Hoy lo entregan a la Defensora del Pueblo

Un informe jurídico considera inconstitucional la privatización sanitaria en Madrid

El documento habla de "apartheid sanitario" entre pacientes de hospitales según su sistema de gestión

Los médicos especialistas encargaron el estudio, que presentan a la Defensora del Pueblo

Raúl Rejón, en eldiario.es

Un informe jurídico (VER RESUMEN DE LAS IDEAS ESENCIALES EN LA WEB DE AFEM) que ha estudiado las medidas que la Comunidad de Madrid ha utilizado para llevar adelante su plan privatizador de seis hospitales y hasta 27 centros de salud abre la posibilidad de que sea un  inconstitucional. El bufete López Rodó y Cruz Ferrer ha analizado (a instancias de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid - AFEM-) el paquete de leyes en el que el Gobierno regional de Ignacio González ha sustentado el Plan de Medidas de Sostenibilidad de la Sanidad Pública madrileña y que pretende aumentar la cesión de una parte de la gestión sanitaria a empresas.

El documento (que ha podido leer eldiario.es) analiza que el movimiento del equipo de Ignacio González vulnera, por ejemplo, el artículo  41 de la Constitución Española que garantiza “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Los abogados hablan de que el doble régimen económico de la sanidad que atiende a los ciudadanos según sean los hospitales de dirección directa o privatizados. El primero es, dicen, “colaborativo” que exige la coordinación entre centros para atender a los pacientes y que no plantea impedimentos para que se reciba el tratamiento que se considera más adecuado para la dolencia. El segundo, el de concesión, es calificado de “competitivo” ya que si un paciente asignado por los pliegos de condiciones contractuales recibe tratamiento en otro centro, la empresa gestora sufre una pérdida en sus ingresos. De igual forma si atiende a un asegurado de otra zona recibirá una cantidad por lo que existen "incentivos para tratar o no a los pacientes en función del coste del tratamiento o de que sean ajenos o propios", analizan los abogados.

Se crea así “un sistema de apartheid sanitario”, concluyen. Esta manera de organizar la sanidad pública agrede, de esta manera, “el artículo 149 constitucional porque la Comunidad de Madrid no tiene competencia para alterar el régimen público de aseguramiento sanitario, estableciendo uno propio”. A la vista del informe, queda comprometido el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución.

Además, el estudio jurídico del bufete y los médicos se fija en la manera de aprobar la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid que la Asamblea de Madrid votó en diciembre de 2012 y que da a la Consejería de Sanidad las herramientas legales para llevar a cabo su plan privatizador. Según este informe, el Gobierno madrileño ha fallado en la práctica de buen gobierno recogido en el artículo 44 de la Carta Magna que obliga a los ejecutivos a justificar sus movimientos. Dice el texto que se ha procedido sin “los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre las mismas y para que pueda aplicarse un mínimo de seguridad jurídica”, es decir, que los diputados votaron sin tener elementos de juicio sólidos para saber que lo que se votaba era lo necesario y justificarlo: el Gobierno presentó su plan y la Asamblea lo aprobó como correa de trasmisión política.

Por último, los letrados alertan de la falta de control que acabará produciéndose en la acción de las empresas contratadas para dirigir los hospitales: “Los Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud no parece que dispongan ni de la capacidad ni de las prestaciones para suministrar toda información que exigiría el cumplimiento de estos contratos especialmente la facturación intercentros, que es una cuestión clave para que los concesionarios no obtengan una retribución excesiva que no les corresponde”.

AFEM presenta este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.

 

Los médicos entregarán un informe contra la privatización

Presentarán a la Defensora del Pueblo las conclusiones de un estudio sobre la presunta inconstitucionalidad del proceso

21.03.13 - EFE | MADRID.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entregará hoy a la Defensora del Pueblo un informe sobre la inconstitucionalidad de la privatización de seis hospitales contenida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado la portavoz de la asociación, Fátima Brañas, el informe es "el resultado de un trabajo multidisciplinar realizado por un equipo técnico de AFEM y el bufete de abogados López Rodó y Cruz Ferrer, que ha valorado aspectos sanitarios, económicos y jurídicos" de ley de Medidas Fiscales de 28 de diciembre.

"Una vez más, hacemos una demostración del modo de trabajar de los médicos. Somos científicos y, lo que hacemos, lo basamos en la evidencia y en hechos demostrados, no así la Consejería de Sanidad, que todavía no ha presentado ningún dato que avale su plan de ahorro", ha explicado Brañas.

Ante esta situación, la asociación ha recabado aportaciones de sus miembros para encargar este informe jurídico que presentará hoy, a las 18.45 horas, en la oficina del Defensor del Pueblo, tal y como ha señalado Brañas. Con esta iniciativa AFEM quiere "aportar a la opinión pública, a las instituciones y a los grupos políticos datos contrastados y elementos de juicio para que puedan presentar un recurso inconstitucionalidad" contra la citada norma.

Vulneración de normas constitucionales

En concreto, el estudio se refiere a los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 28 de diciembre. A juicio de AFEM, la Comunidad de Madrid "se ha lanzado al proceso de privatización sanitaria sin disponer de un estudio sobre los costes reales y sobre la viabilidad de este modo de gestión".

El informe argumenta que la Ley madrileña "vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y sobre la sanidad pública", porque "rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria". Otra de las razones que esgrime dicho estudio es que el plan "privatizador crea un modelo de 'apartheid sanitario' que discrimina a los pacientes por zonas".

Los médicos insisten en que el informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid "no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían". Para AFEM, el Gobierno regional "tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados".