Asturias se la juega con el déficit y la financiación
Asturias se juega mucho, muchísimo, en la resolución de ambos asuntos, y lo hace en un clima político que no es especialmente favorable a sus intereses. Es, junto a Andalucía, la única comunidad de color socialista en un mapa autonómico de abrumadora mayoría popular. Tiene que lidiar con regiones poderosas que en la mayoría de los casos tienen intereses diferentes a los suyos, cuando no radicalmente opuestos. Y además, y como trasfondo, está el condicionante del reto soberanista lanzado por Cataluña y la necesidad que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy de tender puentes con el Ejecutivo de Artur Mas para conseguir que las aguas vuelvan a su cauce. En esa batalla tanto los objetivos de déficit como la reforma de la financiación pueden servir como moneda de cambio.
En todo caso, hay elementos que sí son positivos. El primero y principal, el volantazo del Ministerio de Hacienda en relación con los objetivos de déficit de las autonomías. Unos topes muy duros, establecidos en el 0,7% del PIB para este año, el 0,1% para el próximo y un superávit del 0,2% para 2015. Después de cerrarse en banda y de negarlo una y otra vez, Montoro ha comprometido su flexibilización si Bruselas, como se da por hecho, concede más tiempo a España -uno o dos años- para sanear sus números rojos. Así lo garantizó en el Consejo de Política Fiscal del jueves.
Ese giro de timón ha supuesto un alivio notable para el Gobierno asturiano, que, con ese 0,7% como referencia, ha tenido que elaborar unos presupuestos para este año muy austeros e históricamente limitados en su capítulo inversor. En la medida en que Hacienda relaje el déficit, la capacidad del Principado para invertir se verá reforzada. Todo depende ahora de dónde se establezca el nuevo techo. Los cálculos están hechos. Si el renovado objetivo se situase en el 1% del PIB, el margen de maniobra del Ejecutivo regional para este ejercicio aumentaría en 58 millones de euros. Y si alcanzase el 1,5% del PIB, la misma cifra de 2012, la inyección adicional de recursos destinados a inversión ascendería a 170 millones.
¿Déficit a la carta?
Pero hay que tener en cuenta otras variables. Principalmente, la decisión de Hacienda de abrir el debate sobre la posibilidad de fijar un límite de déficit diferente para cada autonomía, en lugar del modelo actual que marca un mismo objetivo para todas. Una aspiración de las regiones con mayor ahogo financiero, como Cataluña o Andalucía, que confían en recibir un mayor margen que el resto para poder sanear sus cuentas a la mayor brevedad.
En esta partida, Asturias juega sus cartas con cautela. El Ejecutivo que encabeza Javier Fernández no rechaza de antemano la posibilidad de que se fije un límite de déficit diferente para cada comunidad. Lo asume, siempre y cuando se cumpla un principio elemental: que las regiones que, como el Principado, han «hecho los deberes» y tienen sus cuentas en orden no resulten discriminadas en el reparto de este margen extra de déficit en beneficio de aquellas que están al borde de la asfixia. Si este criterio no se respeta el Gobierno asturiano será tajante en su rechazo.
Todo depende, pues, de los datos. Y aunque a día de hoy no hay nada cerrado, el Gobierno central estudia elevar el límite general de las autonomías del 0,7% al 1,2%, aunque todavía no entra en cómo se repartiría ese incremento región por región. Esto es, cuál saldría más beneficiada y cuál menos. Y ahí estará el meollo de la cuestión.
La resolución a este primer asunto crucial para Asturias no debería prolongarse más allá de abril o mayo, cuando la UE haga oficial que concede más tiempo a España para poner sus cuentas a tono. El debate posterior para trasladar ese beneficio a las autonomías será forzosamente rápido si estas quieren tener tiempo para poder llevar a la práctica las ventajas de ese margen adicional de gasto. A partir de ahí, es más que probable que se lance al primer plano de la actualidad política la segunda cuestión, la reforma de la financiación.
Primero, el análisis
De momento, en el Consejo de Política Fiscal solo se ha tomado una resolución en apariencia rutinaria: crear un grupo de trabajo para analizar la eficacia del modelo vigente. Es lo que se pactó en la conferencia de presidentes de otoño, cuando el asturiano Javier Fernández se quedó solo en el rechazo a su reforma, y lo que ahora se ha decidido. Sin plazos, sin concretar cuándo se va a ir más allá.
El temor en el Ejecutivo regional es que, por la coyuntura política, los plazos se aceleren y el debate esté abierto en toda su extensión antes de lo previsto, quizá este mismo año. Todo dependerá, en buena medida, de lo que suceda en Cataluña. Se da por descontado que la flexibilización del déficit supondrá un primer paso en la normalización de las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat después de que Artur Mas lanzase un órdago soberanista que se ha quedado a medio camino. Pero el déficit no deja de ser algo puntual, mientras que la financiación es un mecanismo que tiene consecuencias que van mucho más allá en el tiempo. Es la garantía de contar con más o menos recursos con los que sostener las políticas públicas en el medio y largo plazo. Y en el terreno político se da por seguro que Mariano Rajoy jugará la baza de la financiación para acercar posturas con Cataluña y frenar sus ansias independentistas.
En este debate, Asturias se encuentra en una posición incómoda. La mayor parte de regiones, por unas razones o por otras, defienden el impulso de la reforma. Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucía se sienten agraviadas por el modelo actual, aprobado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. E incluso territorios con características similares al Principado, caso de Galicia, se han posicionado abiertamente en público a favor de la revisión del modelo.
En este tablero de ajedrez, el Principado tiene unas opciones limitadas. El problema es que, en un tiempo de escasez de recursos como el actual, cualquier reforma giraría en torno a un reparto diferente del mismo dinero que ya hay en el bolsillo. Y con tantos actores poderosos en la partida, se antoja complicado no ya obtener fondos adicionales sino conservar los ingresos actuales. Así las cosas, cuanto más se acelere la reforma y más próxima esté al actual contexto de recesión, peor. De ahí que Javier Fernández, en todas sus intervenciones, se haya manifestado a favor de respetar lo pactado, de estudiar el funcionamiento del sistema en los plazos previstos y de no abordar una hipotética reforma hasta que no haya unas conclusiones claras.
Así pues, lo que queda de 2013 y 2014 serán años muy complicados pero también decisivos para Asturias. La delimitación de la nueva senda de déficit y los recursos que lleguen a través del mecanismo de financiación condicionarán en buena medida la incorporación del Principado a un proceso de recuperación económica que se confía próximo. El peso político del Gobierno regional y la capacidad negociadora de su presidente tendrán mucho que ver en esta trascendental etapa.
La Generalitat pedirá que el déficit de las comunidades sea un tercio del nacional
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, avanzó ayer que reclamará al Gobierno central que el nuevo objetivo de déficit público para las autonomías sea una tercera parte del que la UE plantee para España y que el de Cataluña no se quede por debajo del de la media de las comunidades.
Mas-Colell fue preguntado, durante una comparecencia pública si los objetivos deben ser simétricos o no para las comunidades. En su opinión, las autonomías son «diferentes» pero eludió confrontar con los intereses de otros territorios. «Somos muy respetuosos con las posibles negociaciones de las otras comunidades con el Gobierno», aclaró.
El consejero catalán pide que no condicione las ayudas estatales a la investigación o los trasplantes al cumplimiento del objetivo de déficit.
Dos debates llamados a abrir grietas entre las autonomías
El Comercio. 24.03.13 - 01:43 - A. S. | OVIEDO.
En el caso del déficit, comienzan a perfilarse dos bloques diferenciados. Por un lado, las comunidades que sufren un mayor ahogo financiero y que quieren que esa posibilidad de fijar objetivos diferentes para cada autonomía les sirva para contar con un mayor margen de maniobra que el resto. En esa batalla están, principalmente, Cataluña, Andalucía y Valencia. Territorios sostenidos por los recursos estatales recibidos del fondo de rescate y que se las ven y se las desean para sanear sus números rojos. En todos los casos cerraron 2012 por encima del tope del 1,5% del PIB.
Y por el otro, las regiones que sí cumplieron lo pactado y que ahora no quieren que Hacienda arbitre un mecanismo de reparto del déficit que premie a quien no hizo los deberes. Madrid, Castilla y León y Aragón son las más beligerantes. Asturias y Galicia parecen situarse en una posición intermedia. No rechazan de forma tajante esos objetivos individuales, pero exigen que la distribución sea equitativa y que no se penalice a quien ya tiene sus cuentas bajo control.
En cuanto a la financiación, el debate se presenta, a priori, como un ’Asturias contra todos’. El Principado es la única comunidad que, al menos en público, se ha posicionado frontalmente contra la revisión del modelo. El Ejecutivo asturiano entiende que el sistema actual es justo y que garantiza la solidaridad interterritorial. De ahí que se oponga a una reforma de resultado incierto en un momento de escasez de recursos.
En el otro bloque hay una amalgama de intereses pero un objetivo común. Ya sea por una sensación de agravio histórico, por entender que la población debe pesar más que cualquier otro baremo o por otros argumentos, Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucía están en la misma onda: quieren una reforma urgente. Vienen curvas, muchas curvas, en el debate autonómico.
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