosa, en la que penaliza los coeficientes reductores de los que han cotizado entre 38,5 y 41 años, o sea la mayoría. Se trata de personas mayores despedidas, sin empleo y sin expectativas de tenerlo, a los que el Gobierno ya endureció las condiciones de acceso al subsidio de desempleo y redujo sus cotizaciones. Y ahora les remata, endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada forzosa.
Es además radicalmente falso que esta modalidad de jubilación tenga costes para el sistema de Seguridad Social y el Gobierno no ha sido capaz de aportar datos a pesar de haber sido requerido varias veces en el Pacto de Toledo.
La Reforma aprobada convierte la jubilación parcial en una modalidad teórica, de imposible acceso, excepto para el sector de la automoción (importante, pero no el único). Al impedir la jubilación anticipada, el Gobierno bloquea la posibilidad de contratación de jóvenes a través del contrato de relevo, en un país con niveles de desempleo juvenil del 50%. Y para que quede claro que la preocupación del Gobierno por los jóvenes es retórica, se aprueba por primera vez la posibilidad de que los pensionistas puedan continuar cobrando su pensión (el 50%) y trabajando por cuenta propia o ajena, sin cotizar por ello, salvo una cuota de solidaridad del 8%.
Para terminar de demostrar cuales son las prioridades del Gobierno, la reforma acuerda dar marcha atrás a la cláusula Telefónica, por la que las grandes empresas con beneficios debían hacerse cargo de los costes de la prestación e desempleo de los trabajadores prejubilados. Se da la circunstancia que el Gobierno ha estado meses alardeando de una reforma que no ha aplicado – Telefónica aún no ha pagado ni un euro- y ahora da marcha atrás con una nueva regulación que perdona a buena parte de estas empresas este pago. Y de manera simultánea compensa lo que deja de cobrar de las grandes empresas con lo que dejará de pagar a los parados perceptores de subsidio de desempleo a los que endurece las condiciones de acceso. Los efectos más evidentes de esta reforma son que acorrala un poco más a los parados mayores de 55 años, dificulta aún más el acceso al empleo de los jóvenes y distribuye de manera absolutamente injusta los ajustes. Toda una declaración e guerra.
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