Es oportuno saber por dónde van los tiros para, llegado el caso, evitarlo aunque en Asturias la equidad es un valor sagrado.
Hospitales públicos catalanes cobran por dar habitación individual
La coordinadora de pacientes habla de “ciudadanos de primera y de segunda”
Otros centros cobran para poder reclinar la butaca del acompañante del enfermo
Foto: Habitación con butaca de alquiler en el hospital L'Esperança (Barcelona).
David García Vázquez, Barcelona, en El País.
Los duros recortes aplicados en la sanidad pública catalana por el Gobierno de Artur Mas (CiU) —que redujeron el gasto por paciente el 11,3% en 2012— han llevado a los hospitales de esta comunidad a buscar nuevas vías de financiación que están rompiendo el acceso universal en condiciones de equidad a los servicios públicos sanitarios. Algunos hospitales ofrecen al paciente una habitación privada si pagan por ello y cobran a los familiares por el uso de sillones reclinables para pernoctar al cuidado del ingresado.
El Hospital Clínic, en Barcelona, es uno de estos centros. Defiende que la medida es “voluntaria” y está supeditada a que haya “camas libres”. La tarifa es variable: si el familiar duerme en una butaca, el precio es de 40 euros, mientras que si lo hace en una cama, el precio sube hasta los 70. La dirección del centro asegura que la mayoría de habitaciones que se ofrecen para este servicio son de maternidad. Fuentes sindicales del centro afirman que la oferta se extiende a otras especialidades y critican estas prácticas por “discriminatorias”. Se trata, dicen, de tener servicios “solo para los que se lo pueden permitir”.
El peculiar sistema sanitario catalán, muy distinto al del resto de comunidades, posibilita la adopción de estas decisiones en los hospitales. Solo ocho de los 62 centros hospitalarios de agudos públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto, aunque financiados casi enteramente por el Departamento de Salud, dependen de otras Administraciones o entidades —municipios, entes públicos, fundaciones y empresas privadas— y cuentan con una gran autonomía de gestión. “Estos hospitales tienen libertad para organizarse según su criterio. Nosotros no podemos entrar en si cobran por servicios hoteleros”; así los denominó en su declaración una portavoz de Salud.
La presidenta de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Carme Sabater, lamentó la medida: “Volvemos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda”. A su parecer, esta búsqueda de financiación emprendida por los hospitales catalanes es “otro copago más”. Sabe que no todos los hospitales cobran por estos servicios, pero responsabiliza a la Generalitat por permitir un sistema de gestión tan laxo entre los centros sanitarios.
Un caso extremo de esta autonomía de gestión, destapado por EL PAÍS la semana pasada, es el del hospital de Sant Pau, que ha abierto una vía para que los pacientes de cirugía vascular —principalmente los afectados por varices— puedan operarse previo pago sin tener en cuenta la lista de espera de la sanidad pública.
El gasto sanitario, desde 2010, año en que comenzó a gobernar CiU, no ha parado de reducirse. El Departamento de Salud redujo en 2011 un 8,5% el presupuesto destinado a los hospitales, cifra a la que hay que sumar el 11,3% por paciente del año pasado. Los recortes se han cebado especialmente en los ocho grandes hospitales, los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona directamente la Generalitat. A pesar de estos recortes, fuentes sindicales desdeñan las nuevas medidas de financiación porque entienden que el dinero que se puede conseguir por el cobro de esos servicios es “insignificante” en relación con la factura sanitaria.
Además de las habitaciones privadas, los centros han puesto en marcha otras vías de ingresos. En enero, el hospital de L’Esperança, en Barcelona, inició una prueba piloto: cobrar por pernoctar reclinando el respaldo de las butacas que hay en las habitaciones para los acompañantes que quieran dormir junto a los pacientes. Una fórmula que ya han instaurado otros siete hospitales de Cataluña, como los de Vic y Berga (Barcelona), Campdevànol y Blanes (Girona) y La Seu d’Urgell (Lleida). Este último hospital también ha llevado a cabo operaciones por la vía privada alternativas a las de la sanidad pública para aumentar sus ingresos.
En el hospital de L’Esperança se han dispuesto 20 butacas para “ver la acogida que tienen entre la gente”, asegura una portavoz del centro. El precio es de cinco euros por 20 horas de uso ininterrumpido, aunque si se compra una tarjeta para cinco días, el precio es de 20 euros. Desde el centro explican que la medida está destinada a comprar nuevas butacas sin tener que abonar su “alto precio” —1.800 euros—, y asegura que el hospital no se queda “prácticamente nada” del dinero que pagan los usuarios. A pesar de no poder dar datos, la portavoz revela que la acogida de esta medida ha sido “más bien mala”.
Con las del hospital de L’Esperança, en Cataluña ya hay más de 500 butacas de pago. Decam es la empresa que provee a estos hospitales. Miquel Lobato, gerente de la compañía y exalcalde por CiU de Sant Feliu de Guíxols, un municipio de 21.961 habitantes de la Costa Brava, explica que las butacas tienen “muchos más usos que el de dar descanso a los acompañantes”. Lobato asegura que sirven también como “silla de ruedas y mejoran la movilidad de los pacientes dentro del hospital”. El contrato que tiene Decam con los hospitales es de cinco años. Durante este tiempo, la empresa se quedará una parte del dinero que paguen los ciudadanos para amortizar el coste de las butacas.
A Fermín Fuentes, barcelonés afincado en Zaragoza, este servicio le parece una barbaridad: “Yo no pienso pagar ni un euro por reclinar un asiento que en cualquier sitio es gratis”. Fuentes visita a su padre aquejado de una insuficiencia cardiaca en el hospital de L’Esperança. Si todo va bien, estará hospitalizado cuatro días. Fuentes elude la oferta del centro y opta por dormir en casa de su pareja, en Sant Andreu de la Barca, a 25 kilómetros de distancia. “¿Dónde vamos a llegar con todo esto?”, se pregunta. “A la privatización de toda la sanidad”, se responde a sí mismo.
Pero no todos lo ven igual. Elisenda Almirall dio a luz el pasado diciembre en el hospital público de Igualada (Barcelona) a su hija Lola. “Pagamos 55 euros para poder disfrutar solos de una habitación con dos camas”, explica. Era su segundo parto y lo ocurrido la primera vez la animó, junto a su pareja, Xavi García, a pagar por esta opción. “Con el primero compartimos habitación. Todo fue bien, pero en algunos momentos del día en la habitación se apelotonaban familiares y amigos, nuestros y de la otra pareja. Esta vez queríamos algo más de intimidad y comodidad. Además, claro, nos lo podíamos permitir”, argumenta la pareja. “Mereció la pena. El sistema nos parece perfecto siempre y cuando el servicio no perjudique a otros pacientes”.
Lo llamen cómo lo llamen es gestión privada de la sanidad pública…
La autonomía de gestión
La mayoría de los hospitales públicos de agudos catalanes —54 de 62— cuentan con plena autonomía de gestión. Dependen de municipios, entes públicos y fundaciones o empresas privadas, aunque están financiados por la Generalitat.
Esta autonomía les permite buscar vías de financiación cobrando por servicios de hostelería u ofreciendo intervenciones por la vía privada, sin tener en cuenta las listas de espera.
La Generalitat gestiona directamente ocho grandes hospitales, agrupados en el Instituto Catalán de la Salud. Un portavoz asegura que el ICS no contempla ofrecer habitaciones de pago en sus hospitales” ni la de instalar butacas de pago.
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